La Sociedad Responde: 20 Acciones urgentes para revertir la crisis mexicana, ausentes en el diagnóstico y en las medidas anunciadas por el Gobierno Federal.

*Más de 30 organizaciones acusan insuficiencia de iniciativas por parte del Estado y proponen medidas legislativas y de rediseño institucional.
 
 Adoptar medidas emergentes frente a la crisis de desapariciones, comenzando por legislar integralmente con la participación de la sociedad civil; en la misma forma, emitir leyes generales sobre tortura, desplazamiento forzado y ejecuciones, y aprobar la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción mediante procesos abiertos a la ciudadanía, son algunas de las 20 acciones que presentaron este 26 de marzo más de 30 organizaciones durante el foro “La Sociedad Responde: propuestas para enfrentar la crisis de impunidad, corrupción y violaciones a derechos humanos”.
Justo cuando se cumple medio año de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las y los participantes en el espacio de diálogo consideraron que este suceso, sumado a la ejecución extrajudicial de civiles en Tlatlaya a manos del ejército y al escándalo de corrupción en el caso de la Casa Blanca mostraron el rostro “menos luminoso de México”.
La Sociedad Responde es una iniciativa que incluye propuestas alternativas de reformas legislativas, rediseño institucional y acciones concretas, con base en experiencias exitosas en otros países que atravesaron crisis similares, y es auspiciada por el Fondo para los Derechos Humanos Mundiales.

20 ACCIONES URGENTES PARA REVERTIR LA CRISIS MEXICANA, AUSENTES EN EL DIAGNÓSTICO Y EN LAS MEDIDAS ANUNCIADAS POR EL GOBIERNO FEDERAL

México vive hoy una profunda crisis de corrupción, impunidad y violaciones a derechos humanos, cuyas causas de fondo no han sido atendidas.

Sucesos ocurridos durante el segundo semestre de 2014 dan cuenta de la magnitud de esta crisis. Tlatlaya comprobó el uso innecesario de la fuerza pública por parte de las Fuerzas Armadas. Ayotzinapa evidenció el horror de la recurrente práctica de la desaparición, denunciada desde años por las familias de las víctimas y organizaciones. El escándalo de la “Casa Blanca” mostró que los esquemas de corrupción y conflicto de interés alcanzan los más altos niveles de la esfera política. Tras los eventos del 2014, no podemos dejar de preguntar: ¿Cuántas vidas más han sido privadas arbitrariamente en el marco de la llamada guerra contra el narcotráfico? ¿Cuántas de las 23,000 personas desaparecidas lo son a causa de la acción criminal de autoridades corrompidas por la delincuencia? ¿Cuántos conflictos de interés encubiertos subsisten en las más altas esferas del Gobierno Federal?

La impunidad es el hilo que une a la corrupción con las graves violaciones a derechos humanos. Es por la ausencia de sanción que las fuerzas de seguridad siguen usando desproporcionadamente la fuerza letal. Es por la falta de investigaciones y juicios que la desaparición se comete de manera generalizada en diversas regiones del país. Es por la nula rendición de cuentas que la corrupción permea en los cargos públicos de mayor jerarquía. El problema que evidenciaron los recientes acontecimientos no es de “justicia cotidiana” sino de impunidad cotidiana: esta es la condición estructural que ningún actor político parece dispuesto a modificar.

Pero la justicia y la rendición de cuentas no han estado al centro del debate público. La respuesta del Gobierno Federal ha sido tibia y limitada: en noviembre, el Ejecutivo Federal presentó “Diez Acciones para Mejorar la Seguridad, la Justicia y el Estado de Derecho”. En febrero se presentaron las “Ocho Acciones Ejecutivas para Prevenir la Corrupción y Evitar Conflictos de Interés”. Como lo han señalado múltiples voces, estas iniciativas son insuficientes ante la profundidad de los problemas que pretenden solucionar.

La insuficiencia de estas medidas se ha visto agravada, recientemente, por procesos de designación severamente cuestionados en la opinión pública respecto de nuevos integrantes de órganos de Estado llamados a ser independientes, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); así como por el silenciamiento de voces periodísticas críticas, en circunstancias que atentan contra la libertad de expresión. Como lo supo expresar un medio de comunicación internacional, frente a la crisis los actores políticos “no entienden que no entienden”.

La sociedad, por su parte ha respondido. Lo ha hecho cada vez que ha salido a las calles los días 26 de cada mes para exigir justicia por los normalistas desaparecidos. Lo ha hecho también articulando reflexión y propuesta, como el proyecto “#Ya me cansé, por eso propongo”.

En el marco del evento “La Sociedad Responde: propuestas para enfrentar la crisis de impunidad, corrupción y violaciones a derechos humanos”, más de 30 organizaciones civiles presentamos enseguida 20 medidas urgentes, en materia de derechos humanos, transparencia y rendición de cuentas, que estando ausentes de las propuestas presidenciales, nos parecen indispensables para revertir la crisis de corrupción, impunidad y violaciones a derechos humanos que vive el país.

1. Adoptar medidas emergentes frente a la crisis de desapariciones, comenzando por legislar integralmente, con participación de la sociedad civil y de las víctimas, en materia de desaparición forzada incluyendo no sólo la definición de tipos penales, penas y bases de coordinación, sino también aspectos como los vinculados con un plan nacional de búsqueda y la depuración de registros, entre otros.

La crisis de desapariciones que vive México demanda medidas extraordinarias y urgentes. Si bien la Presidencia anunció la adopción de una ley general desde noviembre, entre otras medidas, a la fecha o ha iniciado ningún proceso para diseñar esa normatividad y modificar de fondo las inefectivas políticas del Estado mexicano frente a las desapariciones. Tampoco se ha comenzado a consultar a las familias de las víctimas y a las organizaciones que les representan para garantizar que su perspectiva práctica sea incluida. En este marco, la adopción de un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas es indispensable.

2. Laemisióndeleyesgeneralesenmateriadetortura,desplazamientoforzado y ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, redactadas en diálogo con la sociedad civil.

Al día de hoy, no ha sido modificada la Constitución para permitir que el Congreso de la Unión emita leyes generales para reglamentar derechos humanos contenidos en tratados internacionales de los México sea parte, incluyendo la tipificación de conductas que conforme al derecho internacional constituyen graves violaciones como la tortura, el desplazamiento forzado o las ejecuciones extrajudiciales.

3. Profundizarlaasistenciatécnicaquebrindanlosmecanismosinternacionales de protección de los derechos humanos al Estado mexicano para centrarla específicamente en abatir la impunidad, en una modalidad similar a de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Dada la probada incapacidad de las autoridades mexicanas para perseguir y sancionar eficazmente los casos más graves de violaciones a derechos humanos y corrupción, es necesario que el Estado Mexicano explore nuevas maneras de recibir asistencia técnica de las instancias internacionales de derechos humanos. La CICIG de Guatemala es un buen ejemplo, pues constituye un mecanismo subsidiario para la justicia nacional frente a las más graves violaciones; el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tiende también hacia ese modelo.

4. Desincorporar los servicios periciales del ámbito de las procuradurías de justicia y fiscalías a efecto de garantizar su profesionalización e independencia.

Tlatlaya y Ayotzinapa, lo mismo que incontables casos más, han evidenciado las deficiencias de los servicios periciales mexicanos, así como la facilidad con que estos quedan sometidos a injerencias políticas indebidas. Cada vez es más frecuente y necesario tener que recurrir a expertos internacionales en casos emblemáticos a fin de contar con pruebas periciales independientes. Es necesario que, de una vez por todas, los servicios periciales dejen de depender de las procuradurías y fiscalías para que sean institutos verdaderamente independientes.

5. Fortalecer las instancias ministeriales responsables de la investigación de delitos que constituyan graves violaciones a derechos humanos creando estructuras especializadas para ello en el tránsito de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General.

En México, las más graves violaciones a derechos humanos quedan impunes. Ni siquiera los casos documentados por el sistema Ombudsman en sus recomendaciones se traducen a la postre en sentencias condenatorias. Con regularidad, los mecanismos internacionales señalan la falta de resoluciones judiciales que responsabilicen a los servidores públicos que torturan, privan de la vida o desaparecen. Es por ello de primera importancia que las procuradurías o fiscalías cuenten con instancias especializadas para la investigación y persecución de delitos que constituyan graves violaciones a derechos humanos, como lo hacen los órganos investigadores de diversos países de la región. En la nueva Fiscalía General de la República, en vez de generarse estas estructuras novedosas, los derechos humanos no figuran ni siquiera con una Vice Fiscalía especial, lo que implica un retroceso respecto de la actual existencia de una Subprocuraduría de Derechos Humanos. Más aún se constata que el tema no es una prioridad ya que la Constitución sólo se refiere expresamente a las instancias especializadas en la investigación de la corrupción y de los delitos electorales.

6. Retirar inmediatamente las reservas a la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas a fin de que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU pueda conocer de casos individuales.

Temeroso de exponerse al escrutinio internacional en un tema donde se refleja de forma especialmente dolorosa la actual crisis, el Estado mexicano sigue negándose a retirar las reservas que impuso al tratado internacional que, en el ámbito de la ONU, permitiría a los familiares de las víctimas de desaparición forzada acudir a la justicia internacional. Es fundamental que México retire inmediatamente estas reservas, a efecto de que no siga regateando su pleno ingreso al sistema internacional de derechos humanos.

7. Garantizar la correcta implementación del nuevo sistema de justicia penal adversarial y oral, propiciando no sólo el cambio de normas sino también de prácticas; por ejemplo mediante la inclusión de contenidos de derechos humanos en los exámenes de control de confianza de funcionarios u homologando los sistemas de registro de personas detenidas respecto de todas las procuradurías y fuerzas de seguridad.

El sólo cambio de leyes será insuficiente para transformar de raíz el sistema de justicia penal. No sólo se necesita cambiar normas sino ante todo depurar a las instituciones de los servidores públicos acostumbrados a violar derechos humanos y modificar las prácticas. Revisar los antecedentes en materia de derechos humanos de los servidores públicos y homologar los sistemas de registro de las detenciones puede contribuir a este fin.

8. Retirar a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad que hoy realizan, reconduciendo las políticas en este ámbito hacia el paradigma de la seguridad ciudadana, con énfasis en la rendición de cuentas.

Una y otra vez los mecanismos internacionales de derechos humanos han recomendado al país retirar a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública. Una y otra vez México ha respondido que lo hará, sin fijar la fecha. Entre tanto, la presencia del Ejército y la Marina en tareas que les son ajenas se ha seguido traduciendo en violaciones a derechos humanos, como prueba el caso Tlatlaya. Es preciso, por tanto, desmilitarizar la seguridad.

9. Constituir una comisión civil que con perspectiva interdisciplinaria revise, corrija y actualice el informe final de la hoy extinta Fiscalía Especializada para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos en Contra de Personas Pertenecientes a Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), pendiente desde sexenios pasados. Este informe deberá ser publicado y difundido ampliamente, a efecto de que aumente el reconocimiento social sobre la recurrencia de las desapariciones en México.

Las violaciones a derechos humanos de hoy son, en buena medida, consecuencia de que México no haya culminado un verdadero proceso de justicia transicional, en el que el país se hiciera cargo del legado de décadas de autoritarismo. Para entender el presente, es necesario reimpulsar iniciativas en este rubro.

10.Reformular las políticas públicas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género, desarrollando estrategias específicas para la violencia generada por agentes estatales, como en el caso de la tortura sexual.

A pesar de que es abundante la institucionalidad y la normatividad relacionada con la erradicación de la violencia de género, el Estado no cuenta con políticas públicas efectivas o integrales para erradicar esta práctica, comenzando por la violencia que generan sus propios agentes como sucede en el caso específico de la tortura sexual. Resulta pertinente, por tanto, reformular las políticas públicas en la materia.

11.Aprobar los marcos normativos pendientes en materia de transparencia, archivos y datos personales con altos estándares de protección de los derechos humanos que regulan, en procesos abiertos y con participación ciudadana, y asegurar suficiencia presupuestaria para su implementación.

Aunado a la necesidad urgente de cumplir con la obligación constitucional de aprobar estos marcos normativos en procesos abiertos y con participación ciudadana, es fundamental asegurar la suficiencia presupuestaria para garantizar su implementación. Es frecuente que la adecuada implementación de las legislaciones se vea comprometida, entre otros factores, debido a que la aprobación no viene acompañada de una asignación adecuada de los recursos necesarios (humanos, materiales y tecnológicos) para hacerlas realidad, lo cual impacta directamente en la garantía del derecho a la información y a la protección de datos personales.

12.Garantizar procesos de designaciones públicas transparentes, con instrumentos de evaluación y participación ciudadana, especialmente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), para avanzar en el nombramiento de personas especializadas e independientes de los poderes públicos y fácticos.

Eliminar la práctica del reparto de cuotas partidistas para la asignación de cargos públicos y garantizar que estos espacios sean ocupados por especialistas en la materia e independientes de los poderes públicos y fácticos. Es indispensable que todos los procesos para la designación en el país se lleven a cabo mediante una metodología previamente definida con elementos de transparencia, instrumentos técnicos de evaluación y participación ciudadana. Sólo de esta forma se generarán

13.Realizar una investigación independiente del conflicto de interés del Presidente de la República y del Secretario de Hacienda y Crédito Público mediante la activación de la facultad de control y fiscalización con la que cuenta el Poder Legislativo con participación de la sociedad civil.

Creación de una Comisión de Investigación Bicameral -que no cuente con mayoría de integrantes del grupo parlamentario del partido en el poder- que investigue el conflicto de interés derivado de la situación patrimonial del Presidente de la República y del Secretario de Hacienda y Crédito Público mediante una ruta de trabajo sólida con etapas y plazos definidos y que se reúna con sociedad civil e informe periódicamente de los avances. Una vez investigado el caso, deberá resolverse conforme a la Constitución. Los servidores públicos tienen la responsabilidad de ejercer sus cargos sin provocar sospechas de actos o decisiones indebidas, contrarias al interés público y de la ética del servicio. Para demostrar que la ley y la procuración de justicia son universales y no selectivas, y restaurar la confianza en las instituciones, deben aclararse los casos de conflicto de interés y sancionarse, mediante una investigación cuyo responsable pueda actuar sin ataduras ni la posibilidad de coerción.

14.Cumplir con el proceso de homologación contable en las entidades federativas para mejorar el proceso de asignación y uso de los recursos públicos de los gobiernos locales mediante la creación de un grupo de trabajo que informe periódicamente a la sociedad civil.

Nombrar un grupo de trabajo técnico compuesto por integrantes del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) que se reuna con sociedad civil e informe periódicamente de los avances en los que está cada estado, creando un tablero de control que permita comparar la situación de cada entidad federativa y explicaciones, justificaciones y rutas para corregir los rezagos cuando existan. Sin un registro confiable de las cuentas públicas no puede haber fiscalización y se obstaculiza las condiciones para que los nombramientos cuenten con legitimidad de origen y generen la confianza ciudadana necesaria para el funcionamiento de las instituciones y sobre el desempeño, los actos y las decisiones de quienes ejerzan estos cargos. En ese sentido, genera especial preocupación la designación de ministros y ministras a la SCJN, dado que el actual Ejecutivo enfrentará aún dos procesos más de sustitución, sobre todo a la luz del reciente nombramiento de un personaje carente de idoneidad para el desempeño de esa magistratura. Las reglas para la designación de integrantes del Máximo Tribunal deben revisarse.

15. Eliminar el fuero político de los servidores públicos, puesto que ha sido una figura utilizada por la clase política de nuestro país como garantía de impunidad.

La iniciación del fuero constitucional tiene como propósito garantizar el equilibrio de poderes y salvaguardar a los funcionarios públicos de eventuales acusaciones sin motivo. Sin embargo, esta figura ha sudo utilizada por la clase política de nuestro país como garantía de impunidad. En este sentido, es urgente aprobar las reformas legislativas necesarias para la eliminación de esta figura. Cualquier persona debe poder ser investigada y ser sujetada a un proceso judicial, sin que intervenga ni influya su posición como servidor público.

16. Difundir versiones públicas de declaraciones patrimoniales, de interés y de impuestos, principalmente los legisladores, lideres de bancada, candidatos a ocupar puestos de elección popular y funcionarios públicos de alto nivel.

Los partidos políticos, lideres de bancada, candidatos a ocupar puestos de elección popular y funcionarios públicos de alto nivel deben asumir el compromiso político de difundir versiones públicas de sus declaraciones patrimoniales, de interés y de impuestos para mostrar que son sensibles a la crisis de legitimidad y confianza en las instituciones que enfrenta nuestro país. Mediante esta medida se habilitaría la posibilidad de ejercer control ciudadano y exigir mejor rendición de cuentas por parte de la ciudadanía, al revisar la situación patrimonial y los intereses particulares de las y los servidores públicos, para prevenir, detectar y reducir la arbitrariedad y la corrupción en el ejercicio de la función pública.

17. Cumplir con los compromisos pendientes asumidos por el gobierno federal en el marco de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA): plataforma internacional de colaboración entre sociedad civil y gobierno presidida por México durante 2015.

En 2015 el gobierno mexicano ocupa la presidencia temporal de la Alianza para el Gobierno Abierto, por lo cual tiene como tarea impulsarla tanto en el ámbito internacional como en el doméstico. El cumplimiento de los compromisos de los planes de acción no sólo es necesario por su contenido específico sino para mostrar el potencial y el alcance del diálogo y de la construcción colectiva de acuerdos entre las autoridades y la sociedad civil.

18. Transparentar y regular los gastos en publicidad oficial de los tres ámbitos de gobierno para impedir la censura sutil o indirecta.

Se debe prohibir el retiro arbitrario de la contratación de espacios para la publicidad oficial o el condicionamiento de su asignación porque limita las posibilidades del ejercicio independiente de los medios de comunicación. Esto implica también establecer criterios claros y objetivos para la asignación de la publicidad, de forma que se garantice y no se restrinja la pluralidad informativa.

19. Aprobar la reforma constitucional en materia de combate a la corrupción, así como las leyes que deriven de ella mediante procesos abiertos y con participación ciudadana.

El combate a la corrupción requiere de medidas de distinta índole, una de ellas es reformar la legislación para permitir la creación, el fortalecimiento y la coordinación más eficaz entre las instituciones y autoridades encargadas de la rendición de cuentas y de las sanciones por actos de corrupción, además de las normas que regulan las responsabilidades de los servidores y la fiscalización de los recursos públicos.

20. Evitar el avance de legislaciones federales y locales que, de manera directa o indirecta, buscan imponer regulaciones al ejercicio de la libertad de expresión y a los derechos de reunión y asociación.

Desde 2013 cerca de 20 iniciativas de legislaciones locales y federales fueron impulsadas en nuestro país. Todas ellas guardan en común un marcado rechazo a esta forma de expresión y manifestación social, así como por la criminalización de quienes participan en ellas. Es fundamental garantizar el ejercicio de la libertad de expresión y a los derechos de reunión y asociación.

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La agenda de 20 propuestas civiles que aquí enumeramos no pretende agotar todos los temas sobre los que México requiere medidas urgentes. Por el contrario, aspira a profundizar el debate público sobre rutas ignoradas para salir de la crisis que hoy agravia a la sociedad entera.

Quienes respaldamos esta iniciativa emplazamos al Ejecutivo a incorporar en su diagnóstico las acciones aquí propuestas, con la convicción de que hasta ahora las medidas que ha anunciado son insuficientes y con la certidumbre de que no se han abierto espacios críticos y plurales para realizar un diagnóstico profundo sobre la situación del país.

En ese misma medida, emplazamos a las diferentes fuerzas políticas del país a abrirse al diálogo con la sociedad civil organizada a efecto de que la crisis en que se encuentra México se revierta por medio de iniciativas que atiendan los verdaderos problemas que secularmente ha enfrentado la Nación. Sólo de esa manera podrán erigirse diques ciudadanos frente al vendaval autoritario que parece avecinarse.

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