Declaración de Santa Úrsula Xitla. En defensa de nuestros territorios y nuestra autonomía, 29 de octubre, 2015

Declaración de Santa Úrsula Xitla

En defensa de nuestros territorios y nuestra autonomía

29 de octubre, 2015

Reunidos los días 28 y 29 de octubre de 2015, representantes de comunidades y organizaciones, pertenecientes a los pueblos zapoteco, mixe, chinanteco, ikood, mixteco, chatino, tzeltal, lacandón, tzotzil, purhépecha, nahua, rarámuri, y maya peninsular, más organizaciones campesinas y colectivos de catorce estados del país, reflexionamos en torno a la crisis climática y los territorios indígenas y campesinos y llegamos a varias conclusiones.

 

  1. Las comunidades y ejidos ocupan más de la mitad de la superficie del país. Nuestros territorios indígenas y campesinos cumplen un papel muy importante en la captación de agua para la recarga de los acuíferos, en la captura de carbono, en la conservación de la biodiversidad y adquieren cada vez más importancia frente a la crisis climática. Más del 60 por ciento de los bosques de la nación son propiedad de los pueblos indígenas y de los campesinos, de ahí que su cuidado es un beneficio a la sociedad que resulta de nuestro trabajo.
  2. En 2014, el gobierno promulgó una reforma energética que definió como de interés social y utilidad pública las actividades energéticas y extractivas como la minería, la explotación de petróleo y gas (y su extracción vía fractura hidráulica), la construcción de presas y mini hídricas, la producción de energía eólica, y les adjudicó prioridad sobre cualquier otra actividad en el territorio. Estas leyes obligan a los dueños de la tierra a llegar a acuerdos para su establecimiento y en caso de negativa, las empresas pueden imponer de manera forzosa servidumbres o contratos de ocupación temporal.
  3. El establecimiento de Áreas Naturales Protegidas (ANP) se realiza por decreto y en ningún caso han obtenido el consentimiento libre previo e informado de los pueblos indígenas a los que han invadido. Al establecer una ANP el gobierno enajena el control y las decisiones sobre el territorio a las comunidades dueñas e impone muchas limitaciones a su uso. Hay comunidades donde más del 70 por ciento de su territorio está dedicado a la conservación.
  4. En las comunidades con bosques y selvas, el gobierno promueve los programas REDD+, una vuelta adicional de los servicios ambientales en su fase comercial, con penalizaciones si no se cumple con los compromisos, y buscando que esas tierras se mantengan en conservación sin volver a usarse para otros fines aunque haya terminado el periodo de pago. REDD+ debilita a las autoridades comunitarias pues incluye instancias distintas y restringe el uso del territorio, y las decisiones que la comunidad puede tomar al respecto. REDD+ es un mecanismo que pone un precio a la conservación que los pueblos han hecho de su territorio, estableciendo un pago, siempre insuficiente, con el que las empresas contaminantes pueden seguir contaminando en otro lugar, y pueden lucrar de la comercialización de los certificados o bonos.
  5. Las Áreas naturales Protegidas, los condicionamientos de los programas de pagos por servicios ambientales y los ordenamientos territoriales comunitarios oficiales secuestran las decisiones sobre el territorio a sus poseedores, y las ceden a instancias ajenas como instituciones de gobierno, empresas privadas, asociaciones de conservación, etcétera.
  6. La ley del agua, actualmente suspendida, está orientada a su privatización para ponerla a disposición de las empresas y megaproyectos. Priorizar el consumo del agua para la agroindustria, la industria manufacturera y extractiva —y sin regulaciones sanitarias—, ha provocado que en distintas regiones exista un agotamiento de las aguas jóvenes y muchas poblaciones tengan que tomar agua contaminada con arsénico y fluoruro, lo que aumenta las enfermedades crónicas. En otras comunidades los ríos están envenenados por industrias y ciudades que vierten sus deshechos y han terminado con la vida acuática; es imposible utilizar el agua para consumo humano o animal, o para uso doméstico, pues lo han convertido en un drenaje. Pese a las varias iniciativas de privatización del agua, las comunidades nos estamos organizando y promoviendo que operen las estructuras de los comités comunitarios de agua, que en muchas regiones han detenido los intentos de su privatización.
  7. Actualmente el Estado está impulsando un modelo de simulación de consulta orientado a conseguir la aceptación de los pueblos indígenas, dueños de bosques y selvas, e impedir que posteriormente puedan demandar y echar atrás el proyecto por no haber sido consultados. Esta consulta favorece sus intereses y los de las empresas, cooptando y comprando líderes, permitiendo la participación de gente ajena a las comunidades indígenas, escalando la violencia y represión contra los opositores. En varios de los casos los opositores han sido asesinados, encarcelados, desaparecidos.
  8. En esos lugares no se respetan los derechos colectivos indígenas, ni los agrarios, tampoco los derechos humanos, ni al ambiente sano. En muchas ocasiones las empresas extractivas están vinculadas al crimen organizado, y emplean sicarios para reprimir a los opositores a sus proyectos.
  9. Las comunidades indígenas y campesinas rechazamos los proyectos extractivos y energéticos que quieren acaparar y ocupar nuestros territorios, y que además depredan los bienes comunes, contaminan los ríos, el agua, la tierra, el aire, en perjuicio de la salud y el ambiente, expulsan a poblaciones enteras y en síntesis nos roban nuestra vida en aras de compensaciones nimias y unos cuantos empleos temporales.
  10. Las leyes energéticas favorecen los proyectos de muerte impuestos por el Estado y las transnacionales. Estamos ante un despojo y una devastación generalizada que rompe el tejido de las comunidades, privatiza, contamina o agota sus bienes comunes y las posibilidades de vida, sustento y continuidad de los pueblos. Algunas comunidades demandaron sin éxito jurídico al gobierno mexicano por aprobar las leyes de reforma energética que son inconstitucionales.
  11. El Estado y las corporaciones buscan imponer su modelo de monocultivos agroindustriales y transgénicos, de producción de alimentos procesados, que utilizan enormes cantidades de agrotóxicos y dañan la salud y el ambiente, en contra de nuestro propio proyecto de un futuro digno, basado en nuestra producción campesina, nuestra visión comunitaria, nuestras tradiciones, nuestra responsabilidad con el futuro de nuestras comunidades y pueblos, nuestro compromiso de cuidado de la naturaleza.

 

Por todo lo anterior, nos comprometemos a defender nuestros territorios, organizándonos en los distintos niveles, reivindicando nuestras estructuras comunitarias, nuestras asambleas y nuestros propios instrumentos y normas.

Seguiremos exigiendo y ejerciendo en los hechos la autonomía y la libre determinación sobre nuestros territorios, que incluye nuestros bienes comunes, nuestros sistemas normativos, nuestras instituciones comunitarias y nuestros saberes y cultura.

Continuaremos reivindicando la propiedad social, el carácter colectivo de nuestras tierras y el respeto hacia nuestros territorios.

Nos comprometemos también a abandonar paulatinamente los insumos agrícolas industriales, fertilizantes y plaguicidas, que nos envenenan el aire y la vida. Queremos cuidar nuestros suelos y promover nuestra agricultura campesina tradicional y agroecológica, para buscar la soberanía alimentaria y tener mayor independencia de las instancias de gobierno y de las corporaciones.

Defenderemos nuestras semillas nativas contra su privatización, e impediremos las siembras transgénicas y el empleo de los agrotóxicos asociados, por ser nocivas para nuestra producción de maíz y miel, para la salud y el ambiente —como es el caso de la afectación que sufren las comunidades de la Península de Yucatán, la Huasteca y Chiapas, por la soya transgénica.

No permitiremos la invasión transgénica del maíz ni de ningún otro cultivo (sea experimental, piloto o comercial) y defenderemos la suspensión jurídica que hoy está vigente.

 

Así las cosas le exigimos al gobierno:

  1. El respeto a la integridad de nuestros territorios y a nuestras decisiones sobre el uso de nuestros bienes naturales.
  2. Detener la manipulación de los procesos de consulta (que no son de buena fe ni culturalmente accesibles) y la violación al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades.
  3. Poner un alto a la violencia (al hostigamiento, los asesinatos, los encarcelamientos y las desapariciones) contra las comunidades y contra los y las luchadoras sociales. Detener la violación de los derechos humanos y la criminalización de la protesta de los dueños de la tierras y territorios, y de todas las personas y colectivos que se oponen al despojo y la devastación.
  4. Libertad a los presos y presas políticos, todos ellos injustamente encarcelados por defender sus territorios y comunidades
  5. Abrogar las leyes energéticas que atentan contra los derechos de los pueblos indígenas y los derechos agrarios de los ejidatarios y comuneros.
  6. Detener la promulgación de la iniciativa de la ley de aguas que se orienta a su privatización y atenta al derecho al agua como un derecho humano.

 

Invitamos a los pueblos, comunidades, organizaciones y colectivos a reflexionar sobre cuál es nuestro proyecto y cómo podemos sumar más esfuerzos.

 
 

Las comunidades y organizaciones abajo firmantes:

Campeche: comunidad de Calakmul, Organización Koolel kab. Colima: Consejo Indígena por la defensa del territorio de Zacualpan. Chiapas: Bienes Comunales Zona Lacandona, Instituto de Formación y Capacitación Campesina, DESMI, Cooperativa Lagos de Colores, Unorca-Chiapas, ARIC Unión de Uniones Históricas, Enlace, Comunicación y Capacitación-Comitán. Chihuahua: Comunidad Bosques de San Elías Repechique, Bocoyna, Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), CECADDHI, Guanajuato: Cedesa. Guerrero: CDHM Tlachinollan, Consejo de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio de la Región Montaña y Costa Chica de Guerrero; Enlace, Comunicación y Capacitación-Tlapa; Radio Comunitaria Naxme, San Miguel del Progreso, Guerrero. Jalisco: comunidad de Mezcala, comunidad de La Ciénega, comunidad de El Limón, Colectivo por la Autonomía, Un Salto de Vida. Michoacán: comunidad de San Francisco Pichátaro, comunidad indigena de Cherán. Oaxaca: comunidades de Santiago Tlatepusco, Santa María Huazolotitlán, Concepción Buena Vista, Chikava, Santiago Yosondúa, San Juan Jaltepec de Candayoc, San Juan Bosco Chuxnabán, Ejido El Tortuguero, Santiago Tutla, Yerba Santa, Coatlán, Cuauhtémoco Tayata, Independencia, Santa Cruz itundujia, Servicios del Pueblo Mixe, Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (CEDHAPI), Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca (UNOSJO), Ngul kuidi Abriendo Senderos de Autonomía, El Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca, Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA), Maderas del Pueblo del Sureste, Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, Radio Totopo de Juchitán de Zaragoza, Organización de Agricultores Biológicos (ORAB), Tequio Jurídico; Enlace, Comunicación y Capacitación-Tlaxiaco; Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto. Puebla: Unión de Cooperativas Tosepan, Quintana Roo: Educe, Much’Kanan l’inaj Colectivo de Semillas, Kabi Habin. Tlaxcala: Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local. Veracruz: Consejo Comunitario Nahua de Zaragoza, Fomento Cultural y Educativo Veracruz, Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz, Unión de Comunidades Independientes de los Pueblos Popolucas (UCIPP), CREO. Yucatán: Indignación. Organizaciones nacionales: Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA) Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam), Centro Nacional de Ayuda a Misiones Indígenas (Cenami), Red en Defensa del Maíz, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). Organizaciones internacionales: Grupo ETC, GRAIN, La Vía Campesina.

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