Aquí el comunicado descagrable

El pasado 6 de septiembre la Fiscalía del Estado de Veracruz hizo público a través de los medios de comunicación el hallazgo de 32 fosas clandestinas, de las cuales, según su informe, se han exhumado 174 personas. Los distintos colectivos de familiares de personas desaparecidas no fueron previamente informados, ni tienen certeza de la manera en que se realizó esta diligencia.

La experiencia internacional en procesos de búsqueda de personas desaparecidas demuestran que “las investigaciones forenses tienen una fuerte relación con los impactos psicosociales ya que estas pueden provocar revictimizaciones en los familiares o pueden proporcionar elementos reparadores, según la forma en que se realicen”1. Los colectivos y profesionales que integramos el Espacio Psicososcial por los Derechos Humanos comunicamos a la opinión pública en general y a las autoridades del Estado de Veracruz nuestra preocupación por las implicaciones psicosociales que tienen las decisiones adoptadas por las autoridades veracruzanas para llevar a cabo este operativo de recuperación de restos humanos.

Los familiares de personas desaparecidas enfrentan una situación de duelo congelado debido a la falta de información sobre el paradero de sus seres queridos, y la necesidad de saber qué pasó. Por esta razón, una de las formas de afrontamiento que diferentes colectivos de familiares han desplegado es la participación en las acciones de búsqueda, exhumación e identificación de restos humanos, acciones que han sido reconocidas como un derecho en los marcos legales vigentes (Ley General de Desaparición Forzada y en la Ley en Materia de Desaparición de Personas para el Estado de Veracruz). Este derecho se relaciona con los estándares internacionales que garantizan el acceso a la verdad y a la justicia para las víctimas de desaparición forzada.

1 Consenso mundial de principios y normas mínimas sobre trabajo psicosocial en procesos búsqueda e investigaciones forenses para casos de desapariciones forzadas, ejecuciones arbitrarias o extrajudiciales. Disponible en: http://psicosocial.net/images/normas_minimas.pdf

Como ya lo han manifestado los colectivos de familiares, la decisión de las autoridades de actuar de manera aislada en esta exhumación enrarece las relaciones de colaboración, pero sobre todo lesiona los derechos que las autoridades están obligadas a garantizar. La manera en que se ha manejado la información en relación al proceso de exhumación e identificación de los restos genera desconfianza e incertidumbre en los familiares, los expone a rumores y a procesos de revictimización.

Lamentamos que el gobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes haya declarado que la Fiscalía no “tiene por qué avisarle a ningún colectivo antes de que se haga el hallazgo”2 y que con esto evitan que personas no autorizadas manipulen los restos y las pruebas. Esto, a pesar de que como se mencionó antes, las leyes en la materia otorga el derecho a las familias a participar de las diligencias en el marco del debido proceso y la Fiscalía está obligada a garantizar esta participación.

Lamentamos también que el Gobernador del Estado descalifique a la activista y buscadora Lucy Díaz, integrante del Colectivo Solecito, a quién llamó “mentirosa”, en un acto que cierra la posibilidad de dialogo con los actores centrales de este proceso: los colectivos de familiares. Lamentamos también que insista en afirmar que las fosas tienen al menos dos años de haber sido elaboradas sin presentar pruebas suficientes para confirmar su aseveración. El Fiscal debe reconocer que frente a una relación histórica de desconfianza, las familias exigen que todo discurso sea respaldado con evidencias, sobre todo cuando se trata de acceder al derecho a la verdad en torno a los hechos violentos.

Nos preocupa igualmente que se haya hecho pública una lista de nombres relacionados con identificaciones personales encontradas en el lugar del hallazgo. La notificación sobre las identificaciones debe producirse siempre en un espacio de contención, confidencialidad y con fundamento en evidencias con rigor científico, poniendo en el centro las implicaciones psicoemocionales de las familias.

Como acompañantes solidarios de los familiares de personas desaparecidas, exhortamos a las autoridades a implementar buenas prácticas en acompañamiento psicosocial en procesos de búsqueda, exhumación, identificación, notificación y restitución de personas desaparecidas. Asimismo, invitamos a las autoridades veracruzanas a que revisen los procedimientos a través de los cuales están llevando a cabo estas diligencias, tomando en cuenta los siguientes aspectos:

• Los procesos de búsqueda no se remiten a la exhumación de fosas clandestinas. Implican un antes, un durante y un después, etapas en las que debe garantizarse la participación de las familias con el fin de que no se generen exclusiones a la hora de tomar de decisiones y operarlas.

2 Animal Político (12 Sept, 2018) “Yunes niega violaciones por no incluir a familiares de desaparecidos en búsquedas; Colectivo dice que los revictimizan”.

• La exhumación de restos humanos implica una elevada carga emocional para los familiares y por lo tanto debe abordarse desde una perspectiva psicosocial, atendiendo en primer lugar a sus necesidades, siendo la principal en todo momento su participación y una comunicación constante y fluida.
• La exhumación no es únicamente un trámite técnico-jurídico, sino que refiere a un proceso de reparación individual y colectiva. Por lo tanto debe promoverse a través de canales activos de coordinación con los familiares en función de sus demandas. La exhumación en sí misma no es reparativa sino hace parte de un proceso de dignificación en el que las familias sean tenidas en cuenta.
• La comunicación sobre los hallazgos de fosas clandestinas debe hacerse siempre en respeto a la sensibilidad de las familias y procurando en todo caso evitar el espectáculo del terror. Para ello es necesaria que la comunicación sobre los hallazgos incluya los análisis de contexto que ayuden a interpretar la dinámica de la violencia y sus formas de manifestación.
• Es urgente construir canales directos y eficaces de comunicación, basados en el trato digno para cada colectivo de personas desaparecidas.Una sociedad afectada por la violencia y en particular por la desaparición forzada, tiene en las exhumaciones una oportunidad de construcción de nuevas bases sobre las que construir una sociedad más justa. Para que esto sea posible, las exhumaciones tienen que poner en el centro a las familias, favoreciendo el proceso de reparación y reconstrucción comunitaria. En este sentido deben llevarse a cabo a través de procesos de coordinación que causen el menor daño posible a los familiares y a las comunidades y que respeten el derecho a su participación efectiva.Firman
  Integrantes del Espacio Psicosocial por los Derechos Humanos

• Alejandra González Marín (Consultora independiente)
• Alberto Rodríguez Cervantes (Psicólogo y terapeuta familiar, miembro del equipo deacompañamiento psicosocial al colectivo Chihuahua en busca de sus personasdesaparecidas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, CEDHEM)
• Andrea Cárdenas Domínguez (Psicóloga social, miembro del equipo de acompañamiento psicosocial al Colectivo Chihuahua en busca de sus personas desaparecidas del Centro deDerechos Humanos de las Mujeres, CEDHEM)
• Andrea Kenya Sánchez Zepeda (Profesora asociada C ENTS UNAM)
• Carolina Robledo Silvestre (Catedrática Conacyt- CIESAS Ciudad de México)
• Edith Escareño Granados (Defensora de DDHH, Consultora independiente)
• Eduardo Calderón Domínguez (Acompañante psicosocial independiente)
• Fernanda Peñaloza (Equipo Red Retoño)
• Indalecio Pedrizco (Acompañante psicosocial de la Asociación Mexicana de Psicología yDesarrollo Comunitario)
• Janet Carmona, Acompañante psicosocial, Serapaz.

• Laura Melchor (Defensora de DDHH y psicóloga)
• May-ek Querales Mendoza (Investigadora del Grupo de Investigaciones en AntropologíaSocial y Forense, GIASF)
• Norma García Flores (Trabajo y Acompañamiento Psicosocial en la Comisión Mexicana deDefensa y Promoción de los Derechos Humanos A. C.)
• Olivia Cortez Corona (Psicóloga del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad A. C.)
• Paola Alejandra Ramírez González (Psicóloga, Doctorante en Antropología, CIESAS-Ciudad de México, estudiante asociada al GIASF)
• Rossina Uranga Barri (Psicóloga y terapeuta comunitaria, miembro del equipo deacompañamiento psicosocial al colectivo Chihuahua en busca de sus personasdesaparecidas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, CEDHEM)
• Valeria Moscoso Urzúa (Coordinadora del Área de Trabajo y Acompañamiento Psicosocial,Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A. C.)
• Volga de Pina Ravest (Defensora de Derechos Humanos)
• Ximena Antillón Najlis (Psicóloga, Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.)Organizaciones:

• Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario
• Centro de Derechos Humanos para las Mujeres (CEDEHM)
• Equipo de Acompañamiento Psicosocial de la Red Unidos por los Derechos Humanos A.C.(Veracruz)
• Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C
• Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF)
• Servicios y Asesorías para la Paz AC. Serapaz.