Tlapa de Comonfort, Guerrero a 3 de junio de 2019.

El Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa la Parota (CECOP) se formó en el 2003 para defender el río Papagayo contra un mega-proyecto impuesto por la Comisión Federal de Electricidad, el Gobierno Federal y el Gobierno Estatal sin una consulta previa, libre e informada a las y los habitantes indígenas de la zona afectada. Posteriormente, su proceso organizativo los llevó a integrar la Policía Comunitaria.

El 7 de enero del 2018, ocurrió un enfrentamiento armado entre integrantes de la Policía Comunitaria y sujetos armados, que resultó en la muerte de 8 personas. Al día siguiente, un operativo policíaco masivo detuvo con lujo de violencia a 38 personas en La Concepción, torturó a 8 personas y ejecutó de manera extrajudicial a otras tres personas.

Mientras las graves violaciones a los derechos humanos perpetradas por las autoridades han permanecido en la total impunidad, a pesar del llamado de la ONU a investigar los hechos1, hoy, miércoles 22 de mayo del 2019, inicia el juicio oral contra 16 defensores indígenas del agua y del territorio, que llevan un año y 4 meses privados de libertad, acusados de delitos que no cometieron.

En efecto, la acusación contra los defensores del CECOP se sustenta únicamente en pruebas amañadas y recaudadas de manera ilegal, bajo un marco de tortura y de incomunicación, mismas que al garantizar el debido proceso deberían de ser invalidadas por el Tribunal judicial, y por ende, los integrantes del CECOP deberían ser liberados.

El proceso judicial al cual se están enfrentando los 16 defensores comunitarios del CECOP y de la Policía Comunitaria responde a un patrón de criminalización de los defensores indígenas del territorio. Como lo denunció la relatora especial de derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz2, el Estado usa el sistema de justicia penal en contra de los pueblos indígenas cuando defienden sus derechos.

Es tiempo de que el gobierno cambie de actitud frente a los movimientos sociales: en vez de criminalizar a los defensores del territorio, debería entablar un diálogo para escuchar la voz de los pueblos originarios en todos los proyectos de desarrollo que los pueden afectar; y en el caso de los bienes comunales de Cacahuatepec, deberá diseñar una ruta de conciliación que evite más enfrentamientos y violencia entre campesinos.

Por ello, las organizaciones firmantes llamamos a las instituciones a:

●  Liberar a los 16 defensores comunitarios del CECOP y de la CRAC-PC.

●  Investigar de manera diligente las graves violaciones a derechos humanos ocurridas el 7 de enero del 2018, especialmente las tres ejecuciones extrajudiciales, las 8 personas torturadas, y castigar a los culpables.

●  Dejar de usar el sistema de justicia para criminalizar las y los defensores de derechos humanos en el estado de Guerrero.

●  Respetar el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada sobre proyectos que afectan su territorio.