P O S IC I O N A M I E N T O
Nuestro país atraviesa por una grave crisis de derechos humanos, corrupción e impunidad. Mientras en México muere una persona por homicidio doloso cada 19 minutos y la impunidad es de casi el 98%, la clase política se empeña en alejarnos del orden constitucional. Quieren tomar para sí mismos el país y quebrar sus instituciones. Dos de las preocupaciones más importantes de la sociedad mexicana, han sido atendidas únicamente por intereses políticos. Los intentos de la ciudadanía de proponer, construir y dialogar, se han topado con pared una y otra vez.
El intento por avanzar en la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, por encima de las advertencias y propuestas que han hecho sociedad civil organizada, la academia y organismos nacionales e internacionales, es un homenaje a una estrategia que ha dejado miles de muertos y familias destruidas. Once años de guerra son demasiados.
De la mano de la imposición de una regulación que perpetúa el horror en materia de seguridad, nos encontramos con que esta legislatura apuesta por la impunidad al claudicar realizar una reforma integral al artículo 102 constitucional. Justo cuando la sociedad civil se encuentra más organizada y dispuesta que nunca para trabajar junto con sus legisladores y legisladoras para construir una Fiscalía General autónoma, eficaz e independiente del poder político, la respuesta de la clase política es el desdén mismo a su responsabilidad de Estado. Tuvieron en sus manos la propuesta del Dictamen Ciudadano para una reforma integral de la Fiscalía y la ignoraron.
La inminente aprobación de una reforma deficiente al artículo 102 para eliminar el pase automático del procurador a la Fiscalía General, es evidencia del privilegio de la coyuntura política por encima del creciente rechazo a la impunidad y el clamor por contar con instituciones que realmente procuren justicia y combatan la corrupción. La eliminación del pase automático por sí misma no dará a la Fiscalía la autonomía y fortaleza que necesita para romper con las deficiencias y fallas institucionales de la actual PGR. La Minuta de la Ley de Seguridad Interior, por su parte, enviada por la Cámara de Diputados a este Senado, premia y valida la incompetencia de las instituciones civiles. Además, consolida la estrategia de seguridad lejana a las personas, a quienes se termina vulnerando en su vida y sus libertades.
En los últimos días hemos visto lo mejor de nuestra sociedad:
Más de un cuarto de millón de personas han firmado en la plataforma Change.org pidiéndole a sus 128 Senadoras y Senadores que detengan una ley que desincentiva el fortalecimiento de las instituciones civiles a las que constitucionalmente les corresponde garantizar la seguridad ciudadana.
Casi 25 mil personas que han enviado 2,995,200 correos electrónicos a los miembros de esta cámara, pidiendo responsabilidad para no legalizar un modelo que ha dejado un saldo de 213 mil homicidios dolosos y más de 30 mil 942 personas desaparecidas.

Cientos de personas, grupos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil han construido un Dictamen Ciudadano y han enviado solicitudes al poder legislativo exigiendo y proponiendo una reforma integral para una Fiscalía que sí sirva.
Una sociedad civil organizada que exige a los tomadores de decisiones escuchar las advertencias que han hecho la CNDH, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el propio Alto Comisionado, desde Ginebra; así como las realizadas por órganos autónomos como el INAI, organizaciones empresariales como la COPARMEX, a juzgadores y legisladores de otros países, y a académicos de reconocidas instituciones como la UNAM y el CIDE, entre muchas otras voces más. Una sociedad que exige otro modelo de seguridad, uno que diga no a la impunidad, uno no militarizado, que ponga a las personas al centro.
También hemos visto lo peor de nuestra clase política:
A legisladores que descalifican a las voces que se oponen al proyecto de Ley de Seguridad Interior, voces que supuestamente ellos representan en el congreso, incluso faltando a la verdad en el debate público.
A un poder legislativo renuente a construir bajo el esquema de Parlamento Abierto la creación de una fiscalía que ponga fin a tantos años de impunidad.
Hemos visto a este Senado, que fue exhortado por el Presidente de la República a ampliar los espacios de diálogo, reducir este importante ejercicio democrático a una mera simulación. Invitaron a un puñado de representantes de organizaciones de la sociedad civil a audiencias, pero siguen sin escuchar.
Lo anterior, queda evidenciado en un documento con 9 cambios cosméticos que hoy pretenden hacer a la Minuta de la Cámara de Diputados para que el proyecto de Ley quede aprobado esta misma semana. Palabras y comas que no alejan a la Ley de Seguridad Interior de la inconstitucionalidad, ni le dan a las Fuerzas Armadas el marco jurídico que necesitan, sino que mantienen el espíritu de convertirlas en el ejército discrecional del Presidente, en pleno proceso electoral. Igual de cosmético se mira la eliminación del pase automático del Procurador a Fiscal, sin tocar el resto del artículo 102 constitucional, manteniendo un esquema de designación y perfil que permite la llegada de otro #FiscalCarnal y sin cambiar aspectos necesarios para crear otro modelo institucional de procuración de justicia.
Hoy les decimos con claridad y contundencia que NO HUBO DIÁLOGO. ¿Cómo podría darse una reflexión nacional necesaria para construir un verdadero modelo de seguridad ciudadana en menos de una semana? ¿Qué clase de democracia admitiría la toma de decisiones sobre la vida, seguridad y libertad de las personas en menos de las 60 horas que le quedan a este periodo legislativo? Tampoco se generó el esquema de Parlamento Abierto que exigimos para discutir la Fiscalía Autónoma.
REAFIRMAMOS como propio, el pertinente llamado del Presidente de la República a un diálogo, pero advertimos que el mismo solo será real y eficaz si involucra a todos los actores políticos y sociales que deben ser escuchados para la construcción de justicia y paz, en el que podamos escucharnos y debatir como pares, para diseñar una agenda legislativa integral que permita avanzar a un modelo de seguridad no militarizado, compatible con la Constitución y que lleve a la formación de instituciones civiles capaces de asumir sus responsabilidades en materia de seguridad y justicia. La propuesta de regulación de las Fuerzas Armadas, debe ser compatible con nuestro régimen constitucional y democrático, debe otorgar seguridad jurídica a los cuerpos castrenses e incluir un plan regulado de retiro gradual.

Esta noche, a las 19:00 horas, nos encontraremos en el Ángel de la Independencia para llevar a cabo lo que hemos denominado “velada por la paz”, contra el pacto de impunidad, a la cual invitamos a toda la ciudadanía. De ahí, marcharemos a este recinto legislativo. Esperamos que a nuestra llegada, la realidad sea muy distinta a la de este momento. Que al interior de sus grupos parlamentarios hayan decidido reducir la brecha con la sociedad y existan propuestas reales para construir una Fiscalía General verdaderamente autónoma, eficaz e independiente. Que reconozcan al diálogo como un valor democrático, aceptando que el DIÁLOGO NACIONAL SOBRE JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA debe realizarse en condiciones distintas a las actuales, a partir de enero de 2018.
El sentido de sus votos y sus acciones frente a una agenda legislativa que hoy nos aleja de soluciones reales a nuestra crisis, nos dirán con claridad si están por perpetuar la impunidad o si se pondrán de lado de quienes dicen representar.
Atentamente
#SeguridadSinGuerra #FiscalíaQueSirva