Los desafíos y oportunidades para el movimiento de víctimas en México de  cara a la transición

Los desafíos y oportunidades para el movimiento de víctimas en México de cara a la transición

Texto de Dolores González Saravia, publicado en Brújula Ciudadana, 2018.

Estamos ante una nueva coyuntura, definida por una sociedad que apostó por el cambio en clave de esperanza frente a la crisis de inseguridad y violencia imparable.  Las víctimas llegan a este momento como referentes centrales de los terribles costos de esta crisis, pero también como sujetos capaces de elaborar y colocar en la agenda pública no sólo sus exigencias, sino también su aporte para la construcción de respuestas necesarias por su alcance y profundidad para modificar la situación que padecen amplios sectores de la población.

En este escenario podemos hablar de nuevas condiciones políticas ante el debilitamiento del régimen político y la magnitud del respaldo social que acompaña al gobierno electo con la expectativa de que finalmente se logren inflexiones significativas en el proceso de violencia y deterioro político y social que vive el país.

Si bien en México tenemos un denso tejido organizativo y ciudadano con una gran experiencia y conocimiento en muchos temas de interés público, lo cierto es que los actores sociales llegan a estos tiempos fragmentados y dispersos, llamados a reflexionar en torno a las oportunidades y desafíos del momento para abordar propositivamente los puntos críticos más graves y urgentes de la conflictividad para identificar algunos caminos de salida y algunos puntos de llegada en el complejo proceso de transformación social.

Particularmente esto es crucial en el caso de las víctimas, cuando lo que está en juego es en principio la vida misma y más allá el acceso a la verdad y la justicia que hagan posible detener esta espiral destructiva.

Desde hace más de una década se ha profundizado en nuestra región México y el triángulo norte de Centroamérica un escenario macrocriminalidad, es decir de colusión entre diversos actores estatales y la delincuencia organizada, que ha producido enormes saldos sociales y humanos cuyas cifras, sólo del sexenio que está terminando resultan desmesuradas: más de 180 mil homicidios, de 37 500 personas desaparecidas, de 3 mil fosas clandestinas, de 35 mil restos sin identificar, de 24 millones de mexicanos víctimas de algún delito.    

Estos datos inauditos, hasta hace poco inimaginables, requieren ser explicados para comprender los mecanismos que han permitido o generado la situación actual, definir las políticas y estrategias que permitan revertir estas dinámicas de muerte y sufrimiento.  

Necesitamos para ello, acercarnos a la realidad desde una perspectiva más histórica, integral y profunda.

Situarnos en un contexto global y momento histórico en que se expresa en el mundo una tendencia sistémica a establecer situaciones de guerra permanente, guerras que han cambiado de carácter, que  ya no son un medio, sino se han convertido en el fin en sí mismas, en tanto están generando nuevos mercados y empresas legales e ilegales con inmensas ganancias (tráfico de drogas, personas y armas; extorsiones, secuestros, piratería, contrabando, robo, etc.)

Permiten también el control no legitimado de poblaciones con una fuerte capacidad de disciplinamiento social mediante la declaración de estados de excepción y  la militarización; además de una violencia difundida cotidianamente que se transforma en miedo, miedo que nutre el conservadurismo y el consentimiento a la violación de los derechos humanos.

Otro elemento para explicar nuestro presente, desde nuestra historia, está en reconocer que la impunidad con que actuaron los cuerpos policiacos y las fuerzas militares al cometer crímenes atroces contra opositores al régimen y comunidades campesinas en la década de los 70s, sin ninguna sanción o consecuencia para los responsables, permanece en la memoria y en la práctica de los cuerpos duros del Estado de igual manera sin costos de ningún tipo en la actualidad.

La desigualdad y la pobreza. Según el informe de desigualdad de Oxfam, dos personas concentran una riqueza equivalente al el 37% PIB, mientras que se vive un proceso continuo de precarización del trabajo: 56 millones en trabajo informal; 8 millones en el desempleo y 12 millones trabajado en los Estados Unidos. Además se ha vivido un acelerado proceso de despojo y devastación de territorios y comunidades, decenas de miles de concesiones mineras, carreteras, termoeléctricas, basureros y otros. Más de 500 conflictos socioambientales abiertos en el campo y muchos más en las ciudades. El desgarramiento del tejido social, el creciente porcentaje de adicciones, la cultura de la violencia.

Otro factor fundamental es el desvío de poder para favorecer al capital, debilitando sus funciones de gobierno y fortaleciendo su capacidad punitiva. Un desvío que se ha sostenido en una creciente corrupción, una extendida colusión en todos los niveles de gobierno, algunos con altísimos niveles de captura como los municipios y una casi total impunidad.

Una fuerte crisis de legitimidad y credibilidad de las instituciones. Un ejercicio del poder público desprovisto de sentido ético y noción del bien común. Una desconfianza y distancia enorme entre la sociedad civil y la sociedad política.

La estrategia de Seguridad, la decisión de emprender esta absurda “guerra contra el narcotráfico” que ha exacerbado todas las violencias en la disputa de las organizaciones criminales por los territorios y su fragmentación en cientos de grupos criminales sin capacidad de controlar o contener sus acciones. Este paso de los cárteles al sicariato, ha sometido a las poblaciones locales a una mayor crueldad y sufrimiento. Son al mismo tiempo sostén y blanco principal de la delincuencia.

La militarización de la seguridad ha llevado también a un nivel altísimo de letalidad en esta guerra. La proporción entre muertos y heridos, la proporción entre muertes de civiles y muertes de militares, refleja una grave crisis de derechos humanos, donde son comunes la ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, masacres y tortura.

Llegamos entonces, a un 2018 en una situación intolerable, a un punto donde prevaleció en el ánimo social, de quienes son los más afectados por esta realidad, el imperativo del cambio frente a cualquier posibilidad de continuidad o simulación.

Del otro lado, emerge un nuevo actor social que va ganando fuerza, capacidad y legitimidad en su trayectoria para convertirse en un sujeto primordial de este momento histórico para exigir verdad, justicia: las víctimas de la violencia.

Ha sido un camino largo, complejo y doloroso. Tuvieron que partir desde el estigma y la criminalización que el Estado, los medios y la propia sociedad les impuso durante los primeros años en que no se reconocía la dimensión y gravedad de la violencia.

Fue inicialmente con el trabajo de los centros de derechos humanos del norte, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, el surgimiento del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y la irrupción de la Caravana del Consuelo y luego los diálogos con el gobierno, el ataque y desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, la caravana de madres centroamericanas en busca de sus hijos migrantes, los encuentros nacionales contra la desaparición forzada y otros esfuerzos que lograron cambiar el lugar de las víctimas en el escenario nacional y fortalecer significativamente su capacidad de exigencia.    

En la sociedad, la particularidad en la identificación y solidaridad con víctimas inocentes como un poeta de clase media ilustrada en Cuernavaca;  jóvenes estudiantes, futuros maestros del mundo rural; madres buscando a sus hijos, y en esa empatía, el miedo de que esta barbarie nos alcance a todos.  Se dejó de lado el juicio sobre las víctimas devolviéndoles rostro, identidad, dignidad y un marco de derechos para exigir memoria, verdad, justicia y reparación.  

Con la Ley General de Víctimas, éstas se convirtieron en sujetos poseedores de derechos específicos, construyendo así una identidad social colectiva que generó una inflexión en la estructura del conflicto.

Muchas de ellas constituyeron colectivos de familiares de personas desaparecidas, son más de 60 organizaciones en 20 estados del país.  Constituyeron en 2015, en torno a la posibilidad de tener un marco jurídico e institucional para hacer frente a la desaparición de personas, una plataforma que reúne a colectivos de todo el país y de Centroamérica: el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.

Durante 2015 se realizaron, apoyadas por el movimiento de derechos humanos y organismos internacionales, un proceso de elaboración participativa para elaborar desde la experiencia y propuesta de las y los familiares los contenidos de una ley que permitiera superar los obstáculos conocidos por ellas y generar nuevas capacidades de Estado para encontrar a sus seres queridos.

En este proceso se realizaron encuentros, talleres, consultas, sesiones de trabajo, en 7 regiones del país y a nivel nacional para lograr una propuesta de contenidos consensual para la ley y lanzaron una campaña nacional que exigía su derecho a la participación en la discusión y aprobación de ésta. La campaña se llamó “Sin las Familias, No!” y sigue siendo una consigna que les acompaña en todo momento.

En 2016 se lanzaron a una búsqueda ciudadana en vida y en muerte de sus desaparecidos, con importantes hallazgos en fosas clandestinas diseminadas en varios estados, algunas como la de Colinas de Santa Fé en Veracruz con casi 300 cuerpos, Telecingo, o el caso del grupo Desaparecidos del Fuerte que ha logrado hallar e identificar a 105 personas.  Cómo estos muchos otros eventos han traído nuevos problemas, la identificación forense. Los recursos para ello están totalmente rebasados.

La constatación de que la búsqueda en campo lograba los resultados que hasta ahora no habían tenido las procuradurías, obligó  a reformular la propuesta legislativa sobre desaparición para que tuviera una centralidad en la búsqueda de personas. Se diseñó una nueva institucionalidad a nivel federal y local dedicad a la localización de las personas desaparecidas. Esta decisión retrasó su aprobación en el Congreso hasta finales de 2017, pero finalmente se alcanzó en sus términos. Al día de hoy se encuentra en un complicado proceso de implementación, bajo la observación y exigencia de las propias víctimas.

A lo largo de este proceso muchos actores sociales de todo tipo les han acompañado, organismos civiles, iglesias, académicos, algunos creadores, artistas e intelectuales, periodistas, dando una singularidad a esta lucha por su composición y visión, sus  exigencias y consignas integrando innumerables voces y símbolos en su camino.

Frente a este contexto con la complejidad y magnitud de los saldos de la violencia y los retos de esta agenda, los resultados del 2018 conllevan una  enorme responsabilidad.

Hay varios desafíos a considerar en la ruta necesaria para crear nuevas posibilidades de generar una inflexión significativa en la dinámica de violencia y desaparición:

1.La comprensión del fenómeno con la profundidad y precisión necesaria para identificar cuáles son los mecanismos específicos que mantienen el actual estado de cosas. En que se sostiene la impunidad y la espiral de violencia y corrupción hasta ahora imparable para actuar de manera dirigida sobre estos.

2.Definir una política de Estado integral, estratégica y de largo alcance, con un enfoque de derechos humanos, que permita articular varias dimensiones:

  • Las causas estructurales (pobreza, desigualdad, ruptura del tejido social, etc)  
  • Las condiciones políticas y sociales que alimentan esta problemática (impunidad, colusión y corrupción)
  • La construcción de capacidades institucionales para responder a ellas (Sistema Nacional de Búsqueda con sus expresiones locales; nueva Fiscalía y fiscalías especializadas; Sistema Nacional de Atención a Víctimas)
  • Las medidas de carácter extraordinario (que se han llamado de Justicia Transicional: comisiones de la verdad, programa emergente de identificación forense; plan nacional de búsqueda; mecanismo internacional contra la impunidad; CPI, etc.)

3. Abrir espacios de diálogo y participación de las víctimas, a través de sus colectivos y procesos de elaboración e incidencia han logrado desarrollar una capacidad de propuesta muy importante en este momento para abordar las distintas necesidades del proceso. Además son sin duda un sujeto de gran legitimidad y fuerza moral de cara a la sociedad.

4. Integrar la misma lógica otras dimensiones de acción gubernamental como la estrategia de seguridad (acercamiento cada vez mayor a la población y alejamiento cada vez mayor de las fuerzas armadas,  política de drogas, protección de defensores, estrategia anticorrupción y otras)

Al gobierno electo le toca el entendimiento de que será en la medida en que incorpore de manera real y efectiva a los movimientos de víctimas y a la sociedad organizada en sus decisiones de transformación en este ámbito, tendrá mejores condiciones de abordar la compleja y dolorosa realidad del país.   

Las oportunidades de lograr avances en este sentido dependerán de la claridad y cohesión en la lucha de las víctimas y de un generoso acompañamiento de otros, por la verdad, la justicia, la reparación y las medidas de no repetición. Sólo si logramos articular nuestro esfuerzo y poner en común nuestras capacidades para avanzar juntos lograremos los cambios que se requieren con urgencia.

Un imperativo ético que nos debe convocar a todos, en el respeto y autonomía de cada identidad, con el sentido profundo de nuestro porvenir común.

Texto de Dolores González Saravia, publicado en Brújula Ciudadana, 2018.

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