México, 10 de diciembre del 2015

Detención de profesores en Oaxaca, amenazas, persecuciones y campaña mediática muestran la ausencia de diálogo y de voluntad política de autoridades del estado y federales para solucionar problemas del magisterio.

Los días 28 y 29 de octubre de 2015 fueron detenidos en el estado de Oaxaca los profesores ROBERTO ABEL GIMÉNEZ GARCÍA, OTHON NAZARIEGA SEGURA, EFRAÍN PICAZO PÉREZ y JUAN CARLOS OROZCO MATUS, por personas vestidas de civil, a bordo de vehículos sin logotipo, fuertemente armadas, sin mostrar orden de aprehensión y con lujo de violencia. A dos de los profesores los sacaron de sus domicilios particulares, encañonándolos con armas largas, junto con testigos y familiares.

A pesar de que familias, amigos y abogados iniciaron inmediatamente su búsqueda en la delegación de la PGR-Oaxaca y en los ocho Juzgados de Distrito en Oaxaca, las instituciones negaron tenerlos a disposición. Después de aproximadamente 11 horas sin saber sobre su paradero, en redes sociales así como en televisión de cadena nacional circuló un video donde se observó a los cuatro profesores custodiados y trasladados por elementos de la Policía Federal, como si fueran culpables y delincuentes de alta  peligrosidad. Sólo hasta dos días después algunos familiares pudieron ingresar al CEFERESO, observando que los profesores tenían fuertes hematomas en el rostro y cuerpo.

Los profesores declararon sin la presencia de un abogado de confianza y se les impuso un defensor de oficio. Fue hasta 7 días después que los profesores pudieron entrevistarse con sus abogados y recibir notificación de las causas penales y delitos que se instruían en su contra.

En este contexto de detenciones arbitrarias, violaciones a los derechos humanos y violaciones al debido proceso, se les dictó auto de formal prisión. Por ello, el 2 de Noviembre se presentó una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y se solicitó la intervención de la Unidad de Observación de la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Previo a esta detención, los hoy detenidos habían tenido sus teléfonos intervenidos, vigilancia constante en su domicilio, amenazas vía telefónica, seguimiento policiaco y parapoliciaco; al profesor Picazo le fue bloqueada su cuenta de nómina por parte del Banco Santander y de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, bajo el argumento de que pertenece a la Sección XXII y que esta organización sindical financia movimientos armados. Asimismo, habían sido objeto de una campaña mediática en diferentes medios de comunicación, donde se criminaliza permanentemente la protesta magisterial; campaña que se mantiene contra toda la representación sindical de la Sección XXII y de la CNTE.

Estos hechos reflejan la grave ausencia de un diálogo público, así como la falta de voluntad política de las autoridades en sus diferentes niveles. Los hechos que están viviendo los cuatro profesores detenidos -y la sección XXII en su conjunto- son la salida autoritaria que instituciones estatales y federales ofrecen frente a la compleja problemática que enfrenta el magisterio. Con ello, lejos de encontrar soluciones, vemos cómo se facilita a la violencia y al terror una mayor oportunidad para invadir territorios oaxaqueños.