Otro activista indígena, Fernando Jiménez Gutiérrez, ha sido detenido y corre peligro de ser sometido a un juicio injusto. Los cargos contra Mario Luna se han confirmado, y se ha dictado contra él orden de prisión preventiva.

Fernando Jiménez Gutiérrez, miembro de la comunidad indígena yaqui de Vícam, en el estado de Sonora, fue detenido el 23 de septiembre por unos hombres vestidos de civil, que viajaban en vehículos sin distintivos, cuando se dirigía al trabajo. Los hombres le cubrieron la cabeza con una bolsa negra y lo interrogaron mientras lo conducían a la prisión en la capital del estado, Hermosillo.

Fernando Jiménez Gutiérrez había acudido a unas reuniones públicas en Ciudad de México para presentar el caso de la comunidad indígena yaqui y alegar que el Acueducto Independencia se ha construido ilegalmente y pone en peligro la cultura y los medios de vida de la comunidad. Es el segundo de los cuatro dirigentes y miembros de la comunidad citados en una orden de detención que es detenido por su presunta implicación en el supuesto robo de automóvil y secuestro de Francisco Antonio Delgado Romo, miembro de la comunidad yaqui vinculado al gobierno del estado de Sonora.

Un juez del estado confirmó el 17 de septiembre el auto de acusación contra Mario Luna, detenido el 11 de septiembre. Pese a las pruebas presentadas por la defensa que indicaban que la causa contra él y los otros tres acusados se había tergiversado y falsificado, que Mario Luna no había estado presente en el momento de los presuntos hechos y que no se habían presentado pruebas fiables de su implicación en ellos, el juez ratificó su detención y ordenó que permaneciera en prisión preventiva durante el proceso judicial. La acusación contra los cuatro hombres se basa en una investigación sesgada aparentemente motivada por la determinación de criminalizar a los sectores de la comunidad yaqui que protestan contra la construcción y el funcionamiento del Acueducto Independencia, y desacreditar su condición representativa como miembros y líderes de la comunidad. La decisión de las autoridades del estado de practicar las detenciones 18 meses después de dictarse la orden judicial de detención puede formar también parte de una disputa más amplia entre las autoridades federales y estatales que comenzó recientemente, cuando las autoridades federales abrieron una investigación sobre la represa aparentemente ilegal construida en el río Yaqui en tierras pertenecientes al gobernador del estado.

Escriban inmediatamente, en español, en inglés o en su propio idioma:

–     expresando preocupación por la detención de Fernando Jiménez Gutiérrez y la remisión a juicio de Mario Luna, y pidiendo a las autoridades que garanticen la seguridad de ambos bajo custodia;

–     pidiéndoles que garanticen el derecho de los dos hombres a un juicio justo y a no ser sometidos a procesamiento penal de motivación política sobre la base de una investigación sesgada;

–     instando a las autoridades a garantizar la seguridad de todos los miembros de la comunidad yaqui y respetar su derecho a protestar pacíficamente contra el Acueducto Independencia.

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ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 6 DE NOVIEMBRE DE 2014 A:

Secretario de Gobernación

Miguel Ángel Osorio Chong

Secretario de Gobernación

Bucareli 99, col. Juárez, C.P. 6600 México D.F., México

Fax: +52 55 5093 3414 (insistan)

Correo-e: secretario@segob.gob.mx

Tratamiento: Dear Minister/

Señor Secretario

Gobernador del estado de Sonora

Guillermo Padrés Elías

Comonfort y Dr. Paliza

C.P. 83260, Hermosillo

Sonora, México

Fax: +52 662 212 0001 (insistan)

Correo-e: guillermo.padres@sonora.gob.mx

Tratamiento: Dear Governor/

Señor Gobernador

 

Y copia a:

Organización de derechos ambientales

Centro Mexicano de Derecho Ambiental

México D.F.

Correo-e: contacto@cemda.org.mx

Envíen también copias a la representación diplomática acreditada en su país. Inserten a continuación las direcciones de las sedes diplomáticas locales:

Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento

Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada. Ésta es la primera actualización de AU 230/14. Más información: http://amnesty.org/es/library/info/AMR41/034/2014/es

Información complementaria

En junio de 2013, Francisco Antonio Delgado Romo, al parecer, embistió con su automóvil a los manifestantes que participaban en un corte de carretera contra el acueducto. Fue aprehendido por miembros de la comunidad, que lo dejaron en libertad al cabo de dos días. Después de que la esposa de Francisco Antonio Delgado Romo presentara una denuncia, el ministerio público del estado de Sonora presentó cargos por privación ilegal de la libertad y robo de automóvil contra Mario Luna Romero, Fernando Jiménez Gutiérrez y otros dos dirigentes comunitarios. Amnistía Internacional ha examinado las pruebas presentadas contra los acusados y teme que la causa contra ellos esté sesgada y sea de motivación política.

El 25 de agosto, la familia de Francisco Antonio Delgado Romo, quien según información estaba siendo investigado por la Procuraduría General de Justicia de la República, denunció la desaparición de éste. Sus restos se encontraron cerca de Vícam el 9 de septiembre. Se ha abierto una investigación sobre su homicidio.

En 2010, el gobierno de Sonora, un estado azotado por la sequía, empezó la construcción del Acueducto Independencia sin consultar con las comunidades indígenas yaqui que viven junto al río. Los miembros de la comunidad han organizado protestas y emprendido acciones judiciales para detener la construcción y el funcionamiento del acueducto, exigir una evaluación de impacto ambiental y defender el derecho de los indígenas a un proceso transparente de consulta para obtener el pleno consentimiento previo e informado de la comunidad. En 2013, la Suprema Corte de Justicia reconoció que las autoridades federales y estatales no habían cumplido sus obligaciones respecto a la comunidad yaqui, y ordenó que se tomaran medidas correctivas, en especial respecto a un nuevo informe de impacto ambiental y un proceso de consulta con la comunidad. Pese a que se han dictado diversas órdenes judiciales de suspensión del proyecto, se permitió que la construcción continuara, y el acueducto ha iniciado un funcionamiento que ha dado lugar a una reducción significativa de los niveles de agua. Los miembros de la comunidad yaqui siguen pidiendo que se aplique plenamente la sentencia de la Suprema Corte de Justicia.

Nombres: Mario Luna, Fernando Jiménez Gutiérrez

Más información sobre AU: 230/14 Índice: AMR 41/036/2014 Fecha de emisión: 25 de septiembre de 2014A