Pronunciamiento de las organizaciones participantes en el Encuentro Regional sobre Seguridad y Derechos Humanos respecto del estancamiento del proceso por Genocidio en Guatemala

Las organizaciones participantes en el Encuentro Regional sobre Seguridad y Derechos Humanos, reunidas en la Ciudad de Suchitoto, departamento de Cuscatlán,  El Salvador, manifestamos nuestra preocupación por el estancamiento del proceso penal histórico seguido en contra de José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez  Sánchez, a quienes se acusa por delitos de genocidio y deberes contra la humanidad, por la muerte de más de 1770 indígenas Maya Ixil y demás afectaciones cometidas contra ese pueblo, durante el conflicto armado interno en Guatemala (1982-1983).

Es la primera vez en el mundo que personas acusadas por genocidio son sometidas a la jurisdicción de tribunales nacionales. Por ello, este proceso representa una oportunidad histórica para Guatemala en el sentido de romper con la impunidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos perpetrados por el Estado durante el conflicto, avanzando en el proceso de paz y en la democratización del país.

Frente a la suspensión del debate, desde el pasado 19 de abril de 2013, expresamos nuestra preocupación por la vida y seguridad de los más de 130 testigos sobrevivientes y peritos que han rendido su declaración en este juicio, así como la de los fiscales, jueces, abogados y organizaciones que han acompañado este caso en pro de la búsqueda de la verdad y la justicia. Recordamos que es obligación del Estado garantizar la vida e integridad de las víctimas y los operadores de justicia involucrados en este caso.

Asimismo, condenamos las declaraciones y actos de incitación a la violencia y hechos de intimidación que se han dado en el marco de este proceso, pues los mismos atentan contra la independencia judicial y el derecho de las personas a una vida libre de violencia.

Es fundamental la continuación del litigio penal hasta sus últimas consecuencias, no solamente para restablecer los derechos de las víctimas afectadas por la violencia ejercida por el Estado durante el conflicto, sino también para enviar a la sociedad guatemalteca y al resto del mundo el mensaje de que los actos de violencia y violaciones de derechos humanos no pueden ser tolerados, y que los responsables de los mismos deben ser enjuiciados y sancionados de acuerdo con la ley.

En consecuencia, instamos a las autoridades guatemaltecas a que adopten las medidas necesarias para:

1. Garantizar la vida y la seguridad de las víctimas y familiares, testigos, peritos, fiscales, jueces, abogados y organizaciones involucradas en el proceso penal contra José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez.

2. Asegurar la continuación del proceso con el pleno respeto a los derechos de las víctimas a una justicia pronta y cumplida por parte de tribunales imparciales e independientes y con irrestricto apego a la ley y las garantías del debido proceso, de conformidad con lo establecido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y demás instrumentos internacionales de protección a los mismos ratificados por el Estado de Guatemala.

3. Investigar y sancionar a los responsables de los actos de incitación a la violencia e intimidación cometidos a lo largo de este proceso y que buscan entorpecer su libre desarrollo.

 

Suchitoto, 26 de abril de 2013.

 

Suscriben:

Organizaciones centroamericanas, mexicanas, colombianas y personas a título personal:

Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad, El Salvador)

Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH, Nicaragua)

Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas A.C. (FRAYBA,México)

Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR, Colombia).

Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (Guatemala)

Asociación de Ex–internos Penitenciarios de El Salvador (AEIPES, El Salvador)

René Alfonso Pérez Turcios (El Salvador)

Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, A.C (México).

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación/Radio Progreso (Honduras).

Grupo de Apoyo Mutuo (GAM, Guatemala)

Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (IEPADES, Guatemala)

Instituto de Estudios Estratégicos y Política Públicas (IEEPP, Nicaragua)

Equipo Comunitario de Acción Psicosocial (ECAP, Guatemala)

Iglesia Episcopal Anglicana de El Salvador (El Salvador)José Roberto Samayoa (El Salvador)

Servicios para una Educación Alternativa A.C, (EDUCA, México)

Seguridad en Democracia (SEDEM, Guatemala)

Centro por los Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, (México)

Servicios y Asesoría para la Paz A.C (Serapaz, México)

Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala (Calas, Guatemala)

Iglesia Luterana Costarricense (ILCO, Costa Rica)

Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes (CIDEHUM, Costa Rica)

Instituto de la Mujer (IMU, El Salvador)

Gritos (El Salvador)

Instituto para el Rescate Ancestral Indígena Salvadoreño (RAÍS, El Salvador)

Fundación de la Comunicación para el Desarrollo (Comunicándonos, El Salvador)

Amilcar Ernesto Durán, Periodista Canal 10 (El Salvador)

Servicio Social Pasionista (El Salvador)

Organismos internacionales y regionales:

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)

Cooperación Intereclesiástica (ICCO, Países Bajos)

Programa Seguridad Juvenil Centroamérica (PSJ)

Interpeace Centroamérica.

Christian Aid (Reino Unido e Irlanda del Norte)

 

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