En la comunidad de San Antonino Castillo Velasco, Oaxaca, donde comenzó el proceso de defensa del agua de las comunidades de Valles Centrales que culminó recientemente con el decreto que reconoce el derecho de 16 comunidades zapotecas a decidir cómo cuidar y utilizar su agua para uso agrícola, se reúnen 150 integrantes de pueblos, comunidades y organizaciones de los estados de Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Sonora, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán, que forman parte de la Alianza por la Libre Determinación y Autonomía (ALDEA).

La lucha por el cuidado y defensa del agua de la región Xnizaa, liderada por la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (COPUDA), ha logrado la emisión del Decreto de Zona Reglamentada del Acuífero 2025 del estado de Oaxaca; con el que las comunidades obtienen el reconocimiento comunitario para el manejo y cuidado del agua, con lo que se refrenda que el agua debe ser un bien común manejado por las comunidades de acuerdo con sus sistemas normativos.

El objetivo de esta asamblea es analizar las circunstancias actuales del país, las amenazas que enfrentan los territorios y las comunidades y establecer nuevas estrategias para fortalecer la plena vigencia y el reconocimiento legal de los derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas.

“El derecho humano a la libre determinación no es una concesión, nadie nos da permiso para ejercerla, ya la estamos ejerciendo. Día a día la vivimos y la construimos. Sin embargo, también día a día nos enfrentamos a actores que la obstaculizan, la amenazan, nos criminalizan o no la reconocen. Entre esos actores se encuentran lo mismo distintos niveles de gobierno que actores privados, entre otros. Por eso, quienes conformamos la ALDEA exigimos el reconocimiento pleno en la constitución de nuestra autonomía y nuestro derecho a decidir en nuestros territorios. Los pueblos y comunidades no queremos ser tutelados por el Estado, queremos derechos y reconocimiento plenos”, subrayaron las y los participantes.

En el arranque de la asamblea, la ALDEA llamó a los actores políticos a no entrometerse en la vida de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos y a que el Estado respete y reconozca plenamente las autonomías de los pueblos y comunidades.

Entre los temas que se abordarán en el encuentro están: la integración de nuevos colectivos y comunidades a la ALDEA, entre los que se encuentran poblaciones afromexicanas; la revisión de los Acuerdos de San Andrés Larrainzar (que llevan 26 años del incumplimiento en el compromiso de traducirse en ley), que son la base de los 10 puntos de lucha de la articulación; la exposición de las amenazas que enfrentan las comunidades en sus regiones y las formas en que se están organizando para enfrentarlas; el análisis de la compleja situación actual, pues a pesar del cambio gubernamental no ha habido interés en impulsar la reforma constitucional sobre los derechos indígenas y afromexicanos (lleva más de un año detenida en el jurídico de la presidencia), y el planteamiento de nuevas estrategias para fortalecer el trabajo regional y nacional de ALDEA, encaminado a garantizar los siguientes derechos:

1. Reconocimiento de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público.
2. Garantía efectiva del derecho a la libre determinación y a la autonomía.
3. Reconocimiento y garantía efectiva de los sistemas normativos y de seguridad propia de los pueblos.
4. Reconocimiento, garantía y protección efectiva del derecho pleno a las tierras y territorios indígenas y afromexicanos.
5. Reconocimiento y garantía a decidir las propias formas de vida y desarrollo.
6. Pleno respeto y garantía del derecho al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos afromexicanos y comunidades indígenas.
7. Garantizar la participación de los pueblos y comunidades en todos los niveles de toma de decisión del estado.
8. Establecer un nuevo tipo de relación entre el Estado y los pueblos, en condiciones de respeto e igualdad.
9. Participación plena de las mujeres indígenas y afromexicanas en la toma de decisiones y el ejercicio efectivo de todos los derechos.
10. Respeto y garantía efectiva de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

“Para garantizar estos derechos, los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos necesitamos un marco normativo que nos garantice el ejercicio de los derechos colectivos, con el que podamos decidir el rumbo de nuestras comunidades, defender nuestra vida, nuestro territorio y nuestras culturas sin ser criminalizados. Por eso, estamos hoy aquí, juntos y juntas en este espacio, sumando fuerzas y luchando por garantizar los derechos que nos corresponden a los pueblos indígenas”, enfatizaron las personas participantes durante la organización.

Entre las entidades en las que comunidades y pueblos están impulsando marcos legales locales, están Oaxaca, Guerrero y Michoacán. En Oaxaca, los pueblos indígenas y afromexicano exigen a legisladores aprobar la iniciativa de Reforma a la Constitución local para garantizar el derecho pleno a la libre determinación y autonomía. En Guerrero, las comunidades y pueblos están exigiendo la Reforma Indígena y Afromexicana que respete las asambleas comunitarias, los sistemas de justicia comunitarios, el derecho sobre sus territorios, que reconozca los municipios y distritos indígenas y afromexicanos, las lenguas maternas, que garantice la entrega directa de recursos, sus conocimientos, sus medios de comunicación comunitarios y que garantice el derecho a la educación y la salud. En Michoacán su preocupación se refiere a las últimas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, que limita de manera preocupante el ejercicio de su libre determinación