* Misión Civil exige al gobierno de Guatemala garantizar condiciones de vida digna

Comunicado conjunto

Las y los pobladores de Nueva Esperanza retornaron a su tierra, Guatemala, el 28 de febrero pasado, después de resistir año y medio en condiciones críticas, desplazados hacia la línea fronteriza con México al ser desalojados con violencia por el ejército de su país en agosto de 2011.

El retorno a su tierra y reubicación en una finca renombrada “El triunfo de la nueva Esperanza”, ubicada en el Petén, cerca de la capital de ese departamento, ocurrió después de llegar a un acuerdo con el gobierno de Guatemala. En ese nuevo lugar, las y los pobladores continúan en condiciones críticas, sin vivienda y sin agua.

Una Misión Civil decidió acompañar el retorno acordado entre los pobladores y el gobierno y exigió a los gobiernos de México y Guatemala seguridad para las y los desplazados durante el trayecto y condiciones para establecerse con dignidad.

Esta Misión, conformada por 10 organizaciones de derechos humanos de México, documentó las condiciones en las que vivieron y resistieron desde agosto de 2011, ante la desatención de los gobiernos de Guatemala y México, países que incumplieron sus obligaciones en materia humanitaria ante desplazamientos. La Misión publicó dos informes en el año y medio que duró el desplazamiento en la línea fronteriza, escribió cartas a ambos gobiernos, participó en reuniones con autoridades de México y promovió el envío de comunicaciones a ambos gobiernos.

La desatención de los gobiernos de México y de Guatemala generó condiciones críticas que pusieron en riesgo la vida, particularmente de la infancia desplazada, y ocasionaron la muerte de una niña.

Guatemala, responsable del desalojo, incumplió con las normas mínimas en estos casos para garantizar la atención inmediata de la población desplazada. México incumplió obligaciones de asistencia humanitaria.

Al llegar al lugar del Petén acordado para establecerse, a la Misión Civil le preocupó observar las condiciones en las que las y los desplazados pasarían esa noche y las siguientes. Sin techo, sin suelo, sin lugar dónde dormir, sin trazo, lo que incumple las obligaciones de los gobiernos en casos de reasentamiento y de reinstalación, más aún considerando que la mayoría de las y los desplazados son niñas y niños y, muchos de ellos, todavía de brazos.

Al respecto, el numeral 55 de los Principios Básicos sobre desalojos y desplazamientos, de Naciones Unidas establece que:

“Los lugares determinados de reinstalación deben responder a los criterios de una vivienda adecuada de acuerdo con el derecho internacional relativo a los derechos humanos. Entre éstos figuran: a) seguridad de la tenencia; b) servicios, materiales, instalaciones e infraestructuras tales como agua potable, energía para cocinar, calefacción y luz, saneamiento, lavaderos de ropa, formas de almacenar alimentos, vertederos de basura, drenajes del lugar y servicios de emergencia, y en los casos apropiados, acceso a recursos naturales y comunes; c) vivienda asequible; d) vivienda habitable que ofrezca a los habitantes espacio suficiente, protección del frío, la humedad, el calor, la lluvia, el viento y otras amenazas a la salud, peligros estructurales y portadores de enfermedades, y que garantice la seguridad física de sus ocupantes; e) accesibilidad para los grupos en situación de desventaja; f) acceso a las oportunidades de empleo, servicios de atención de la salud, escuelas, centros de cuidado del niño y otras instalaciones sociales, tanto en las zonas urbanas como rurales; y g) una vivienda culturalmente apropiada.

Esta Misión Civil celebra el triunfo del pueblo desplazado que decidió permanecer junto, como pueblo, aun en condiciones críticas.

Pero, a la vez, la Misión Civil deplora la actuación de los gobiernos de México y de Guatemala en este caso. El gobierno de México incumplió obligaciones de asistencia humanitaria y, en un momento dado, incluso deportó a varios de las y los desplazados con la engañosa figura de repatriación voluntaria y mientras estaba en curso una mesa de negociación. Esta indebida actuación de funcionarios mexicanos, incluyendo al anterior delegado de Migración, continúa impune.

El reasentamiento se realizó con acuerdo de las partes, sin embargo, la Misión expresa su extrañamiento al gobierno de Guatemala por haber impedido la opción del retorno, a pesar de que las Directrices ya citadas establecen que se debe otorgar prioridad al derecho al retorno y a que la legislación establece que se puede capacitar a poblaciones para ser cuidadoras de reservas naturales. Asimismo expresamos nuestra extrañeza porque en los acuerdos no se menciona expresamente una indemnización a la población desalojada.

De manera urgente, la Misión Civil de Observación llama al gobierno de Guatemala a garantizar a las y los pobladores de “El triunfo de la Esperanza”, también conocida como Finca Ebenezer, condiciones que les permitan establecerse con dignidad y salvaguardando el derecho a la salud, a la vivienda y a la vida de manera inmediata.  Agua, alimentación y vivienda son condiciones de emergencia que deben ser atendidas de inmediato y sobre las cuales, particularmente, hacemos el llamamiento urgente al gobierno de Guatemala.

La Misión Civil de Observación también anota que en ningún momento del trayecto se obstaculizó nuestro trabajo de acompañamiento al retorno ni nuestra labor de observación. Esta Misión se mantendrá atenta al establecimiento del pueblo de Nueva Esperanza en su nueva tierra, El triunfo de la Nueva Esperanza.

La Misión Civil está integrada por 10 organizaciones de derechos humanos de México, entre otras “La72 Hogar Refugio para personas Migrantes”, de Tenosique, Tabasco, quien se ha mantenido atenta al caso y asistiendo humanitariamente, en la medida de sus posibilidades, a las familias guatemaltecas.

También participan en la Misión Civil Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) Chiapas, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Equipo Indignación y la Red de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (conformada por 75 organizaciones de 22 estados de la República mexicana),  entre otras organizaciones.