La Seguridad Humana y la Guardia Nacional

La Seguridad Humana y la Guardia Nacional

Discurso de Dolores González en las  Audiencias Públicas sobre Guardia Nacional, el 10 de Enero de 2019

Para abordar la discusión sobre el marco jurídico de la Guardia Nacional desde la perspectiva de seguridad humana se requiere primero plantear algunas consideraciones generales que permitan valorar la pertinencia contextual y estratégica de esta decisión. La profunda crisis de inseguridad y de derechos humanos en el país tiene causas de carácter estructural y multifactorial que se explica en las relaciones de desigualdad, exclusión, injusticia y procesos de captura y deterioro institucional marcados por la corrupción, la colusión, la impunidad que han permitido la perpetuación de una violencia con enormes costos sociales y humanos, hasta hace poco en cifras inimaginables y que por tanto es urgente e indispensable un viraje sustancial en la estrategia de seguridad.

El diagnóstico sobre el problema, indicaría que se requiere diseñar y desarrollar una estrategia integral de seguridad y de largo alcance pero desde un enfoque de seguridad humana, es decir que atienda los distintos niveles y componentes de la problemática. La seguridad humana, como el paradigma que responde a este diagnóstico, plantea la necesidad de articular una respuesta en la que se considere lo económico, lo social, lo político, lo cultural, ambiental y personal y que por lo tanto requiere del concurso no solo de todos los órganos y recursos del Estado sino de toda la sociedad, alineados en la construcción de condiciones para una paz que sea verdaderamente sostenible y duradera.

La seguridad humana de acuerdo a Naciones Unidas ayuda a determinar y superar las dificultadas generalizadas e interseccionales que afectan a la supervivencia de los medios de subsistencia y  la dignidad de los ciudadanos para generar respuestas centradas en las personas, exhaustivas y adaptadas a cada contexto, orientadas a la prevención que refuercen la protección y empoderamiento de todas las personas; para que podamos vivir libres de miedo y libres de necesidad.

Lograr una verdadera inflexión en las dinámicas actuales de violencia requiere el alineamiento y coherencia de todas las dimensiones de esta estrategia en su propósito y en su contenido, de manera  que el impacto de los cambios jurídicos, institucionales o políticos que se definan permita aproximarse efectivamente a la ruta de una transformación social de carácter integral que se necesita.

Optar por la vía de fortalecer la preponderancia de lo militar sobre lo civil en la seguridad en esta etapa para restablecer la seguridad y la paz tiene grandes riesgos que nos puede distanciar de esta paz duradera tan anhelada. Esto es en la dimensión que se aboca a cambiar las causas estructurales que generan desigualdad, exclusión y pobreza se ha planteado el impulso de un desarrollo sustentable, compartido, con condiciones para el pleno ejercicio de los derechos sociales, la inclusión de sectores vulnerables y el fortalecimiento de capacidades sociales.

Sin embargo en el escenario actual  la vida comunitaria y la defensa de sus territorios se da en el marco de una cruenta disputa por el control social y territorial de las poblaciones,  un profundo desgarramiento del tejido social y un incremento sustantivo de las violaciones de los derechos humanos. ¿Qué impacto podemos esperar de una estrategia que propone como ruta una mayor presencia de los militares en los territorios de cara a una estrategia que hoy debería centrarse en un proceso de reconstrucción del tejido social, de desarrollo humano y de paz?

Otra de las dimensiones a considerar frente a la crisis de legitimidad de las instituciones y las formas de convivencia democráticas ha sido la de fortalecer el estado de derecho sus instituciones, prácticas y valores democráticos. Se ha hablado que tiene que hacerse en apego de los derechos humanos y con pleno respeto a la dignidad de todas las personas, la trasparencia y el combate a la corrupción mediante diversas acciones e instrumentos para ello. El fortalecimiento del federalismo como un desafío todavía no resuelto y la coordinación en los distintos ámbitos de gobierno particularmente para  los poderes locales, municipales y comunitarios que finalmente son el punto fundamental de articulación gobierno-sociedad y el espacio privilegiado para el cambio social. Necesitamos también una cultura de paz para el dialogo horizontal, la transformación del conflicto, la recuperación de la ética pública y una noción de bien común y de proyecto común como sociedad.

Sin embargo todo esto descansa en los componentes políticos y sociales, en la necesidad de una participación autentica y verdadera en garantizar el derecho a la protesta y al ejercicio de los derechos en todos los ámbitos. No podemos dejar de señal que sigue habiendo muchos desafíos de la presencia de los militares en la seguridad cuando Michel Forst quien es Relator especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos nos ha dicho que los defensores de Derechos Humanos “son objeto de intimidación u obstrucción cuando buscan justicia y corren un riesgo particularmente elevado, sobre todo si han denunciado algún abuso cometido por las fuerzas armadas o las fuerzas del orden”.

Otra dimensión es la procuración o la impartición de justicia; un ámbito fundamental es imprescindible avanzar en el acceso a la justicia ágil y trasparente. La impunidad es sin duda uno de los problemas más graves que mantienen este estado de cosas. Se plantea por ello una serie de procesos y niveles que se han ido acumulando a lo largo de estos años desde el impulso  de organizaciones sociales civiles y particularmente de víctimas, el fortalecimiento de las instituciones de procuración e impartición de justicia para romper los cercos de impunidad como fue la idea de la nueva fiscalía, las fiscalías especializadas, mecanismos extraordinarios de búsqueda, de identificación forense, de atención a víctimas y otros que se han planteado recientemente como ´parte de esta inflexión en la coyuntura de cambio la comisión de investigación para Ayotzinapa, la declaratoria de emergencia en Veracruz, la consolidación de una propuesta integral en Coahuila que ha venido funcionando desde hace tiempo, una propuesta nacional de justicia transicional mediante nuevas herramientas como la Comisión de la Verdad y un Mecanismo Internacional contra la impunidad.

¿Qué implicaciones tiene esta tercera dimensión en facultar a los cuerpos militarizados en tareas de investigación sin controles claros y mecanismos de rendición de cuentas? Sabiendo, como se ha expresado, que existe una lógica de la justicia militar distinta a la lógica de la justicia civil. ¿Cómo se van a dar estos nuevos escenarios en esta presencia ahora legislada y regulada de los cuerpos militares en tareas de seguridad pública?

Si bien el campo específico en el que estamos hablando es el campo de la seguridad,  nosotros entendemos que hablar de seguridad humana y hablar de un proyecto de transformación integral requiere alinear todas las dimensiones. Se requiere por ellos una visión articulada y alineada de cambio. Si bien se ha reconocido la necesidad de participación, acotada excepcional y temporalmente de las Fuerzas Aramadas para recuperar áreas y zonas que están fuera del control del Estado no podemos dejar de mencionar la letalidad y el escalamiento de la confrontación con la participación de estos cuerpos en esta disputa. Se necesita replantear y fortalecer el sistema nacional de seguridad pública con un acento en lo local en el las policías sean profesionalizadas y se fortalezca la acción comunitaria para la prevención del delito en el entendimiento de la seguridad sobre todo como una producción social.  

La constitución es un reflejo de los factores reales de poder en el país, estamos creando en este reflejo ahora un factor muy importante al dar este marco de regulación de las fuerzas militares a la seguridad pública.    

La estrategia de seguridad nacional, desde un enfoque de seguridad humana requiere fortalecer aquellos cambios que garanticen un proceso amplio e integral de paz sólida y duradera hacia nuevas formas de relación que consideren y beneficien a las víctimas de esta terrible confrontación pero también ponga al centro a todas las personas en un proceso de diseño institucional y político con la participación de todos los actores.

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