Comunicado de la Comisión de Mediación, 24 de mayo 2012.

24 de mayo de 2012
Al PDPR-EPR.
Al Gobierno Federal.
A la Opinión Pública.
Este 24 de mayo de 2012 se cumplen cinco años de la detención desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, sin que se tenga algún elemento, así fuera mínimo, que apunte a la culminación exitosa de alguna línea de investigación de las que se han abierto. Por nuestra parte, tenemos claro que existen elementos suficientes para determinar la forma como se cometió este crimen, pero eso no ha sido suficiente para obtener resultados satisfactorios. Esto, a pesar de que se trata de un delito que la jurisprudencia internacional cataloga como de lesa humanidad, esto es, de los más graves que existen.
Entre los agravantes de este tipo de ilícitos, están los siguientes:
a) Se perpetran por agentes del poder, como producto de un concierto delictuoso entre quienes toman las determinaciones y quienes las ejecutan. Eso otorga un alto grado de impunidad a los perpetradores.
b) Los autores intelectuales, o sea los que ordenen estos crímenes, buscan sembrar el terror entre la población. Obtienen de ello el beneficio político de conservar el poder, con sus agregados económicos y de “prestigio social”.
c) Los autores materiales se adjudican “el derecho” a vulnerar una amplia gama de derechos humanos, dañando a la víctima directa, a su entorno y a la humanidad en general. Ésta resulta ofendida porque quienes están encargados de proteger a las personas, se convierten en sus verdugos.
d) Como los actos conculcatorios de la dignidad humana provienen de personas conectadas con el Estado, los mecanismos ordinarios de procuración y administración de justicia se inutilizan.
e) Las víctimas son estereotipadas como “subversivos”, “enemigos” o “transgresores”, con lo cual salen del ámbito de protección de la persona humana y le son negados todos los derechos.
f) El crimen deja secuelas que marcan a la sociedad, en tanto son pruebas palmarias de la ausencia de un genuino Estado de Derecho.
g) Las víctimas quedan a disposición de los torturadores, que pueden hacer con ellas todo lo que se les ocurra.
Hace unos días se realizó una diligencia ministerial que supuestamente proyectaría luz sobre el caso de los dos eperristas desaparecidos. Lamentablemente, los resultados fueron negativos y generaron en los familiares la sensación de que fueron engañados con el fin de que avalaran una versión de muerte y no de vida.
Los hechos objetivos muestran que:
1.- No hay un solo enjuiciado por este crimen, a pesar de que la Recomendación 7/2009 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos proporciona elementos para realizar una investigación seria.
2.- Tampoco existe certeza del lugar donde tienen a los desaparecidos del EPR, no obstante que se sabe que en su captura intervinieron agentes del Estado mexicano.
3.- Los expedientes ministeriales que se abrieron no han conducido a verdades jurídicamente verificables.
Para reanudar el diálogo, hace falta que se pruebe la voluntad política de resolver el caso de la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Estamos atentos a todas las señales que se produzcan, reiterando nuestro compromiso con la causa de las y los desaparecidos.
México, D.F. a 24 de mayo de 2012.
Comisión de Mediación: Miguel Álvarez Gándara, Jorge Fernández Souza, Dolores González Saravia, José Enrique González Ruiz, Juan de Dios Hernández Monge, Rosario Ibarra de Piedra, Gonzalo Ituarte, Gilberto López y Rivas, Carlos Montemayor (+), Pablo Romo Cedano. Samuel Ruiz García (+).

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