***Palabras de Dolores González de Serapaz en la presentación del Consejo Asesor del Programa Nacional de Derechos Humanos 2019-2024

En el contexto actual de alta violencia y profundo deterioro social y ambiental acumulado en las décadas recientes, pero también de nuevas oportunidades y desafíos, la sociedad ha reclamado la paz como su anhelo más sentido.

Sin embargo, a lo largo de estos años hemos aprendido que no es sólo mediante la reducción de la violencia que lograremos la paz que necesitamos. Requerimos construir una paz duradera, la que deviene del proceso de transformación de las estructuras y relaciones sociales que generan exclusión e injusticia, fundando nuevas formas de convivencia basadas en el pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos, para que todas las personas vivan con justicia, dignidad y autonomía, libres de necesidad y libres de miedo.

Entiendo por ello que la elaboración del Programa Nacional de Derechos Humanos, si bien es el instrumento rector del Estado para definir las políticas que garanticen el respeto y ejercicio de derechos, tendrá reto principal convertirse efectivamente en un parámetro cotidiano de actuación para los servidores públicos y en una herramienta útil de exigencia social.

Si bien el Estado mexicano ha aprobado numerosas reformas y ordenamientos jurídicos, y ha firmado decenas de tratados y convenios internacionales para la protección de derechos, lo cierto es que México vive una profunda crisis de derechos humanos con enormes costos sociales que en algunos casos alcanzando la dimensión de una tragedia humanitaria. El desfase entre la norma y la realidad es abismal.

¿De qué manera, entonces, puede contribuir el diseño de este programa a cambiar esta situación?

¿Cómo lograr que su contenido responda en la práctica a las necesidades y expectativas de los titulares de derecho y en especial de quienes son más afectados?

¿Cómo lograr su cumplimiento cabal?

Necesitamos considerar varias cosas:

Construir una visión integral y de largo alcance que considere las causas estructurales, la raíz de los problemas y su vínculo con la situación actual, con las condiciones coyunturales para identificar en ellas los puntos de inflexión que permitan impulsar transformaciones profundas, atendiendo también a las problemáticas específicas que se enfrentan cotidianamente.

Los derechos constituyen una dimensión vital de conflicto social y político, la violación de estos y la lucha por su reconocimiento y ejercicio están en la base de las violencias que hoy vivimos en el país, las sistémicas, las más extremas, aquellas que derivan en las relaciones patriarcales y colonialistas que permean nuestra cultura. Y si bien establecen un conjunto de valores comunes, una medida compartida para la justicia social, los procesos para su interpretación y cumplimiento son frecuentemente debatidos.

Hablar en estos momentos de temas tan relevantes y urgentes como los derechos de las personas migrantes considerando los distintos factores la crisis actual desde el principio pro persona; de las y los defensores y periodistas, o el derecho a la seguridad, el derecho al territorio, los derechos de las personas desaparecidas, el derechos a la salud, a la educación, al trabajo, todos ellos de una gran complejidad en el escenario actual y que requieren respuestas amplias y de fondo, pertinentes y suficientes, con acuerdos básicos para un abordaje realmente adecuado y efectivo, sólo por mencionar algunos casos entre la enorme diversidad de actores y temáticas deberán estar involucradas en este esfuerzo.

Cómo se ha señalado ya, coincido en que las posibilidades de avanzar en este camino están en abrir un proceso que promueva condiciones para lograr la mayor inclusión y participación.

Sólo desde las preocupaciones, necesidades e intereses de los propios sujetos de derecho y con otros actores involucrados en cada problemática que será posible la elaboración de un programa que incorpore todas las perspectivas,  propuestas y compromisos necesarios para aproximarnos a los cambios deseados.

Una tarea de este consejo tendrá que ser la de cuidar la incorporación de estos actores, de las organizaciones civiles, organismos internacionales, los colectivos de víctimas, de organismos públicos de Derechos Humanos, de afectados,  plataformas, redes, académicos y expertos.

Garantizar y priorizar la visión y propuesta desde los procesos locales, ahí donde las graves violaciones de derechos toman forma concreta y se generan también los espacios privilegiados de propuestas y de cambio. 

Incorporar a las entidades públicas y privadas involucradas en las problemáticas y temáticas en cuestión para que se comprometan con los resultados de este esfuerzo.

Reconocer y ponderar la riqueza de aportes desde las experiencias directas de las víctimas y sus saberes colectivos, así como las capacidades técnicas y propuestas que se han construido en la sociedad civil en procesos deliberativos y de elaboración conjunta durante años de trabajo continuo.

Para ello se requiere generar procesos diálogo y construcción de acuerdos donde estos aportes, los puntos de encuentro realmente influyan en las decisiones tanto en las más particulares, como las de mayor alcance, es decir con una participación sustantiva para la definición de contenidos.

Un proceso así tendrá como resultado un programa con pertinencia y legitimidad para su apropiación e implementación. Si queremos que este programa sea una ruta de transformación social se requiere que los sujetos de derechos lo hagan suyo promoviendo activamente su cumplimiento.  Este será el factor clave de su viabilidad a futuro.

Se requiere el concurso de todas y todos, la historia de estos ejercicios nos ha hecho escépticos, pero la grave, insostenible, intolerable realidad que hoy vivimos nos obliga a desplegar todos los recursos posibles para transformarla. Dependerá del compromiso institucional con el proceso, de la apuesta que pongan en este proceso las víctimas y la sociedad civil, pero sobretodo de la convicción de unos y otros para romper los mecanismos que perpetúan la violencia y de que es posible acercarnos cada vez más a la verdad, la justicia, la reparación y las medidas de no repetición, de que es posible construir a la paz verdadera.

Nota aclaratorio: son las palabras de Dolores González de Serapaz en la presentación del Consejo Asesor del Programa Nacional de Derechos Humanos 2019-2024