Temacapulín, Jalisco, a 6 de noviembre de 2012
BOLETÍN DE PRENSA

• Jurado de la Preaudiencia “Presas, derechos de los pueblos, e impunidad”
  prepara su fallo sobre presas y violaciones a derechos humanos y de los pueblos
• Entregarán fallo a SCJN y los darán a conocer a prensa en Guadalajara y
  Ciudad de México

Personas y comunidades afectadas por presas de almacenamiento e hidroeléctricas
denunciaron cómo estos proyectos son impuestos desde el poder económico y político
pasando por encima de los derechos de los pueblos, violando leyes nacionales e
instrumentos internacionales de derechos humanos, mostrando, por parte de instituciones
de gobierno y empresas privadas, un gran desprecio por las personas, por sus pueblos y
sus historias, así como por la tierra, los ríos y la naturaleza. Durante dos días, integrantes
de resistencias y afectados ambientales y sociales de siete estados presentaron sus
denuncias, testimonios y argumentos técnicos, jurídicos, peritajes psicosociales e
historias de vida y resistencia ante el jurado internacional e interdisciplinario del Tribunal
Permanente de los Pueblos Capítulo México, en la mesa “Devastación ambiental”,
durante la preaudiencia “Presas, derechos de los pueblos e impunidad”.
Expusieron esta serie de denuncias y sus exigencias de justicia y de resarcimiento,
representaciones del Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde que se oponen
a la presa Paso de la Reina en Oaxaca; del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores
a la presa La Parota, en Guerrero; municipios de Ruiz y Rosamorada que se oponen a la
presa hidroeléctrica Las Cruces, en Nayarit; el Comité Defensa Verde Naturaleza para
Siempre que resisten a la presa hidroeléctrica El Naranjal en Veracruz; la señora María
Guadalupe Lara Lara del Comité Pro Defensa de Arcediano, desplazada por el proyecto
de presa en Arcediano, Jalisco; del pueblo anfitrión, el Comité Salvemos Temacapulín,
Acasico y Palmarejo, amenazados con ser desplazados por la presa El Zapotillo, en
Jalisco; personas afectadas por la presa El Cajón en Nayarit; desplazados por la presa
Cerro de Oro, de Oaxaca; así como los testimonios, en un foro de denuncia, de personas y
comunidades afectadas por las presas La Yesca, en Jalisco y Zongolica, en Veracruz.2
Quedaron evidenciadas distintas formas de violencia contra personas y comunidades:
La violencia directa contra la vida, la integridad física, la seguridad jurídica y el derecho
a vivir en paz, engendrada por una violencia estructural, intrínseca a un modelo de
gestión de la energía, el agua y todo proyecto de desarrollo que se concibe como negocio
sin contemplaciones para los derechos humanos y los derechos de los pueblos, e incluso
la violencia cultural, la que naturaliza, ya sea normalizando o al menos minimizando y
pretendiendo justificar, el despojo de sus hogares, comunidades, cultura y derechos de las
comunidades, en nombre de una supuesta utilidad pública que suele ocultar negocios y
beneficios privados.
Las personas afectadas se ven, por necesidad, convertidas en ingenieras, en
abogadas, defensoras de derechos humanos, en historiadoras, reporteras y escritoras de
sus vivencias, contando una pesadilla que nunca dejó de serlo, como la señora Guadalupe
Lara, con cuya prosa, confesional, lírica y también testimonial, social, se identificaron los
afectados por otros proyectos, y se conmovieron todos; asimismo, la historia de una lucha
por salvar su realidad y su mundo, lleno de ricos significados, para dejar la amenaza de
desalojo atrás como un mal sueño que algún día termine, contada por las comunidades en
resistencia de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, los hijos ausentes en Guadalajara,
Monterrey y los Estados Unidos y gente consciente en Guadalajara y León, Guanajuato.
Son diez casos distintos en tiempos y espacios, en grados de avance de las obras, en
el hecho de que algunas fueron canceladas como La Parota y Arcediano (aun después de
destruir el poblado y desplazar de manera forzada a la comunidad) y otras siguen en
curso o ya fueron construidas, pero tienen rasgos comunes por corresponder a un modelo
de desarrollo excluyente, que privilegia las necesidades de energía y agua de las grandes
empresas por sobre las vidas de personas y pueblos, la dignidad y los derechos humanos.
El día 7 de noviembre el jurado elaborará su fallo, que será presentado públicamente
en dos ruedas de prensa, la primera en Guadalajara el 8 de noviembre, a las 10:00 horas,
en el ágora del ex Convento del Carmen, con el fallo de los casos: Zapotillo, Arcediano,
La Yesca y las Cruces, de Jalisco y Nayarit.
El 8 de noviembre, a las 8:30 horas, se entregará el fallo íntegro a la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, en la ciudad de México; y a las 10:30 horas será dado a conocer
en una rueda de prensa en el auditorio del Centro Prodh, con la presencia del jurado,
representantes del MAPDER, Magdalena Gómez, integrante del Consejo de Garantes del
TPP Capítulo México y como testigos de honor: Adolfo Gilly, Daniel Giménez Cacho y
una representación del grupo Panteón Rococó.