Los pueblos, comunidades y organizaciones abajo firmantes queremos externar nuestra preocupación frente a las acciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador respecto de nuevos proyectos de inversión de grandes dimensiones que se contraponen con el derecho a la libre determinación de los pueblos.

En los últimos años hemos observado el surgimiento de numerosos procesos de defensa de la tierra, el territorio y los bienes naturales de pueblos y comunidades a lo largo y ancho del país. Esto como consecuencia de las reformas estructurales que privilegian los intereses de la iniciativa privada antes del respeto de los derechos humanos de los pueblos y comunidades. El impulso de megaproyectos de generación de energía, la industria extractiva y la privatización del agua, son algunos de los ejemplos de las graves violaciones al derecho a la tierra, al territorio y a los bienes naturales que han repercutido de manera negativa en el derecho a la vida digna de muchos pueblos y comunidades en México. Ante esta situación, cientos de pueblos, barrios y comunidades, se organizan para defender sus derechos frente a los gobiernos y empresas que afectan a sus tierras y territorios.

En las últimas semanas hemos sido testigos de la realización de una “Consulta Nacional sobre el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México”, así como de la “Consulta Nacional sobre los Programas Prioritarios”. En este contexto, observamos al presidente reunirse con empresarios, inversionistas y con el gobierno federal saliente, sin embargo, observamos una gran deficiencia de diálogo genuino con los Pueblos y las Comunidades potencialmente afectadas por dichos proyectos, así como con las organizaciones civiles que les acompañan en la defensa de sus territorios. En ese sentido, cuestionamos que se estén discutiendo proyectos de enormes dimensiones sin que se hayan cumplido con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y pueblos indígenas a que está compelido el Estado Mexicano.

Ante este escenario se hace imperante recordar al presidente Andrés Manuel López Obrador, la existencia de la normatividad en materia de libre determinación, del derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo, informado y culturalmente adecuado que tienen los Pueblos y Comunidades en México, mismos que están contemplados en la Constitución Mexicana (art. 2,), el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, por nombrar sólo algunos y que, cabe mencionar también, establecen modalidades especiales en la garantía del acceso a la justicia de los pueblos y comunidades indígenas. Esto significa que el gobierno mexicano tiene el deber de respetar y garantizar los derechos antes mencionados en las discusiones sobre proyectos de dimensiones tales como el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, el Tren Maya, así como el proyecto de desarrollo del Istmo de Tehuantepec. De lo contrario no sólo afectan la vida de los pueblos, sino que también comprometen la responsabilidad internacional del Estado Mexicano.

Vemos una oportunidad histórica para el gobierno entrante de dar respuestas integrales y de contenido a las preguntas que históricamente han sido una deuda para los Pueblos y Comunidades del país, mismas que tienen que ver con el respeto a sus derechos. El derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado es uno de ellos y ante el cual se hace necesario preguntar: ¿cuál ha sido el diálogo que se ha sostenido con las comunidades y los pueblos que pueden resultar con alguna afectación por la implementación de dichos proyectos? ¿Se está garantizando el respeto a la Consulta en concordancia con el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y a los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos?

La violación al Derecho a la Consulta y al Consentimiento libre, previo e informado conlleva la afectación directa del ejercicio de otros derechos fundamentales para los Pueblos y Comunidades. Estos derechos protegen su facultad de decidir sobre su propia forma de vida, sobre la capacidad de libre determinar su desarrollo con base en sus parámetros de vida digna.

Recordamos también al presidente que otra de las obligaciones del Estado Mexicano, es realizar estudios respecto de los impactos sociales, espirituales, culturales y ambientales, cada vez que pretendan realizarse proyectos de inversión que impliquen a los pueblos originarios. Dicha obligación existe para México a partir de la entrada en vigor del Convenio 169 de la OIT en 1991; obligación que fue reafirmada por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2007. Entre dichos criterios se contiene que los estudios de impacto deben ser realizados por el Estado, deben ser previos al otorgamiento de cualquier permiso, deben abordar el impacto acumulado de los proyectos ya operando y los propuestos y deben efectuarse en colaboración plena con los pueblos interesados. Así, cualquier proyecto de inversión que pretenda implementarse en territorios indígenas, debe contar con análisis sustentados sobre sus impactos, realizados bajo los estándares internacionales.

Para el caso de los proyectos que el nuevo gobierno pretende implementar preguntamos: ¿dónde están los Estudios de Impacto Social y Ambiental? En caso de existir ¿cuál fue el proceso que se siguió para realizarlos? ¿cumplen con los estándares internacionales a que está obligado el Estado Mexicano?

Para los Pueblos, Comunidades y organizaciones que suscribimos, es indispensable contar con las respuestas de las preguntas que aquí formulamos y saber con ello del cumplimiento o no de las obligaciones del Estado. Asimismo, consideramos imprescindible que el gobierno entrante proteja, respete, garantice y promueva los derechos de los Pueblos y Comunidades, observando tanto la normatividad nacional y los máximos estándares internacionales en materia de derechos humanos, como el irrestricto derecho histórico de los pueblos a la libre determinación.

Con este pronunciamiento hacemos un recordatorio de las obligaciones irrenunciables del Estado Mexicano para hacer justiciables los Derechos Humanos y encomiamos al presidente Andrés Manuel López Obrador a dar diálogos y respuestas integrales a los Pueblos y Comunidades, en esta oportunidad histórica de enmendar las violaciones cometidas a sus derechos en los sexenios anteriores para dejar de perpetuar la discriminación y marginación hacia los pueblos, así como la imposición de visiones de desarrollo que les vulneran.

Atentamente:

Autoridades de la Tribu Yaqui de Vícam, Bosques de San Elías Repechike, Centro de Atencióna la Mujer Trabajadora, Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, AC (CDMCH), Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.A.C, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C., Colectivo Feminista Mercedes Olivera y Bustamante A.C., Comité de Mujeres Ecologistas de La Huizachera, Comité Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo; Comunidad Indígena en Resistencia San Francisco Xochicuautla, Consejo Ciudadano Indígena de Nahuatzen, Consultoría Técnica Comunitaria, A.C, Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la Huasteca Potosina A. C. (COCIHP), el Barzon Chihuahua, El Jardín de la Esperanza, Enlace Comunicación y Capacitación A. C., Formación Sindical y Exterior STINCA, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra- Atenco, Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos-Puebla, Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C., Guerreros Verdes A.C., Indignacion promocion y defensa de los derechos humanos A.C, Instituto Mexicano Para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC), Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB), Movimiento Agrario Indígena Zapatista, Mujer y Medio Ambiente, Nuiwari, A.C. Consejo Indígena Nayeri, Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, A.C. (ProDESC), Red para el Desarrollo Rural Sustentable, A.C., Semillas de Vida., Servicios para una Educación Alternativa A.C – EDUCA., Servicios y Asesoría para la Paz A.C., Tlalij, Yolojtli uan Nemililistlij A. C., Tonelhuyotzin Nuestra Raíz A.C, Union de Pobladores y Pobladoras en Defensa de la Tierra el Territorio y los Recursos Naturales de Chablekal, Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la Salud y el Territorio (UPOJAST).