En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, integrantes de los pueblos y comunidades mixe, tzeltal, tsotsil, zapoteca, nahuatl y tenek, que forman parte de la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA), se desplazaron de sus lugares de origen para asistir a la Secretaría de Gobernación, para exigir que se avance en la presentación al Congreso de la Reforma Constitucional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano¹, que desde hace casi dos años se encuentra congelada en la Consejería Jurídica de la Presidencia.

La iniciativa de reforma fue entregada al presidente López Obrador por autoridades de la Tribu Yaqui, el 28 de septiembre de 2021, en Vícam, Sonora, y viene precedida de un amplio consenso: es respaldada por más de 630 mil firmas de autoridades, representantes y ciudadanos de todos los pueblos indígenas y afromexicano del país y fue discutida en 54 foros y 62 asambleas regionales.

“Estamos aquí para insistir en la necesidad de establecer un dialogo con el presidente y con la Secretaría de Gobernación que posibilite el cumplimiento de los acuerdos de la consulta indígena realizada en todo el país”, donde se determinó que el Ejecutivo presentaría la Reforma al Congreso; acuerdo que sigue sin cumplirse.

“Recientemente, el presidente declaró que la iniciativa será revisada. Esto es urgente, pues la falta de una reforma constitucional que nos reconozca como sujetos de derecho público y establezca mecanismos para un real ejercicio de nuestro derecho a la libre determinación y a la autonomía, mantiene y facilita la violación sistemática de los derechos colectivos de nuestras comunidades y pueblos indígenas y afromexicano, mantiene el despojo de nuestros bienes comunes y territorio, violenta nuestros derechos sociales y pone en peligro nuestra existencia”, afirmaron los integrantes de las comunidades que llegaron este día hasta la Segob.

Antes de iniciar su conferencia, las y los asistentes realizaron una ofrenda a la madre tierra, con flores, copal y flores, los asistentes organizaron una ofrenda para abrir los caminos y llamar a las autoridades a no desperdiciar el último año de gobierno que queda y cumplirle a los pueblos y comunidades con el compromiso de hacer lo correspondiente para que se apruebe ya la reforma constitucional indígena.

Aunque ayer, en un foro público, la Comisionada para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de la Secretaría de Gobernación declaró que esperan presentar la iniciativa en el siguiente periodo de sesiones del Congreso que inicia en septiembre, no dio certeza plena de que se cumplirá con ese compromiso.

“Así como asistieron a nuestros territorios para pedirnos apoyo hace cinco años, hoy venimos a su territorio, al lugar donde se toman las decisiones, para demandar que de verdad demuestren que son diferentes y cumplan la deuda histórica que el Estado tiene con los pueblos indígenas y afromexicanos”, afirmaron los participantes.

La ALDEA está integrada por más de 200 pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos de 19 estados del país, además de diversas organizaciones civiles, que buscan el reconocimiento efectivo de los derechos que en la actualidad les es negado.

Al acto en la Secretaría de Gobernación acudieron integrantes de las comunidades de Guadalupe Pashila, Sacun Saquilá, Petemango y Tacuba Vieja, de Chiapas; Santa María Nativitas Coatlán, San Juan Bosco Chuxnabán, Coatecas Alta, San Juan Jaltepec de Candayoc, Santa Catarina Lachatao, San Francisco Cajonos, San Marcos Moctúm, Santiago Atitlán, San Cristobal Chichicaxtepec, Santa María Alotepec, Santa María Puxmetacan y Santa María Tlahuitoltepec, de Oaxaca, de la Huasteca Potosina y de las organizaciones CEDIAO, Centro Ceremonial Teenek, SEDEPAC, Kichaj, COCIHP, Ser Mixe, Copuda, Enlace Comunicación y Capacitación, Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, Fundar y Serapaz.

Luego de la conferencia, una delegación de 10 representantes de la ALDEA fue recibida por integrantes de la unidad de gobierno de Segob y por el CDPIN. En la reunión se expuso el tema y las autoridades de la dependencia se comprometieron a revisar en qué estatus se encuentra la iniciativa en la Consejería Jurídica de Presidencia.

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