El pasado 25 de enero el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que enviará dentro del paquete de reformas que presentará al Congreso este 5 de febrero, una iniciativa de reforma constitucional sobre derechos de los pueblos originarios y afromexicanos. Desde la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA) celebramos esta importante noticia, sin embargo, consideramos indispensable que el documento retome las propuestas de la iniciativa entregada al presidente por parte de la Tribu Yaqui en septiembre de 2021, que fue consultada con pueblos y comunidades en todo el país.

En su anuncio el presidente solo mencionó que se elevaría a rango constitucional los planes de justicia a pueblos indígenas. Mientras que todo lo relacionado con sus derechos señaló sería una ley, en tanto se les brindaría a estas poblaciones un trato especial dentro del artículo 4 (supuesto donde se recogen otro tipo de derechos: sociales y ambientales).

Nos preocupa que esta alusión simplificada y algo ambigua sobre la reforma pueda dejar de lado las diversas propuestas de la iniciativa de reforma constitucional que entregó la Tribu Yaqui al presidente, dentro de la cual se plantea una reforma integral de 15 artículos del texto constitucional. Además, el Gobierno Federal acordó presentar dicha iniciativa al Congreso, como parte de los acuerdos que derivaron de un amplio proceso de participación y consulta con pueblos y comunidades, que se llevó a cabo para la elaboración de la iniciativa desde comienzos del sexenio.

Por lo que en caso de presentarse una versión acotada de la reforma, que espeamos no suceda, el gobierno incurriría en el incumplimiento de los acuerdos de esa consulta, lo que se considería una traición a la confianza de las autoridades de los pueblos y comunidades que participaron en el proceso de construcción de la iniciativa y una violación de su derecho a la consulta indígena. 

Debe recordarse que dicha consulta fue realizada entre 2019 y 2021 por parte del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y la Secretaría de Gobernación, a través de 55 foros en 27 estados y más de 60 asambleas regionales de seguimiento, cuenta, además, con el respaldo de más de 630 mil firmas de autoridades, representantes y ciudadanos de los pueblos originarios y afromexicano del país.  

Uno de los objetivos centrales de esta iniciativa es establecer las bases y principios para construir una nueva relación de respeto entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas y afromexicano, basado en el reconocimiento y goce de sus derechos colectivos.

De igual forma, se plantea reconocer a los pueblos como “sujetos de derecho público”, lo que les confiere total personalidad y capacidad jurídica para realizar sus actos de autoridad. También se busca consolidar su derecho a la libre determinación y a la autonomía para autogobernarse; definir sus prioridades de desarrollo; así cómo para administrar recursos presupuestales recibidos de forma directa, proporcional, justa y equitativa. 

Otro aspecto de gran relevancia es la garantía del derecho a la participación de las mujeres indígenas y afromexicanas en condiciones de igualdad en todos los ámbitos de la vida política, económica, social y cultural y en los procesos de desarrollo comunitario. Además, se deberá garantizar su acceso a la justicia; y a ser electas en cargos de representación en todos los  niveles de gobierno.

Con respecto al territorio indígena se persigue reconocer la relación especial entre los pueblos y sus territorios, sus sistemas de uso y tenencia de la tierra; así como el respeto a sus formas de conservar, proteger y preservar sus territorios y recursos naturales y el derecho que les asiste para decidir y disponer sobre estos. Asimismo, se busca garantizar el ejercicio de sus sistemas normativos para la impartición de justicia en la solución de sus conflictos internos y brindar seguridad comunitaria.

Todos estos temas de vital importancia para la sobrevivencia cultural de los pueblos no deben quedar excluidos de la iniciativa que enviará el presidente al Congreso el 5 de febrero. Incorporar los planes de justicia de este gobierno es positivo pero no suficiente. 

Por ello, desde la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía, que conformamos más de 240 comunidades originarias y afromexicanas, hacemos un respetuoso llamado al Ejecutivo para que respete e incorpore los temas fundamentales de la iniciativa consultada con los pueblos y entregada al presidente por la Tribu Yaqui; la cual está en plena sintonía con nuestras 10 demandas centrales y los Acuerdos pendientes de San Andrés Larráinzar.

Es una oportunidad histórica para que el Estado mexicano salde esta deuda cuando estamos por conmemorar el 28 aniversario de la firma de aquellos acuerdos, que han sido ignorados y traicionados por sucesivas administraciones. Solo mediante una reforma constitucional apegada a las exigencias y necesidades reales de los pueblos se podrá plantar los cimientos para una verdadera justicia que reduzca la brecha de desigualdades y la discriminación hacia nuestros pueblos originarios y afromexicano.