Hoy día de luto nacional marchamos en Hermosillo y en la Ciudad de México, así como miles de personas en todo el país, en memoria de las 49 niños que murieron y decenas más heridos, en la guardería subrogada por el IMSS a particulares, llamada Guardería ABC, el 5 de junio de 2009.

Marchamos año con año desde esa fecha por la Verdad y la Justicia que no han sido garantizadas por el Estado Mexicano. La Guardería ABC era un establecimiento supervisado por las autoridades federales, estatales y municipales, que nunca cumplió con las medidas de seguridad exigidas por ley sea por negligencia, corrupción o tráfico de influencias, contexto que posibilitó la tragedia.

Cuando decimos que la corrupción mata, nos referimos a la vida de 49 niñas y niños que no deberían haber muerto en un lugar que se suponía de enseñanza y cuidado. Tras 9 años el Estado continúa sin asumir la responsabilidad de impartir justicia y reparar integralmente el daño a las víctimas, así como establecer las necesarias reformas de fondo para que una tragedia así vuelva a suceder.

Los procesos de justicia para detener y procesar a las personas particulares y los funcionarios responsables solo han garantizado la dilación y la impunidad. La atención a las víctimas sobrevivientes ha tenido problemas de seguimiento, la reparación del daño a las familias ha sido parcial y excluyente y las medida de memoria brillan por su ausencia.

Por eso nuestra indignación lejos de disminuir, se acrecentá año con año, nuestra fuerza se alimenta de la memoria de nuestras hijas e hijos y no descansaremos hasta que la justicia se siente entre nosotros.

Hoy, aquí en el Zócalo demandamos al Estado mexicano que:

• La Procuraduria General de Justicia y la Procuraduría estatal consoliden los procesos contra los responsables, garanticen la cioadyuvancia y amplíen las investigaciones para garantizar acciones penales sólidas.
• Que el Instituto Mexicano del Seguro Social cumpla irrestrictamente su deber de reparación del daño y atención a la salud de las personas sobrevivientes y las familias afectadas, sin obstáculos burocráticos y de presupuesto.
• Que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas cumpla su mandato y garantice sin dilación la reparación adicional a las personas sobrevivientes y sus familias, privilegiando siempre el principio de mayor garantía o pro persona establecido en el articulo primero de nuestra Constitución.
• Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial en su conjunto garanticen la impartición de justicia de forma integral y prioritaria tomando en cuenta el contexto de impunidad de 9 años en el caso.

No descansaremos. Olvidar a nuestras hijas e hijos es imposible.

Justicia ABC-