Denuncian ante la ONU, la política de criminalización de la defensa de derechos humanos en México

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COMUNICADO DE PRENSA

  • Denuncian ante la ONU, la política de criminalización de la defensa de derechos humanos en México
  • Exigen la liberación de defensores victimas de detención arbitraria quienes cuentan con la opinión del grupo de expertos en la materia
  • Se evidencia la falta de voluntad política del Gobierno Mexicano de cumplir con compromisos internacionales y proponen visita al país para investigar dicha practica

 
Ginebra, Suiza, 22 de septiembre 2016. En el marco del 33º periodo de sesiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), familiares y representantes de de cinco personas defensoras de DH victimas de detención arbitraria acudieron a la sesión del Consejo de DH de la ONU, con el objetivo de denunciar y evidenciar la grave situación de criminalización de la protesta social en México, mediante detenciones arbitraria e ilegal[1],  en particular de las cinco personas defensoras: Damián Gallardo Martínez, Enrique Guerrero Aviña, Librado Baños Rodríguez, Pedro Canché Herrera y Nestora Salgado García, hasta la fecha tres[2] de las cinco personas permanecen en arbitraria e ilegal detención quienes siguen enfrentando diversas violaciones a derechos humanos incluyendo la falta de acceso a atención médica y psicológica
 
La delegación de familiares de Damián Gallardo Martínez y Enrique Guerrero Aviña, acompañados de representantes de ONGs han expuesto ante los procedimientos especiales de las Naciones Unidas así como frente a distintas misiones de países en Ginebra estos cinco casos. Las cinco opiniones emitidas entre el 2014-2015 por el Grupo de Trabajo sobre detención arbitraria, ponen en evidencia una política de Estado de criminalización de la defensa de los derechos humanos,  estos casos son emblemáticos de un patrón  que incluye el uso sistemático de tortura, incomunicación, desaparición forzada en el momento de la detención, violaciones al debido proceso y falta de independencia del poder judicial al calificar como legales dichas detenciones.
 
Las repetidas violaciones a DH y ausencia de cualquier prueba real en contra de las personas defensoras hace urgente la inmediata liberación de las tres personas defensoras que permanecen detenidas.
 
Durante su participación en el marco de la sesión del Consejo de DH, integrantes de la delegación urgieron al Grupo de Trabajo así como al gobierno México y otros estados miembros a diseñar un mecanismo para la debida implementación de las opiniones del Grupo de Trabajo. Así mismo se solicito que puedan iniciar un proceso de seguimiento de implementación de las opiniones del grupo de trabajo,  una visita a México para poder investigar dicha practica,  que se solicite al gobierno mexicano un informe especifico sobre las cinco opiniones y sobre la practica de la detención arbitraria e ilegal en el país.
 
Por otro lado en la realización de un evento paralelo convocado por diversas organizaciones de la sociedad civil[3] contó con la presencia de la Victoria Tauli-Corpuz, relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas; los integrantes de la delegación, enfatizaron la gravedad del uso indebido del sistema penal para criminalizar y estigmatizar a las personas defensoras de DH acusándolas de delitos particularmente estigmatizados como son el secuestro y/o la delincuencia organizada, así mismo se puso sobre la mesa que una manera de reparar el daño es la liberación inmediata pues las detenciones están calificadas como arbitrarias por la ONU, en ese sentido la relatora expresó que “…la criminalización a los defensores indígenas es penosa”, “… es lamentable que las opiniones de los procedimientos especiales no sean atendidas”.
[1] En el Estado de Oaxaca existen 77 personas privadas de su libertad y en su mayoría son victimas de detención arbitraria y criminalizados por su labor de defensa de derechos humanos
[2] Damián Gallardo Martínez desde el 18 de mayo del 2013; Enrique Guerrero Aviña desde el 17 de Mayo del 2013, estos dos internados en el penal de alta seguridad de Puente Grande Jalisco y Librado Baños Rodríguez desde el 25 de agosto del 2013, interno en un penal estatal en Oaxaca
[3] Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), Front Line Defenders, Observatorio para defensores de derechos humanos integrado por la OMCT y FIDH, Articulo 19, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca,  SERAPAZ, Universidad de Washington, Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria O.P.A.C., Colectivo contra la impunidad y la tortura (CCTI), Comité de familiares, amigas y amigos “Damian Gallardo” y el Comité Enrique Guerrero Aviña.
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