Sobre la coyuntura postelectoral, desafíos para el movimiento social.

Sobre la coyuntura postelectoral, desafíos para el movimiento social.
Dolores González
S E R A P A Z
La complejidad y gravedad de la situación que vive el país nos obliga a abordar el análisis de este momento desde un horizonte mayor, comprender los rasgos del contexto, las tendencias y los retos desde una perspectiva de largo aliento.
Desde esta lectura, asumimos que la profundización del modelo neoliberal ha cambiado los ejes de acumulación capitalista, reconfigurando el mundo del trabajo, la apropiación de los territorios y de los bienes naturales, provocó también, la mercantilización de bienes materiales e intangibles como la salud, la seguridad social, el agua, los saberes ancestrales, las personas mismas. Se ha fragmentado y deslocalizado la producción, se ha devastado el campo y desindustrializado la planta productiva nacional generando una grave desigualdad y exclusión.
El resultado es contundente, por ejemplo, según datos oficiales de pobreza de ingresos: 20 millones de personas ni siquiera tienen los recursos para satisfacer las necesidades alimenticias y los indicadores de pobreza multidimensional señalan que 8 de cada 10 ciudadanos vive con sus derechos sociales insatisfechos.
Se ha desarrollado un modelo sumamente depredador e inestable con un alto componente de economía criminal. Un modelo que ha escaldo todas las violencias, ha desgarrado el tejido social y ha roto los consensos sociales.
Así, innumerables resistencias, de muy diverso tipo y propuesta, se han hecho presentes en la defensa de sus derechos, sus territorios, sus identidades, sus condiciones de vida y trabajo.
En respuesta, los mecanismos de disciplinamiento social se han generalizado y diversificado. El proceso de militarización, la relación represiva, los ataques a defensores y periodistas, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, las desapariciones forzadas, la tortura, el miedo, incluso el terror se han normalizado en la vida del país y peor aún se han consentido por amplios sectores de la sociedad a cambio de promesas de mayor seguridad.
Por ello quisiera empezar por ubicar esta contienda electoral en el proceso que numerosos actores políticos y sociales han emprendido por la transformación de las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales.
Con los avances logrados por grandes y sostenidas luchas cívicas, en el 88 con el movimiento cardenista, en el 94 con el alzamiento zapatista que lograron condiciones políticas y normativas para posibilitar la alternancia en el 2000. Por primera hubo una expectativa de que se podía realizar una transición democrática en el país. Sin embargo, esta alternancia no apostó por un cambio de régimen, la redistribución del poder político no se plasmó en las instituciones y procesos para promover un sistema político más democrático, un ejercicio de gobierno y órganos de representación popular más próximos a la población y concretar nuevas formas de participación ciudadana.
Más bien, esta redistribución del poder se dió sobre todo hacia los poderes fácticos (legales e ilegales), que se han reposicionado como los factores reales de poder en los temas cruciales de la vida nacional. El duopolio televisivo; la red de gobernadores priístas; grupos empresariales; y sectores de la delincuencia organizada, por ejemplo.
El cambio de régimen que no se logró en el 2000, se impidió en el 2006. Se alinearon los diversos intereses y actores en torno a la disyuntiva de un proyecto de continuidad o un proyecto de cambio. La sociedad se polarizó profundamente. Las élites impusieron el status quo a través del fraude electoral.
A partir de estas experiencias se han dado importantes procesos sociales de aprendizaje e innovación que se expresaron en diversos rasgos de esta coyuntura.
Los actores sociales mantuvieron sus identidades, agendas y luchas sociales en marco de la contienda electoral. En estos meses observamos una intensa dinámica de conflictividad social:
A diferencia del 2006, en esta contienda los actores sociales y políticos que antes participaron en el proceso electoral, si bien ahora también estuvieron presentes, no canalizaron toda la energía social en las elecciones.
Se mantuvieron activas innumerables luchas sociales que desde sus agendas específicas platearon la reivindicación de sus derechos: mineros, electricistas, maestros, jornaleros, mujeres, pobladores de los barrios populares, estudiantes, universitarios, etc. Al igual que muchas comunidades indígenas, campesinas o urbanas se entregaron a la defensa de sus territorios y bienes naturales: Wirikuta, Temacapulin, Picachos, La Yesca, La Parota, Ocotlán, Ostula, Cherán, los poblados de Montes Azules, campesinos de la Sierra de Petatlán, comunidades del sur y del norte de la ciudad de México (contra la Supervía o la construcción de la Arena Ciudad de México en Atzcapozalco).
También las víctimas de la violencias y quienes junto con ellos exigen un alto a la guerra: los familiares de desaparecidos, las víctimas de trata de personas, los jóvenes sin oportunidades y en situación de riesgo, las mujeres que luchan contra el feminicidio, los migrantes completamente vulnerables y vulnerados, pueblos indígenas atrapados en las disputas territoriales entre empresas, gobiernos y grupos criminales, los miles de huérfanos, viudas, desplazados, injustamente presos, en busca de justicia.
Los defensores y periodistas haciendo su trabajo en la mira los grupos de interés que han engarzado poderes formales e informales y que controlan hoy territorios, poblaciones, carreteras, cárceles, escuelas, hospitales en muchas regiones del país.
Se constituyeron o expresaron nuevas plataformas, frentes sociales y ciudadanos para colocar sus temas y posicionamientos en el proceso (el Movimiento por la Paz, la Proclama ante la Emergencia Nacional, la Agenda Ciudadana) y más allá del proceso el Tribunal Permanente de los Pueblos y otras redes temáticas en defensa de derechos.
Al margen del proceso las opciones organizativas que se colocan en impugnación al Estado o en la construcción de alternativas autónomas antisistémicas han continuado y consolidado experiencias locales y referenciales de esta propuesta en el país.
Otro rasgo a considerar fueron los diversos incidentes violentos de diferente tipo que fueron recurrentes en la contienda, pero que han quedado invisibilizados:
Desde conatos y roces entre los simpatizantes de Peña Nieto contra sus opositores, pasando por secuestros hasta varios asesinatos de candidatos y operadores políticos, producto de la violencia política, en algunos casos articulada a los grupos criminales. Violencia que se registro sobre todo en el nivel local en Chiapas, Veracruz, Guerrero.
Casos mucho más graves han sido registrados en Michoacán y Chihuahua en donde la delincuencia organizada incide o impone a las autoridades locales en sus zonas de control amenazando para ello directamente a la población.
Sin duda el gobierno local, municipal se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad en este contexto.
1. En torno a la disputa electoral misma
Hubo dos expresiones de la disyuntiva que significaron esta elección:
1. La disyuntiva PRI sí o PRI no, que alinea al PAN, al Movimiento progresista y otros sectores sociales no partidarios frente al PRI.
2. La disyuntiva entre Proyecto de cambio – Proyecto de continuidad que alineaba al PRI –PAN contra el Movimiento Progresista.
Al parecer fue esta última la disyuntiva que prevaleció en términos del uso del aparato público y los distintos recursos de poder que los grupos dominantes utilizaron.
Las prácticas tradicionales de clientelismo y corporativismo, la compra y coacción del voto, la cooptación, el papel de los medios, el uso perverso de las encuestas, las enormes cantidades de dinero utilizadas en las campañas, particularmente en el caso el PRI, el uso de programas oficiales y condicionamiento de los mismos, el claro alineamiento de los intereses de la cúpula en el tramo final y un árbitro incapaz de contener estas dinámicas negativas.
Por otro lado, hubo nuevos factores a considerar: se expresó una sociedad civil más activa, más crítica, un entorno internacional más atento; el Morena, movimiento político de amplia base social que se constituyó en el eje de una articulación más allá de lo partidario; el papel de las redes sociales como contrapeso de lo mediático; el alineamiento de las izquierdas; el aumento de la participación: 63% del electorado.
Un actor particularmente relevante ha sido el movimiento “Yo soy 132”, que logró colocarse en el centro de la disputa como símbolo de la resistencia a la imposición de los poderes fácticos y se convertido en referente fundamental, con formas de organización y lucha novedosas, y una vinculación cada vez más cercana a otras expresiones del movimiento social que lo hacen un proceso un tanto impredecible para las próximas etapas.
En el escenario más próximo tendremos que estar atentos a las alianzas construidas en la Convención Nacional contra la Imposición y las dinámicas que se generen en torno al Plan de Lucha que será lanzado por AMLO en próximos días para tener una idea más clara de que tipo de correlación o contrapeso puede surgir de esta movilización social.
Un primer resultado evidente es que se ha generalizado la percepción de que no fueron elecciones verdaderamente democráticas, si consideramos el peso del poder económico en las mismas. Más allá de cómo cual sea el desenlace de las impugnaciones en curso, lo que muy probablemente tendremos es lo que se ha llamado:
Una consolidación neoconservadora, que articule en un plazo más o menos breve una alianza de las élites para concretar la agenda de continuidad largamente prometida.
– Reforma laboral para la flexibilización; reforma energética para la privatización; una reforma fiscal para gravar el consumo básico; seguramente más adelante una reforma política y de medios.
– Podemos esperar que se mantenga el régimen bajo formas de ejercicio del poder público más autoritarias y centralizadas. “oposición a EPN es oponerse a México”
– Una estrategia de seguridad que no cambia sustantivamente de la que está siendo implementada ahora, con la asesoría del policía colombiano Naranjo; con una gendarmería nacional (policía militarizada), marco legal que permita la permanencia de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, grupos de choque; y continuidad en la relación – subordinación a la política de seguridad norteamericana.
– Legitimación de la represión a la protesta social.
Desafíos:
Construcción de un diagnóstico y una agenda común que sin desconocer la especificidad y autonomía de cada actor social, permita la convergencia en ejes articuladores para una línea de acción concertada del movimiento social frente al proyecto conservador autoritario y que recupere la iniciativa para la agenda social.
Diálogo horizontal entre las diversas vertientes del movimiento social en sentido amplio (frentes, organizaciones gremiales, experiencias autonómicas, comunitarias, redes civiles, movimientos emergentes etc.)
Construcción de un referente ético político que permita convocar y articular los diversos esfuerzos y propuestas.
Fortalecimiento de las alternativas antisistémicas, su articulación y ampliación hacia una escala más significativa en los procesos sociales.
Adquirir y fortalecer las capacidades que nos permitan actuar con mayor pertinencia y seguridad para responder a los retos de este difícil contexto.
Vínculo de la izquierda social y la izquierda política, hoy profundamente distanciadas para lograr contrapesos reales a las reformas y medidas que van contra los intereses populares.
Vínculo con otros procesos que nos acercan a la realidad latinoamericana y global: Foro Social Mundial, el Tribunal Permanente de los Pueblos, las redes mesoamericanas, etc.
Prepararnos para un proceso de lucha en un entorno difícil, sobre la base de lo logrado en esta etapa.
Dolores González Saravia, julio 2012

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