CARTA PÚBLICA

Ciudad de México, a 09 de julio de 2020

Miembros de la LXII legislatura del Congreso del estado de Guerrero

P R E S E N T E S-

Reciban un cordial saludo; nos dirigimos a ustedes personas y organizaciones y pueblos que, desde diversos espacios, hemos estado abogando por el reconocimiento constitucional y legal de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y equiparables en el país, para expresar nuestro apoyo a la propuesta de reforma constitucional que fue presentada en diciembre pasado en el congreso del estado de Guerrero.

Los derechos de los pueblos y comunidades indígenas están reconocidos en diversos instrumentos internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros. Diversos relatores sobre los derechos de los Pueblos Indígenas se han pronunciado por el reconocimiento de estos derechos en los marcos jurídicos locales. En México, la reforma constitucional del 2001 representó un avance, aunque no reconoció de manera plena el derecho a la libre determinación y la autonomía. Hoy, los marcos normativos federal y estatales siguen sin reconocer a cabalidad los derechos de los pueblos indígenas.

Como organizaciones de la sociedad civil que acompañamos a procesos comunitarios en defensa de sus derechos a la libre determinación y a la autonomía, hemos dado seguimiento al proceso de Reforma Constitucional nacional en materia indígena, así como a otros procesos legislativos que puedan tener un impacto en los derechos fundamentales de los pueblos, tanto a nivel nacional como local.

En el estado de Guerrero, como en el resto del país, los pueblos y las comunidades han ejercido en la práctica sus derechos a la libre determinación y autonomía. Destaca en particular la experiencia de la policía comunitaria, también conocida como CRAC-PC, que lleva casi un cuarto de siglo fortaleciendo su sistema se seguridad y justicia comunitaria. La ausencia de una perspectiva intercultural de las instituciones ha conllevado una falta de certeza jurídica en el actuar de la policía comunitaria, con órdenes de puesta en libertad de las personas detenidas bajo el sistema comunitario, así como la criminalización de sus miembros en diferentes momentos. Ello ha sido acentuado a raíz de las reformas al artículo 14 de la Constitución y a la Ley 701 que, en el 2018, desconocieron su legitimidad, colocando a las instituciones comunitarias en una posición de subordinación a las instituciones estatales, lo cual violenta el derecho de los pueblos a la libre determinación y a la autonomía.

Diversos recursos fueron presentados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra estas reformas. Desde la academia, aportamos en la forma de diversos Amicus Curiae los resultados de nuestras investigaciones sobre los sistemas de seguridad y justicia en el Estado de Guerrero: su arraigo en la cosmovisión de los pueblos, su legitimidad y sus resultados para frenar la entrada del crimen organizado en su territorio. El 20 de abril pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la inconstitucionalidad del proceso de reforma, por violación del derecho de los pueblos a la consulta previa, libre e informada.

En paralelo, se llevó a cabo un proceso participativo histórico desde el congreso, pueblos y organizaciones, para determinar las aspiraciones centrales de los pueblos y comunidades, y posteriormente traducirlas en una propuesta de Reforma Constitucional integral. Varias de nosotras hemos presenciado y participado directamente en las sesiones de parlamento abierto que fueron la base de la propuesta que fue presentada en diciembre pasado.

Algunos elementos que nos parecen fundamentales en la propuesta de reforma constitucional son: el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicano como sujetos de derecho público, que les permite dialogar entre iguales con el Estado; el reconocimiento del pluralismo jurídico, central en una sociedad pluricultural y democrática; el reconocimiento del sistema comunitario de seguridad y justicia de la CRAC-PC, que mantiene la paz en las comunidades;  la protección al territorio de los pueblos y comunidades frente a las empresas extractivas; la participación política de los pueblos, nombrando a sus representantes ante el congreso y los ayuntamientos en asamblea; así como el reconocimiento de los derechos lingüísticos de los pueblos.

De ser reconocidos sus derechos en la Constitución del Estado de Guerrero, los pueblos y comunidades tendrán más posibilidades de fortalecer sus estructuras propias de gobernanza y por ende de acceder a una vida digna desde el desarrollo propio. En este contexto de pandemia, estamos convencidas y convencidos que el reconocimiento de los derechos de los pueblos y comunidades es impostergable, pues se trata de revertir, en parte, la deuda histórica del Estado mexicano hacia los pueblos originarios.

Por ello, hacemos este llamado a ustedes, como miembros del Congreso del estado de Guerrero, a aprobar la propuesta de Reforma Constitucional y así reconocer de manera plena los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano en su entidad.

Sin más por el momento,

 

Firmas de Organizaciones civiles

Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), organización civil independiente que brinda servicios y asesorías para la construcción de paz a través del acompañamiento y fortalecimiento de actores sociales, así como en articulaciones de procesos e iniciativas locales para la transformación positiva de conflictos. Acompaña a diversas comunidades en defensa de sus derechos colectivos. Miembro del Comité Técnico de Expertos del Proceso de Consulta para la Reforma Constitucional Nacional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano.

Fundar, Centro de Investigación y Análisis AC. Nuestra labor en la agenda de territorio, derechos colectivos, incluye el acompañamiento legal a comunidades afectadas por megaproyectos de desarrollo y la incidencia en políticas públicas y marcos legales encaminados a reconocer y garantizar los derechos de los pueblos indígenas.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Organización civil dedicada a la defensa de los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos Me’Phaa, Na Savi, Naua, Nnancue Nnomndaa y mestizos de Guerrero.

Oxfam México, parte de un movimiento global que trabaja para poner fin a la injusticia de la pobreza y acabar con la desigualdad. Apoyamos procesos organizativos y comunitarios para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y en favor de un acceso equitativo a los bienes comunes naturales

Consultoría Técnica Comunitaria, A.C. – CONTEC, organización sin fines de lucro, donataria autorizada, constituida legalmente como asociación civil el 27 de abril de 1999. Tiene como fin el promover la economía campesina y la gobernabilidad en comunidades indígenas y ejidos forestales de la Sierra Tarahumara en el estado de Chihuahua, México mediante la capacitación, la asesoría técnica y la defensa de los derechos de las comunidades.

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos, A.C. Organización que acompaña y asesora la defensa jurídica de personas y colectivos que defienden sus derechos humanos en México y ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Servicios para una Educación Alternativa AC EDUCA. Organismo sin fines lucrativos que impulsa la democracia y el desarrollo en las comunidades oaxaqueñas, además promueve la justicia, la equidad y la participación social para lograr elevar la calidad de vida de los sectores marginados de la población de Oaxaca.

Tequio Jurídico, Asociación de la Sociedad Civil de Oaxaca que acompaña pueblos indígenas en la defensa de sus derechos colectivos.

Centro de Estudios Municipalistas Heriberto Jara, A C, organización no gubernamental con sede en Xalapa, con más de 25 años trabajando por la vigencia de los derechos de los pueblos y las mujeres indígenas en el Estado de Veracruz

Red de Litigio Estratégico en favor de comunidades indígenas y campesinas de la Península de Yucatán

Colectivo de abogad@s. Acompañamos procesos de defensa del territorio frente a megaproyectos.

 

Firmas de procesos comunitarios en defensa de la libre determinación y autonomía

Consejo Indígena de Nahuatzen, Michoacán

Concejo de Gobierno Comunal de Comuachén, Michoacán

Union de Comunidades indígenas de la Zona Norte del Istmo, Oaxaca

Resistencia civil del Istmo-UCIZONI, Oaxaca

Servicios del Pueblo Mixe, A.C. Organización indígena con tres décadas brindando asesoría, capacitación, promoción y defensa de los derechos indígenas y humanos a las comunidades del Pueblo Ayuuk y de otros pueblos indígenas de Oaxaca.

Comunidad Indígena en Resistencia de San Francisco Xochicuautla, Guerrero.

 

Firmas individuales

Dra. María Teresa Sierra, Profesora Investigadora Titular del CIESAS, especialista en antropología Jurídica, derechos humanos y género, con trabajo de investigación sobre la Justicia indígena y pueblos indígenas; por varios años ha acompañado el proceso de la CRAC-PC y las defensoras comunitarias; Autora de un Amicus Curiae “El Sistema de Justicia Indígena y de Policías Comunitarias de la CRAC-PC  y el interés legítimo del municipio indígena de Malinaltepec”, así como otros peritajes antropológicos en favor de los derechos colectivos de pueblos indígenas de Guerrero. Miembro del Comité de Expertos del Proceso de Consulta para la Reforma Constitucional Nacional sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano.

Guillermo Trejo (profesor y director del Laboratorio de Violencia y Justicia Transicional en la Universidad de Notre Dame de Estados Unidos), Shannan L. Mattiace (Allegheny College  en Estados Unidos), y Sandra J. Ley Gutiérrez (Centro de Investigación y Docencia Económicas CIDE, Ciudad de México) coautores del artículo “Resistencia indígena ante la gobernanza criminal: Por qué la autonomía étnica regional protege a las comunidades del dominio del narco en México,” Latin American Research Review 54. 1 (abril 2019); Coautores de una carta Amicus Curiae, “Opinión técnica sobre la eficacia del sistema CRAC-PC para contener violencia criminal en la región de La Montaña/Costa Chica en el estado de Guerrero”, con fecha de 6 de marzo de 2020

Naayeli Ramírez Espinosa, doctora en derecho (2014, Universidad de Columbia Británica en Vancouver, Canadá). autora de diversas publicaciones y artículos en materia de justicia para los pueblos indígenas, y derechos humanos. Abogada litigante y consultora en derechos humanos y de los pueblos indígenas.

Carmen Herrera, abogada defensora de derechos humanos, especialmente de mujeres y pueblos indígenas, en instancias nacionales y organismos internacionales.