El pueblo indígena otomí de San Francisco Xochicuautla a través de su Consejo Supremo Indígena Otomí y sus Delegados, autoridades tradicionales indígenas elegidas por usos y costumbres, interpusieron un desafío jurídico contra la Presidencia de la República al argumentar tener mayores facultades legales en materia de su propio territorio y recursos naturales que cualquier otra autoridad del país. El pueblo indígena radicado en Lerma, estado de México vive históricamente en los bosques sobre los que ahora está trazada la ruta programada para la construcción de una autopista privada Naucalpan-Toluca concesionada al Grupo Higa.

Este 12 de octubre, en el marco de las movilizaciones que reivindican la lucha y resistencia indígena, el pueblo organizado de Xochicuautla junto con delegaciones de otros pueblos, personas de la sociedad civil y organizaciones que los acompañan en la lucha y defensa del bosque, se concentraron en las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para entregar una demanda de controversia constitucional. En esta demanda el pueblo organizado de Xochicuatla pone a determinación de la Suprema Corte una discusión jurídica y social en este país: no existe autoridad alguna que tenga mayores facultades en materia de territorio y bienes naturales que la propia autoridad indígena de cada uno de los pueblos indígenas en su propio territorio.

Ante la puerta de la SCJN cerrada y cubierta por vallas, el pueblo de Xochicuautla hizo una ceremonia a los cuatro puntos y una ofrenda a la madre tierra levantando flores y varas de maíz. Terminando la ceremonia las autoridades tradicionales dieron su mensaje de lucha y resistencia:

“No estamos dispuestos a ceder nuestro territorio, no estamos dispuestos a vender nuestras tierras, que son herencia de nuestros ancestros que es un bosque sagrado. Un bosque que año con año le da a México aire para vivir, del subsuelo se saca el agua que la ciudad de México consume, del subsuelo sacamos nosotros lo que nuestra madre tierra nos da de comer. Hoy en esa tierra que hemos estado cuidando año con año quieren atravesar una herida, una yaga, una carretera que nada más va a beneficiar a los ricos, una carretera que le va a sacar sangre a esa tierra y que va a modificar el medio ambiente. Nosotros no somos políticos solo defendemos esa tierra que nos vio nacer. Hoy venimos una vez más a hacerles ver y a exigir justicia para la comunidad de San Francisco Xochicuautla. Estamos orgullosos de ser lo que somos, de tener lo que tenemos y no estamos dispuestos a ceder ni un metro de tierra la cual nos dio la vida, es por eso que hoy le brindamos a la tierra lo que de ella sale, nosotros los otomies así pagamos y así damos las gracias a la madre tierra”.

Posteriormente Antonio Lara, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero habló del recurso de la controversia constitucional: “Lo que nos encomendó el consejo supremo fue buscar todas las herramientas jurídicas para combatir la infame expropiación de la que son víctimas que no es otra cosa que un despojo a sus tierras y un ataque a sus costumbres, sus tradiciones y a su cultura”. Antonio explicó que en Xochicuautla tienen un Consejo Supremo Indígena otomí y delegados que fueron electos frente a asambleas de usos y costumbres y bajo este contexto, Enrique Peña Nieto pretende hacer valer facultades legales sobre un territorio donde ya existe una autoridad tradicional y en donde el Derecho Internacional e instrumentos nacionales le reconocen al pueblo de Xochicuautla autonomía, forma de gobierno, sobre todo en materia de territorio y recursos naturales nadie puede estar por encima de las autoridades tradicionales. Lara añadió que a pesar de estos argumentos legales, en México no es suficiente para demostrar la razón a favor de Xochicuautla en términos jurídicos, sin embargo la controversia constitucional es un antecedente de que las autoridades tradicionales indígenas tienen facultades legales para que solo ellas aprueben el desarrollo de proyectos en sus territorios y esto tendría que sentar el precedente en todos los estados que tienen pueblos indígenas y con esto logre elevarse a rango constitucional el reconocimiento de que son los pueblos indígenas los que son los soberanos en sus territorios y en sus recursos naturales.

De esta forma el documento de la demanda de la controversia constitucional emitida por el pueblo de Xochicuautla se dejó pegado en la puerta cerrada de la SCJN. El evento de entrega continuó con danzas tradicionales y participaciones de pueblos solidarios que también se encuentran en la lucha por la defensa de su territorio y sus recursos naturales haciendo un llamado a no tener ninguna lucha aislada más y a unirse como pueblo en la defensa de la madre tierra.