México, 22 de septiembre.- En el panel de discusión de la Comision de Derechos Indígenas, en el pleno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Pablo Romo, miembro de Servicios y Asesoría para la Paz SERAPAZ, A.C., leyó el día de hoy  el siguiente texto sobre la situación que guardan los derechos de los pueblos indígenas en México:
 
Muchas Gracias,
En nombre de International Fellowship of Reconciliation y de Servicios y Asesoría para la
Paz, (SERAPAZ), México, quiero exponer nuestra preocupación sobre la situación que
guardan los derechos de los pueblos Indígenas.
 
En México, aún no se implementa la legislación y los estándares internacionales sobre
pueblos indios. Los Acuerdos de San Andrés, producto de las negociaciones de paz entre el
Gobierno Mexicano y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional distan mucho de haberse
cumplido.  Los crímenes cometidos por grupos paramilitares en este periodo han quedado
en su mayoría en la impunidad, tal es el caso de la masacre de Acteal, donde murieron
mayoritariamente mujeres indígenas y a la fecha ya se han liberado a prácticamente todos
los autores materiales de la masacre.  
 
La violencia en México es generalizada y en los territorios de los pueblos indios la
persecución de los crímenes es selectiva, criminalizando, penalizando y en ocasiones
desapareciendo o asesinando a líderes comunitarios.  
 
Nos preocupa, el peligro de desalojo de algunas comunidades cho’les y tzeltales en la selva
Lacandona en Chiapas por el pretexto del respeto de la biosfera de Montes Azules. De igual
forma, se han implantado numerosos megaproyectos que amenazan territorios de Pueblos
Indios en el nombre del progreso; como en la carretera Palenque a San Cristóbal de Las
Casas, Chiapas; la carretera Lerma a Naucalpan que divide y despoja de sus tierras a la
comunidad Ñañú de San Francisco Xochicuautla; la construcción de la represa de Las
Cruces, que afecta a comunidades Coras del Estado de Nayarit; o el Acueducto
Independencia que despoja del agua a la Tribu Yaqui.
 
A su vez, los proyectos extractivos de las grandes mineras afectan territorios del país,
coludiéndose en muchas ocasiones con grupos del crimen organizado y autoridades locales
para despojar a las comunidades de sus territorios y sitios sagrados.  Tales son los casos del
pueblo Wirárica, en San Luis Potosí; los Mepas de la Montaña de Guerrero y los zapotecos
en San Miguel del Progreso en Oaxaca; Lo mismo ocurre con la extracción de madera por
parte de grupos del crimen organizado en Michoacán, a los que se enfrentan comunidades
como Cherán y Ostula, mediante la organización de sus policías rurales, mismas que han
sufrido asesinatos y desapariciones de sus integrantes.
 
Pedimos a la comunidad internacional su apoyo para que envíen al relator especial sobre
Pueblos Indios que haga un Informe sobre la situación que guardan los pueblos indígenas
de México.