Comunicado de prensa | 10 de septiembre 2022

Posicionamiento del Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado y Organizaciones Acompañantes ante la visita y observaciones preliminares de Cecilia Jimenez-Damary, Relatora Especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos de la ONU.

México debe garantizar los derechos de las personas desplazadas y reconocer la situación de violencia generalizada que se vive en el país para poder atender de manera estructural la problemática

• El desplazamiento forzado en México es una crisis humanitaria, reflejo de la violencia generalizada que vive el país.
• La Ley General en Materia de Desplazamiento Forzado fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y se encuentra detenida en el Senado.
• Resulta fundamental considerar la situación especial de los pueblos indígenas y la importancia de la libre determinación como elementos esenciales de protección.

En años recientes, particularmente en el 2021, hubo un aumento significativo en el número de eventos de desplazamiento por violencia y de personas desplazadas en México. Por documentación y por experiencia propia sabemos que la mayoría de los eventos de desplazamiento masivo por violencia en México se relacionan directamente con la actuación de grupos criminales y del narcotráfico, y, por otro lado, con conflictos de carácter político, social o territorial. Estos altos niveles de violencia van de la mano de la corrupción, de la marginación, de la impunidad y de la falta de mecanismos de acceso a la justicia que

Muchas personas al verse ante la imperiosa necesidad de dejar sus comunidades o territorios por efecto de estas incursiones y ataques violentos a comunidades no son reconocidas por su condición de víctimas por la CEAV. Se les argumenta que por ser desplazados no son víctimas, que el desplazamiento no es delito y que tienen que hacer alguna denuncia penal por algún delito. Ello a pesar de haber sufrido enfrentamientos armados, expulsiones, amenazas, agresiones con armas de fuego, destrucción y quema de casas, cultivos y negocios, saqueo de viviendas y robo de animales, cultivos u otras pertenencias. La violencia escala incluso a la comisión de delitos como la desaparición forzada o la retención de familiares o personas de la comunidad, e incluso asesinatos, incluyendo el de personas defensoras de derechos humanos. 

Frente a este escenario y para la protección plena de las familias desplazadas en territorio mexicano es urgente la aprobación inmediata de la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, misma que se encuentra pendiente de su aprobación en el Senado de la República. De la misma forma resulta indispensable el reconocimiento pleno de la libre determinación de los pueblos indígenas. Estos pasos legislativos serían una muestra real del compromiso del Estado mexicano para resolver esta problemática.

La ausencia de un marco legal favorece la acción de grupos criminales en los territorios indígenas, muchas veces bajo la tolerancia o complicidad de las autoridades. El más reciente informe en México de Indigenous Peoples Rights International (https://bit.ly/InformeINPRI) señala la acción conjunta del crimen organizado, los grupos herederos del paramilitarismo y organizaciones armadas con historia política, para la imposición de alianzas políticas de control territorial a través de prácticas violentas y de coerción.

Del 29 de agosto al 8 de septiembre, el Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento Forzado y Organizaciones Acompañantes se reunió en diferentes espacios con la Relatora Especial de la ONU sobre Desplazamiento Interno, Cecilia Jiménez-Damary. En estas reuniones, se planteó que el problema está asociado a la sistemática violación de derechos humanos por acción, omisión y aquiescencia de autoridades e impunidad ante las agresiones del crimen organizado, pero también de las empresas.

Es por ello que el Colectivo de Personas Víctimas de Desplazamiento reitera sus exigencias expuestas ante la relatora Cecilia Jiménez, entre las que se encuentran: : 

1. Agilizar la aprobación inmediata de la Ley General en Materia de Desplazamiento Forzado. 
2. Tipificación del delito de desplazamiento forzado en los instrumentos legales en materia penal. 
3. Establecimiento de un marco jurídico robusto, amplio y a nivel federal que garantice el reconocimiento pleno a la Libre Determinación y a los derechos colectivos de los pueblos indígenas. 
4. Acciones claras de la  CEAV para agilizar el reconocimiento de su calidad de víctimas entendiendo su problemática específica.. 
5. Implementación de acciones gubernamentales que partan de los estándares internacionales de asistencia humanitaria eficaz y eficiente de manera  oportuna, diferenciada y adecuada a las necesidades específicas de cada grupo de población afectado.
6. Que las gestiones gubernamentales consideren –con perspectiva interseccional– las necesidades particulares de los grupos especialmente vulnerables.

El Colectivo pide al Estado mexicano tomar medidas inmediatas para la atención del conflicto y la atención a las víctimas de DFI y en su momento a leer con atención el informe que la Relatora presentará ante el Consejo de Derechos Humanos, y aceptar sus Recomendaciones e implementarlas de manera completa.

Colectivo de Víctimas de Desplazamiento y organizaciones acompañantes

El Colectivo está conformado por 12 comunidades y colectivos de personas desplazadas con presencia en 7 estados de la República Mexicana y es acompañado por 16 organizaciones de la sociedad civil. Participan comunidades indígenas y comunidades campesinas desplazadas de Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Chiapas, Sonora y Sinaloa. Solo una de ellas ha logrado el retorno a su comunidad, Maya Balam en Quintana Roo. 

Para mayor información, entrevistas u otras gestiones de prensa, contactar a:

Daniel Islas | Comunicación Serapaz | 55 2503 0298