La hidroeléctrica Las Cruces es un proyecto que pretende construirse sobre el río San Pedro Mezquital en el estado de Nayarit, el último río libre de presas en la sierra madre occidental. El viernes 10 de julio del 2015, integrantes de organizaciones que acompañan al movimiento en contra del proyecto hidroeléctrico como Nuiwari, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Colectivo de Abogados y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos dieron a conocer información relevante sobre proceso del movimiento de los pueblos afectados por la hidroeléctrica.

 Informaron que la construcción del proyecto hidroeléctrico tendría impactos negativos en el territorio, los recursos naturales y en la forma de vida de pueblos indígenas de origen náyeri, wixárica, mexicanero y tepehuano. Estos pueblos, que se encuentran ubicados aledaños al río, lo identifican como un lugar central en sus ceremonias de usos y costumbres, y utilizan los recursos naturales ribereños para garantizar su subsistencia en actividades como la pesca artesanal y la agricultura. Con la construcción de la hidroeléctrica Las Cruces se inundaría el poblado de San Blasito y algunas tierras comunales cultivables pues anudaría cerca de 44 mil hectáreas, además de 18 lugares sagrados y un centro ceremonial.

El proyecto hidroeléctrico carece de un estudio amplio y real de impacto ambiental, socioeconómico y cultural, sin embargo la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales dio el permiso ambiental al proyecto sin haber garantizado el derecho a la consulta de los pueblos originarios afectados. Organizaciones que acompañan a las comunidades de Nayarit, consideran que el proceso de consulta se redujo a un trámite de información de los beneficios de la presa, que es una de las cinco que la CFE construirá sobre el cauce del río San Pedro. La hidroeléctrica  forma parte del Sistema Hidráulico Interconectado del Noroeste (SHINO), que desviará el agua de éste y otros ríos hasta Sonora, donde el agua es insuficiente para la agroindustria. El SINHO comprende la explotación de 16 ríos, tres de ellos en Nayarit.

 Así mismo, hay una clara represalia contra comunidades que se resisten al saqueo de su cultura y defienden sus derechos como pueblos indígenas, pues se ha dado un aumento de incidentes de intimidación a líderes del movimiento que resisten en contra de la construcción de la hidroeléctrica en lo que va de la primera mitad del 2015. Como resultado de la criminalización, hay son cinco presos políticos se oponen a la construcción de la hidroeléctrica y que fueron acusados por la procuraduría local por comentar en una asamblea la intensión de crear un sistema propio de defensa y vigilancia. Además el secretario de Gobierno, José Trinidad Espinoza Vargas, ha declarado que el crimen organizado financia a los grupos opositores a la presa, lo cual es falso. Espinoza ha comunicado que la construcción de la hidroeléctrica iniciará en enero de 2016.

Más información en el comunicado de prensa:

Defensores de derechos humanos afectados por hidroeléctrica Las Cruces son víctimas de criminalización e intimidación

Los líderes del movimiento de defensa de los pueblos indígenas afectados por el proyecto en Nayarit llevan detenidos dos meses sin derecho a fianza; denuncian abuso de autoridad. El proyecto fue autorizado por SEMARNAT pese a que no se garantizó el derecho a la consulta previa de las comunidades indígenas afectadas.

Nayarit, México. Los incidentes de intimidación contra los líderes indígenas del movimiento de defensa del territorio que será afectado por el proyecto hidroeléctrico Las Cruces, han aumentado en la primera mitad del año. El Secretario General de Gobierno, José Trinidad Espinoza Vargas, acusó que las movilizaciones tienen el apoyo del crimen, lo cual es falso  A ello se suma la criminalización de la que son víctimas autoridades ejidales y tradicionales de los territorios que serán afectados por la hidroeléctrica, ya que cinco de ellos denuncian abuso de autoridad por estar detenidos de manera arbitraria hace dos meses sin derecho a fianza.
En el contexto de megaproyectos como la hidroeléctrica Las Cruces, el gobierno ha conformado estrategias de intimidación y criminalización de defensores de derechos humanos que se oponen a la explotación de su territorio; ése es el caso de los cinco presos políticos, acusados de delitos sin pruebas. Los líderes han sido acusados del delito de asociación delictuosa por la Procuraduría local derivado de la intención de crear un sistema de vigilancia comunitaria. Lo anterior fue expresado a manera de opinión en sus reuniones comunitarias.
Ante ello, Lucía Chávez, Coordinadora de Investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, expresó la necesidad de que el gobierno del Estado de Nayarit, así como todas las dependencias involucradas en el proyecto, reconozcan la legitimidad de las personas defensoras de derechos humanos.
En una conferencia de prensa realizada esta mañana, hizo notar que la labor de las y los defensores de derechos humanos es fundamental en un Estado democrático, por lo que se debe transmitir el mensaje de que las agresiones de criminalización hacia su labor están totalmente fuera de lugar y los colocan en riesgo; por lo que deben parar las descalificaciones hacia las personas y colectivos que se oponen al megaproyecto. Asimismo, hizo hincapié en la responsabilidad del Estado mexicano de proteger y asistir a personas y grupos que corren el riesgo de ser desplazados tanto por un megaproyecto, como por los actos de hostigamiento derivados de la defensa de sus derechos.
La protección contra el desplazamiento interno es un mandato constitucional que se desprende de las obligaciones de proteger, garantizar y defender los derechos humanos; así como de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos. Al respecto, tanto el Convenio 169 de la OIT (artículos 15 y 16) como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (artículo 10) establecen que los pueblos indígenas no serán desplazados por la fuerza de sus tierras o territorios, ni se procederá a ningún traslado sin el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas interesados, y sin la existencia de un acuerdo previo sobre una indemnización justa y equitativa, y siempre que sea posible la opción del regreso.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) otorgó el permiso ambiental al proyecto sin haber garantizado el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas Náyeri, Wixárica, Mexicanero y Tepehuano. La SEMARNAT condicionó la autorización a que la Secretaría de Energía compruebe la realización de una consulta a los pueblos indígenas, lo cual debería haber ocurrido antes de emitir el permiso.
“Conforme a los estándares internacionales, la consulta previa y el consentimiento libre e informado de  los pueblos indígenas no sólo consiste en comunicarles el proyecto como lo condiciona la SEMARNAT en la autorización de impacto ambiental de Las Cruces; en este caso, la Comisión Federal de Electricidad, entidad a cargo del proyecto, debió de consultar de manera, previa, libre, informada y de buena fe a estos pueblos desde el diseño del plan hidroeléctrico, conforme a las instituciones indígenas, y a sus usos y costumbres para proteger su integridad cultural, social y económica”, indicó Astrid Puentes, codirectora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), en la conferencia de prensa.
Por su parte, Manuel Rebolledo, presidente del Grupo Ecológico Manglar, mencionó la falta de adecuación del proyecto con diversos estándares internacionales en materia de derechos humanos como el Convenio 169 de la OIT en virtud de la falta de realización de una consulta libre, previa e informada.
Raúl Nacía Coutiño, funcionario de la Comisión Federal de Electricidad informó que la construcción de Las Cruces iniciará en enero de 2016. De construirse la hidroeléctrica, el poblado de San Blasito y algunas tierras comunales cultivables quedarán bajo el agua. En consecuencia, sus pobladores se verán obligados a desplazarse. Al represar el río San Pedro Mezquital, se afectarán sitios sagrados que están sobre el caudal, dañando así la cultura, religión y las fuentes de subsistencia de los pobladores de la zona.