Aquí el programa en Rompeviento

Chalchihuitán y Chenalhó son comunidades de Los Altos de Chiapas que históricamente han tenido mucha relación y que desde 1976 están sumidos en un conflicto territorial con graves implicaciones sociales y culturales. El conflicto se ha agravado, a tal punto que el 18 de octubre de 2017 un grupo armado (paramilitar) de Chenalhó desplazó violentamente a más de 5000 mil personas de Chalchihuitán quienes buscaron refugio en la montaña.

Al conflicto territorial se le han sumado nuevas problemáticas, una de ellas es cuando el Gobierno Federal Priista convierte sus bases en Chiapas en bases del Partido Verde, como una forma de agradecimiento por la alianza partidista que permitió que se lograra la presidencia en 2012. La transición no funcionó porque no fue construida, fue una violación a los usos y costumbres y porque más allá del partido, quienes gobiernan son las comunidades, así que se ha generado en los dos últimos años problemas de orden electoral.

Otro problema que suma al conflicto territorial es que en los Altos de Chiapas existen grupos armados paramilitares que por medio de la fuerza presionan para lograr demandas u objetivos. Estos grupos no son nuevos, Chenalhó es el mismo municipio donde hace 20 años sucedió la masacre de Acteal, que continúa impune y que esa impunidad permite que el conflicto armado no esté resuelto y que los grupos armados sigan operando, como es el caso de Chenalhó y sus autoridades que usan a los paramilitares en la disputa territorial complicando aún más el conflicto entre las comunidades.

Otro factor es el espacio geográfico, Chiapas al ser frontera sur de México y ser zona de paso, recibe personas migrantes y se enfrenta a dinámicas e intereses del crimen organizado.

A los factores anteriores, se suma la espera por la resolución del Tribunal Agrario que intervino a solicitud de ambos grupos. Se esperaba que el arbitraje del Tribunal favoreciera a alguno, sin embargo, aún sin tener el dictamen del Tribunal, el 18 de octubre grupos armados desplazaron forzadamente a más de cinco mil personas de 13 comunidades de Chalchihuitán que estaban en el territorio que se disputan. Ambos grupos cuentan con argumentaciones jurídicas para considerar el territorio como propio, lo que genera el principal problema.

Después de semanas y por la presión de la sociedad civil ante la crisis humanitaria de las personas desplazadas forzadamente, el 21 de diciembre el Gobierno Federal reconoce que hay una problemática y realiza una reunión de trabajo con el gobierno del Estado de Chiapas, con autoridades municipales de Chalchihuitán y Chenalhó, con presencia de sociedad civil y de la Diócesis de San Cristóbal.  Esta reunión reconoce que la situación lejos de resolverse se estaba radicalizando, se hacía más compleja y más grave.

Como resultado se establecen 4 mesas de trabajo:

1. La primera mesa, en la donde el responsable es el Gobierno del Estado de Chiapas, es para atender la crisis inmediata y proporcionar ayuda humanitaria que implica reconocer el desplazamiento forzado derivado de una acción violenta de un grupo armado. Esta mesa conlleva la atención a las más de 1200 personas desplazadas, brindando asistencia médica, alimentación, techo, etc, fuera de sus comunidades y también debe de garantizarles condiciones de retorno seguras a sus lugares.
2. La segunda mesa es la de seguridad, que está ligada con la ayuda humanitaria. El planteamiento es generar condiciones de distención en la región, es decir, el desarme de los grupos armados porque está claro que mientras estos grupos sigan actuando fuera de la ley, no hay condiciones de distención o de diálogo. Esta mesa está a cargo del Gobierno del Estado de Chiapas con respaldo del Gobierno Federal.
3. La tercer mesa está a cargo de Gobierno Federal con respaldo del Gobierno del Estado, es parte de una segunda etapa y es la mesa agraria. Se propone buscar una solución con base jurídica pero también una solución que obedezca al diálogo y acuerdos entre los dos grupos. Esta mesa es complicada porque participa el Gobierno Federal a través de la Secretaria de Gobernación y la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la cual, hace 45 años tuvo responsabilidad con el origen de los errores de medición que comenzaron esta disputa formal por la tierra.  Sedatu, Gobierno del Estado y Gobierno Federal aceptaron abrir esta mesa para buscar soluciones de fondo.

Es importante precisar que la resolución del Tribunal Agrario emitida en diciembre de 2017, en estricto sentido no dictamina a favor de ninguna de las dos partes, reconoce que hay un error en la medición de los deslindes y establece la necesidad de reponer el procedimiento, pero en la resolución explicita la necesidad de buscar una conciliación, es decir, no puede haber una solución jurídica satisfactoria para las dos partes porque las dos partes jurídicamente tiene razón. Esta mesa agraria tiene la tarea de generar condiciones de diálogo y un acuerdo de fondo que se tendrá que hacer en un segundo momento cuando existan condiciones de diálogo que será posible después de la distención, es decir, después del desarme.

1. La cuarta mesa es la de desarrollo y el responsable es Gobierno Federal. Esta mesa reconoce que hay carencias en la región y que este conflicto para poder ser resuelto necesita brindar a las comunidades de programas especiales, de respaldo, de infraestructura, de producción, de vivienda, etc.

Como se observa, hay dos mesas que se desarrollan a corto plazo que están a cargo del Gobierno del Estado y dos mesas que se deben de desarrollar a mediano plazo a cargo de Gobierno Federal. Lo urgente e inmediato son las dos primeras mesas, sin embargo, van muy lentas.  No opera un auténtico desarme, aún hay disparos en la noche y hay condiciones que mantienen el desplazamiento forzado de más de 1200 personas. Es de preocupación ya que la ayuda humanitaria ha llegado pero no están garantizadas las condiciones de retorno.

Es importante resaltar que lo urgente y lo inmediato es generar condiciones de desarme y retorno, sin embargo, no resuelve la causa y el fondo del conflicto por lo que es necesario que la sociedad entienda que se necesita crear respaldo en acciones inmediatas y después en las acciones profundas que va a implicar un acuerdo entre las comunidades, un acuerdo difícil porque las condiciones entre ellos no son ahora de dialogo, hay desconfianza, polarización, distancia, debido a la acción del grupo armado.  La otra parte será que podamos como sociedad civil, local, nacional, internacional, como procesos eclesiales solidarios, propiciar la creación de condiciones de convergencia que permitan una mesa que en términos jurídicos y políticos resuelva la problemática agraria de fondo y que se pueda acordar con el Gobierno Federal todo un programa de desarrollo.

Estamos en esas dos dimensiones con esta urgencia por el drama humano que se está viviendo por el riesgo de violencia, que a pesar de estos acuerdos todavía existen y ahí es en donde tenemos que asegurar que el Gobierno del Estado con respaldo del Gobierno Federal cumpla con garantías de retorno y el desarme, esto será la mejor manera para poder avanzar en la construcción de condiciones de diálogo para una solución profunda y duradera.

Les pedimos que sigan pendientes, activos y en todo caso claros que este problema requiere una visión amplia. Las comunidades lo ameritan y merecen, hemos sido testigos que las dos comunidades saben que es el momento de parar la situación de violencia, si no lo logran el conflicto se alargará por largo tiempo, existirá una mayor polarización y sentimiento de revancha. Las comunidades y autoridades tienen disponibilidad para alcanzar la paz.

Este esfuerzo de diálogo y de resolución del conflicto es clave para la región de los Altos de Chiapas, para el resto del estado y para muchas zonas indígenas que viven este tipo de violencia, por lo que este conflicto es importante y obtiene un carácter nacional y emblemático.