Informe de Fundar, MPJD y Serapaz ante el Comité contra Desaparición Forzada de la ONU

logos informe desaparicionf forzada

México, miércoles 4 de junio de 2014

Organizaciones presentan informe ante el Comité contra Desaparición Forzada de la ONU

  • Señalan contradicciones en cifras oficiales ofrecidas por SEGOB, CNDH y PGR.
  • Denuncian grave aumento de desapariciones en la administración del Presidente Enrique Peña Nieto e insuficiente respuesta del Estado en materia de búsqueda, acceso a la justicia y derechos de las víctimas.
  • Persiste incumplimiento de obligaciones del Estado en virtud de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y de las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias.

Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) y Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ), presentaron ante el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU un informe sobre su perspectiva en relación a las medidas adoptadas por el Estado para cumplir con las obligaciones contraídas en virtud de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Las organizaciones afirman que persisten deficiencias y confusión sobre las bases de datos y las cifras sobre personas desaparecidas. Si bien el Estado hizo pública la cifra definitiva de personas desaparecidas como resultado de un proceso de depuración, no fue producto de la búsqueda e investigación. Además, no se ha hecho pública la metodología utilizada para la depuración y persiste la falta de lineamientos claros para saber cómo se reciben las denuncias y cómo se clasifican.

El informe documenta un total de 20,810 personas desaparecidas oficialmente reconocidas entre 2006 y mayo del 2014. De acuerdo a las listas depuradas, existen 13,195 personas desaparecidas durante el sexenio del Presidente Felipe Calderón, más 7,615 personas desaparecidas en lo que va del sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto. Frente a esta grave situación, las organizaciones informan al Comité que resulta alarmante que las desapariciones de personas continúan durante la presente administración y que la cifra de personas desaparecidas en menos de dos años del gobierno de Peña Nieto representa el 60% del total de las personas desaparecidas durante la totalidad del gobierno de Calderón.

Además, el informe señala que las cifras publicadas por la SEGOB son distintas a las publicadas por la CNDH. Por otro lado, hasta la fecha no se cuenta con el Reglamento de la Ley del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas y el Registro no cuenta con información.

En materia de acceso a la justicia, el informe enfatiza que es preocupante que el número de averiguaciones previas iniciadas por el Estado por el delito de desaparición forzada es confuso y en todo caso está muy por debajo de las necesidades en materia de investigación que se desprenden de las cifras brindadas por SEGOB. En el informe de México ante el CED se señala que se iniciaron 99 averiguaciones por desaparición forzada entre 2006 y 2013 a nivel federal; y 192 a nivel local. Sin embargo, en una solicitud de acceso a la información presentada por las organizaciones firmantes, la PGR reporta 138 averiguaciones previas por desaparición forzada en el mismo período.

Aunado a lo anterior resulta evidente que la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, creada en junio de 2013 para responder a la problemática de las desapariciones, se encuentra rebasada y enfrenta dificultades estructurales.

El informe señala la necesidad de información pública sobre los instrumentos de búsqueda en vida e identificación forense, tales como el Convenio entre la SEGOB y el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Plan Nacional de Búsqueda, la Red Nacional de Búsqueda y el Dispositivo de Búsqueda Urgente. En cuanto a la identificación forense de restos, el informe expresa la preocupación por la falta de protocolos estandarizados a seguir tras el hallazgo de fosas clandestinas en el país, identificación y notificación de los hallazgos a los familiares, así como la falta de personal pericial especializado en antropología y arqueología forense.

Asimismo, el informe puntualiza deficiencias en la garantía de los derechos de las víctimas, tales como la falta de participación de las víctimas en la elaboración del Reglamento de la Ley General de Vícitmas (LGV) y el retroceso en estándares establecidos en la LGV, la falta de implementación de la figura de ausencia por desaparición y advierte que persisten las violaciones a los derechos de las víctimas en la investigación penal de los casos de desapariciones.

Las organizaciones dan cuenta de la falta de mecanismos de coordinación y atención a víctimas y la falta de protección a familiares que buscan a personas desaparecidas, y expone el asesinato de Nepomuceno Moreno y Sandra Luz Hernández.

En conclusión, las organizaciones señalan que las medidas tomadas por el Estado mexicano son insuficientes frente a la dimensión de la problemática de la desaparición forzada y persisten grandes deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones que implica la Convención y las recomendaciones que realizó el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias en su visita a México en marzo de 2011.

Descarga el informe completo: Informe Final CED_MEXICO_fundar_serapaz_mpjd

Para más información:

Ana Isabel Fuentes

Coordinadora de Comunicación Fundar

55543001 ext: 136

ana@fundar.org.mx

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

diecisiete − 16 =