EJES DE TRANSFORMACIÓN POSITIVA

A continuación se presentan las diversas coyunturas de conflictividad en las que trabajamos desde la organización.

DERECHOS HUMANOS, SEGURIDAD Y JUSTICIA

La guerra cambio de carácter, ya no se hacen guerras, se crean situaciones de guerra como modo de vida del sistema que permite el control de poblaciones no legitimado, porque se ejerce en condiciones de excepción.

La expresión de esta realidad en el país, es el escalamiento de todas las violencias y del número de víctimas, de asesinatos, personas desaparecidas y cada día hay nuevos hallazgos para sumar cientos de fosas y miles de restos no identificados. En el contexto de esta guerra, también profundamente patriarcal, ha habido un claro incremento de feminicidios y violencia intrafamiliar, crecimiento de las redes de trata y numerosos hechos que utilizan una violencia extrema y ejemplificante a través de las mujeres.

Esto es posible en un contexto de corrupción e impunidad casi total, la cifra oficial es del 98% de denuncias sin sentencia, un poder judicial que no responde adecuadamente a los riesgos y problemas del escenario actual de criminalidad y colusión institucional.  Si bien el Estado mexicano ha aprobado varias reformas jurídicas y firmado más de 200 instrumentos internacionales para la protección de derechos, lo cierto es que diversas instancias internacionales, Naciones Unidas, La Comisión Interamericana, Amnistía Internacional, etc. sostienen que México vive una profunda crisis de derechos humanos. El desfase entre la norma y la realidad es abismal.

La estrategia de seguridad sigue siendo punitiva, represiva y militarizada; ha generado una espiral de creciente violencia y corrupción. El engarce de los poderes formales con los poderes informales y criminales ha llevado a plantear la existencia de un narcoestado, de un estado criminal, o mafioso, o capturado, o fallido. Lo cierto es que la presencia de estos poderes fácticos en la vida pública ha puesto en entredicho la integridad del Estado mismo.

Sin embargo también aquí hemos visto  desde hace algunos años, emerger la fuerza de un actor social de enorme presencia, compromiso y legitimidad: las víctimas o familiares de víctimas que demandan verdad y  justicia. Sin duda en las acciones sostenidas  a largo de esta etapa y en la arena de las víctimas son las mujeres las que asumen principalmente esta tarea de manera valiente, decidida e inquebrantable, pasando en muchos casos de ser víctimas a ser defensoras.

TIERRA, TERRITORIO Y BIENES NATURALES

Estamos viviendo en un paradigma económico neoliberal que enarbola la acumulación capitalista y la economía extractiva. Hemos sido testigos de una ofensiva desde el capital y el Estado sobre el territorio basada en el despojo y la desposesión que amenaza la vida misma de nuestros pueblos, comunidades y barrios.

 

Este modelo económico y político se caracteriza por despojar a pueblos comunidades y barrios de sus tierras con fines de explotación, para dar concesiones mineras, construir megaproyectos y parques eólicos, infraestructura hidroeléctrica, proyectos carreteros, portuarios y aeroportuarios a lo largo del territorio que han provocado agresivos procesos de urbanización salvaje que han llevado a una crisis de vivienda y servicios en las ciudades.

 

Del otro lado hemos sido testigos también de las resistencias que han enfrentado esta imposición, algunas emblemáticas como Atenco o bien las La Parota, Temacapulín, Paso de la Reina, los Yaquis,pueblos del sur de Veracruz, Huitupan, Picachos, Las Cruces, las mujeres mazahuas, los 13 pueblos de Morelos y muchos otros en defensa del agua; También las comunidades de Chicomuselo, Ocotlán, San Xavier, los Seris, las comunidades de la sierra poblana, Carrizalillo, Chimalapas frente a las minas; los pueblos del Itsmo en oposición a los eólicos; los tzotziles, tzeltales en Chiapas, ñanus de Xochicuautla, zapotecos en Oaxaca en contra de carreteras que avasallan sus territorios; y los wirarikas en defensa de zonas sagradas, los pueblos de Morelos, Puebla y Tlaxcala, la Huasteca frente gasoductos; los rarámuris, ambientalistas de Baja Sur ante proyectos turísticos; la defensa de reservas biodiversas y numerosas expresiones de protesta en los barrios urbanos de las ciudades grandes y pequeñas, entre otros.

 

Otro componente de esta problemática es la reconversión del modelo de economía campesina por un modelo agroindusrtial, intensivo, mecanizado, deslocalizado, que legalizó el uso de transgénicos y otros químicos altamente destructivos para el medio ambiente y nocivos a la salud. Este proceso ha significado una devastación de la vida rural en México, situando en la línea de sobrevivencia a 4 millones de campesinos.

 

La depredación y contaminación, alcanzan ya un enorme pasivo ambiental y los desastres naturales cada vez más frecuentes. Cabe señalar también que en muchos sentidos las mujeres de las zonas rurales son quienes han cargado mayormente con este abandono y desgarramiento del tejido social comunitario y campesino con un protagonismo creciente en la vida económica y política de estas sociedades locales, a pesar de la cultura profundamente patriarcal en este ámbito. Vale decir que en muchos de estos casos las mujeres defensoras han tenido un papel central tanto en la movilización y sustento de las luchas en la defensa de la madre tierra.

 

Así, vivimos una disputa nacional por el territorio, los datos de distintos observatorios y estudios nos dan entre 250 y 300 conflictos territoriales abiertos, que si bien se dan en la arena local son parte de un gran conflicto global.

DERECHOS CIVILES, POLÍTICOS Y LIBRE EXPRESIÓN

Las estructuras que generan injusticia, desigualdad y exclusión se sostienen en el actual sistema político mexicano. Es evidente un creciente autoritarismo de parte del Estado, se ha incrementado el número de casos de criminalización de la protesta, de activistas, defensoras y periodistas, de amenazas y agresiones contra las personas que exigen el respeto efectivo de sus derechos sociales y políticos. Precisamente este derecho a la libertad de manifestación y libertad de expresión está en constante riesgo, un ejemplo de ello es que México se ha convertido en uno de los países más peligros donde ejercer el periodismo.  

La centralización del poder, ha provocado un proceso de debilitamiento y desmantelamiento de los poderes locales comunitarios y municipales, abriendo la brecha entre las instancias de gobierno y la población. Por tal debilitamiento, no existen mecanismos viables y confiables de participación ciudadana. Tampoco mecanismos para procesar productivamente los conflictos, ya que las mesas de diálogo abordan básicamente los temas de distensión o contención, sin lograr trabajar efectivamente sobre las agendas sustantivas de los actores sociales.

En tal sentido existe un creciente distanciamiento y polarización entre la sociedad política y la sociedad civil por la crisis de legitimidad y confianza en las instituciones, aquí los medios de comunicación actúan en función de los intereses dominantes convirtiéndose en instrumentos de dominación fundamental.

La acción política por los derechos políticos, la libertades fundamentales, la democratización, la redistribución del poder público hacia la base de la sociedad, es decir   las colectividades locales (comunidades y municipios) está cuestionada por las preguntas que hoy se levantan sobre la experiencia de América Latina sobre los alcances y las vías de transformación desde el ámbito institucional  y frente a esto la necesidad de generar nuevas formas de hacer política y vincularse con la sociedad.

DERECHOS SOCIALES

Los conflictos que se suscriben en esta línea son provocados por la desigualdad económica y social que subyacen en las estructuras del país. Estas desigualdades son reproducidas y acentuadas por el efecto perverso en el diseño e implementación de  políticas fiscales y sociales; como la privatización de los servicios públicos como el acceso a la vivienda de interés social, la seguridad social, el transporte público, el agua, la electricidad, la educación y la salud. Las recientes reformas estructurales profundizan esta desigualdad al acotar los derechos económicos y sociales de la población.

El salario mínimo en México está por debajo de la línea aceptable de pobreza y se ha dado una clara regresión en los derechos de lxs trabajadorxs.

México es un territorio donde se maquila para grandes trasnacionales, la producción se orienta al mercando externo y por tanto la fuerza de trabajo nacional es sacrificable, y el país es considerado de mano de obra barata. Por eso estamos frente a un contexto donde la precarización del trabajo, la informalización,  la migración, la expansión de la economía y criminal son tristes realidades del México de hoy. En esta regresión de derechos y minimización del Estado los grupos que resultan más afectados son las mujeres, que enfrentan cada vez en mayor número y profundidad la feminización de la pobreza; la población indígena, cuya tasa de pobreza es 4 veces mayor a la general; los jóvenes excluidos de la educación y con ello de las oportunidades de desarrollo, entre otros.

Estos movimientos, si bien sostienen la lucha por sus derechos básicos y agendas gremiales o identitarias, para mantener, al menos, las conquistas sociales amenazadas, lo cierto es que han ido construyendo de proyectos de transformación social de mayor alcance, bajo la premisa de que para avanzar en cada lucha particular se hace necesaria la convergencia hacia el cambio de las condiciones políticas más generales como requerimiento indispensable para la defensa de sus derechos. Vincular los conflictos coyunturales con la visión de transformación estructural.