Diversas organizaciones sociales, entre ellas el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala; con el respaldo de la Red Nacional de Resistencia Civil, emiten alarma por la forma en que se ha desenvuelto el Gobierno del estado de Puebla frente a las necesidades básicas de la población, frente a la organización social y la libre manifestación.  Han solicitado a SERAPAZ circular el siguiente pronunciamiento y así solicitar a la sociedad en general su solidaridad y firma. Para sumarse al pronunciamiento, enviar un correo a bastaderepresionenpuebla@gmail.com. La recepción de firmas tiene como fecha límite el 10 de junio del 2015.
 
AL GOBERNADOR DE PUEBLA RAFAEL MORENO VALLE ROSAS
Los académicos, artistas, organizaciones civiles, sociales, pueblos de México y personas en general, le manifestamos nuestra alarma por la forma en que se ha desenvuelto su Gobierno frente a necesidades básicas de la población, la organización social y la libre manifestación.
Coincidimos los firmantes, que su actuar dista de los propósitos de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Prueba de ello son las acciones que se han emprendido ante la protesta social, en donde se observa: (1) muerte de niños como consecuencia del abuso de la fuerza pública; (2) encarcelamiento de defensores de derechos humanos, líderes sociales y de campesinos e indígenas inocentes; (3) el ejercicio de amenazas a personas que expresan diferencias frente a las decisiones políticas de su gobierno; (4) despido injustificado a trabajadores; (5) persecusión y amenazas a científicos y académicos de universidades poblanas cuando manifiestan opiniones diferentes a los proyectos emprendidos por su gobierno; (5) cierre y criminalización de radios comunitarias, la persecución a periodistas y ataque cibernético a ciertos medios de comunicación; (6) la persecución y espionaje experimentados por diversas personas de la población; (7) los alarmantes feminicidios en el estado; (8) la destrucción del patrimonio cultural; (9) la forma de imposición de megaproyectos como el Parque de las 7 Culturas o el Gasoducto Morelos; (10) la baja transparencia presupuestal en obras públicas y licitaciones; y (11) las decisiones administrativas que afectan los derechos de la población relativos a su registro civil, el transporte público, las fotomultas, los verificentros, etc.
Se observa que las decisiones gubernamentales llegan a violar la autonomía de los poderes municipales, legislativos, judiciales, lo que contradice la Constitución Política Mexicana. De forma natural, estas decisiones políticas han causado fuertes descontentos sociales, mismos a los que pocas veces se les ofrece el diálogo y la mediación, como se manifiesta en medios de comunicación.
Nos preocupa, sobremanera, que con esta fórmula de gobierno se pudiese ofrecer recursos de bienes comunes a inversionistas nacionales y extranjeros a cambio de prebendas políticas, incluso con alcances más allá del estado. En este mismo sentido, sería altamente preocupante que el gobieno estuviese realizando las acciones antes mencionadas como garantía de control social para asegurar inversiones económicas. Sabemos y reconocemos que las inversiones económicas en México son importantes; sin embargo, los derechos de la población, siempre deben estar por encima de cualquier interés económico; esto es una garantía que nos otorgó a todos los mexicanos, la lucha y el sacrificio –principalmente– de los más pobres de nuestro país, los más dignos, sinceros y sabios de nuestra historia. Ojalá estuviésemos equivocados en nuestras percepciones, de ser así, lo invitamos atentamente que nos desmienta con hechos y no con declaraciones austeras. En ese tenor, le pedimos expresamente que:

1. Sostenga un diálogo permanente, ininterrumpido y serio con los pueblos y organizaciones sociales, con el objetivo de llegar a acuerdos formales que aseguren el respeto a los derechos colectivos de los afectados.
2. Se desista de los recursos de revisión interpuestos a los amparos de los presos políticos en Puebla, y se deje de retrasar su proceso de defensa legal.
3. Deje de permitir la violencia que ejerce la organización “Doroteo Arango”, como grupo de choque hacia la organización U.P.V.A. 28 de octubre, así como la agresión judicial que denuncian sus dirigentes resolviendo a su favor con la liberación de sus presos políticos y cancelación de las órdenes de aprehensión.
4. Cambie su política por una de acuerdos, respeto y consulta a los pueblos indígenas y libere a los presos indígenas encarcelados injustamente, miembros de las comunidades de Cholula, Chalchihuapan, Canoa, Resurrección, Coronango y Xoxtla; así como cancele las órdenes de aprehensión contra los miembros de las organizaciones Cholula Viva y Digna y Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua.
5. Esclarezca y castigue a los responsables intelectuales y materiales de las muertes de José Luis Tehuatle Tamayo y Antonio Esteban Cruz.
6. Se respete el territorio de los pueblos y no se destruya la naturaleza por medios de los megaproyectos extractivistas como minas e hidroeléctricas en la Sierra Norte de Puebla, gasoductos, pozos profundos corredores industriales y autopistas en la zona del volcán Popocatépetl; así como se detenga la privatización y despojo del agua en todo el estado. Del mismo modo, le pedimos respete el derecho de los pueblos originarios a tener sus propias radios comunitarias, evitando la discriminación, criminalización y censura de las voces críticas en el Estado.

Es decir, lo invitamos Sr. Gobernador del Estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, a reconsiderar su política de gobierno.
Sinceramente