•  “Son cinco años de impunidad, sufrimiento, crisis económica e incertidumbre. Seguimos esperando justicia y reparación de los daños”, dicen las afectadas.

•  El 7 de agosto, la Segunda Sala decidirá sobre un amparo de los Comités de Cuenca Río Sonora relacionado con la forma en que operó el Fideicomiso, un mecanismo privado y voluntario, acordado por Grupo México y el Gobierno Federal, que no remedió la situación dramática tras el derrame.

• Organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la SCJN resolver a favor de la garantía y protección de los derechos humanos de las personas afectadas por el derrame y presentaron un Amicus Curiae a la Corte.

Ciudad de México, 5 de agosto de 2019 – En un acto público en las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), representantes de las comunidades afectadas por el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi, responsabilidad de Grupo México en 2014, exigieron a la Corte revisar las operaciones del Fideicomiso Río Sonora, un mecanismo privado acordado por la empresa y el Gobierno Federal de Enrique Peña Nieto, y reabrirlo “hasta que se cumplan sus objetivos y se hayan concluido los procesos jurídicos de reclamaciones en su contra”.

En el templete, Irene Moiza, Evelia Lares, Óscar Encinas y Wenceslao Miramón, representantes de los Comités de Cuenca Río Sonora (CCRS), un movimiento social que reúne a las personas afectadas por el derrame en siete municipios, ofrecieron un mensaje para exigir justicia ante el máximo tribunal del país.

“Han sido cinco años de impunidad, de enfermedades, de angustia. Pero también cinco años de organización, de lucha, de resistencia. Hoy estamos aquí para exigir a la Corte que traiga justicia YA a nuestras comunidades”, dijo Irene Moiza, de Bacanuchi. El evento estuvo acompañado por activistas y defensoras del territorio de la Sierra Norte de Puebla y organizaciones aliadas como PODER, Fundar, Greenpeace México, Oxfam México, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH), Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), Asociación Interamericana para la Defensa del Medio Ambiente (AIDA), ProDESC y Serapaz, entre otras.

“El Fideicomiso que prometió reparar los daños fue un mecanismo privado, un acuerdo de Grupo México y del gobierno, sin la participación de las personas afectadas. Sirvió para hacer negocios y para limpiar la imagen de la empresa. Actuó a espaldas de la gente. Por no remediar nada y dejarnos en la indefensión total, argumentamos que la tarea del fideicomiso quedó inconclusa. Además, es el trabajo del Estado, no de un fideicomiso privado, remediar violaciones de derechos humanos, como las que nosotros todavía sufrimos en el Río Sonora”, añadió Óscar Encinas, del municipio de Ures, representante común de uno de los amparos que atrajo la SCJN. ”Lo que estamos exigiendo a la Corte es que ese Fideicomiso sea considerado autoridad responsable, reabra y sea obligado a reparar completamente los daños, con nuestra participación”.

La Suprema Corte atrajo tres amparos sobre el Fideicomiso, interpuestos por los Comités de Cuenca Río Sonora. El amparo 384/2018 pone en duda la forma en la que operó el Fideicomiso; el amparo 927/2018 cuestiona que el Fideicomiso hizo caso omiso al Proyecto de Reactivación Agropecuaria; y el amparo en revisión que resulte de la facultad de atracción 263/2019 cuestiona el cierre del Fideicomiso y la conclusión del Programa de Remediación Ambiental.

A partir del 7 de agosto, la Segunda Sala de la SCJN sesionará para decidir sobre el primer amparo interpuesto por los Comités de Cuenca, el relativo a la forma en la que operó el Fideicomiso. Éste es, para los Comités de Cuenca, el caso más importante porque definirá si el Fideicomiso puede ser considerado autoridad responsable para efectos de amparo, dado que, a pesar de ser un mecanismo privado, tuvo por objeto la remediación del daño y fue presidido por el entonces subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat, Rodolfo Lacy Tamayo.

“Grupo México pactó con el gobierno, a su arbitrio y antojo, la forma de solventar el peor desastre ambiental de la minería en el país. Lo hicieron sin conocimiento, participación, ni respeto por las personas y comunidades afectadas. Parte del mecanismo que idearon para minimizar sus responsabilidades fue el Fideicomiso Río Sonora. La Segunda Sala de la Suprema Corte tiene el deber de corregir todo eso, asegurar que la protección de las personas no quede confiada solamente a las empresas que las perjudican y, con ello, cerrar una ruta para la impunidad empresarial”, apuntó Luis Miguel Cano, parte del equipo legal de PODER que acompaña a los CCRS en este caso.

En ese mismo sentido se pronuncia el Amicus Curiae presentado hoy en la Segunda Sala por las organizaciones Greenpeace México, Fundar, Serapaz, Litiga OLE, CIEDH, Red TDT, ProDESC y Acciones Colectivas de Sinaloa.

“Se trata de que nos tomen en cuenta en este proceso de reparación que debe existir. Grupo México, las autoridades y el Fideicomiso nos han ignorado en estos cinco años”, apunta Evelia Lares, de La Estancia de Aconchi. “Confiamos en que la Corte nos traiga la justicia que hemos estado esperando durante tanto tiempo”, concluyó Wenceslao Miramón, de Bacanuchi.

Durante el acto, las comunidades y organizaciones presentaron un tinaco pintado con una calavera como símbolo de la impunidad y falta de justicia ante el desastre ambiental provocado por la empresa de Germán Larrea.