Comunicado Comisión de Mediación, 23 de febrero 2011.

COMISIÓN DE MEDIACIÓN

México, D.F. a 23 de febrero del 2011.

Nos hacen falta Carlos Montemayor y Don Samuel Ruiz García. Sin embargo, su ausencia no debilita el sentido y esfuerzo que realiza esta Comisión de Mediación para la presentación con vida de dos militantes de un grupo armado. Nuestro mejor homenaje es continuar la obra común.

Pudiera pensarse también que son tiempo y esfuerzos perdidos los que se hacen para tratar de resolver el asunto de la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Y es que han transcurrido más de tres años y nueves meses de que fueron detenidos sin orden de autoridad en la ciudad de Oaxaca, presuntivamente por autoridades de los órdenes municipal, estatal y federal, y hasta la fecha no hay indicios sólidos de que estemos cerca de la solución. Por la naturaleza del tema, la demanda sigue siendo que se les presente con vida, pues estaban vivos al momento de la detención desaparición.

No obstante que el delito de desaparición forzada es uno de los tipos penales considerados más graves, pues lesiona a la humanidad entera debido entre otras cosas a las ventajas con que actúa el perpetrador, en nuestro país no ha sido tomado en serio por los representantes del Estado. Si bien han suscrito compromisos internacionales e incluso han modificado códigos penales para considerarlo en la legislación nacional, en los hechos no se ha juzgado a un solo responsable de estos hechos.

En el caso que ocupa, de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, está demostrado que existe la desaparición, pues fueron privados de la libertad por agentes oficiales; se les llevó a un sitio desconocido y se les mantiene fuera de toda posibilidad de ejercer los derechos de defensa que todo ser humano posee. Luego de detenerlos, las autoridades han negado la autoría del delito, con lo cual se cumplen los elementos del tipo penal de desaparición forzada.

Lamentablemente, hasta el momento la Procuraduría General de la República tiene abierta una averiguación previa por privación ilegal de la libertad en su modalidad de plagio o secuestro y por ese camino obviamente no llegará a la solución correcta.

En contrapartida, tres instancias del Estado mexicano han aceptado la existencia de la desaparición forzada: dos jueces federales que, al resolver sobre la suspensión en amparo ordenaron la presentación de las víctimas, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que emitió la Recomendación 7/2009, en la que sugiere la presentación de Edmundo Reyes y Gabriel Cruz. Obviamente, esto será suficiente para que en las instancias internacionales se considere que debe actuarse en busca de la Verdad, la Justicia y la Reparación, lo mismo que de la conformación y preservación de la memoria Histórica, precisamente porque estamos ante un crimen de lesa humanidad.

Aun cuando hay declaraciones oficiales de interés en el asunto, en la práctica faltan acciones precisas para esclarecer qué acontece (o sea, quiénes detuvieron a los desaparecidos forzados, dónde los tienen, qué han hecho de ellos en este tiempo y por qué no cumplieron su deber de ponerlos a disposición de las autoridades competentes, si es que les imputan algún ilícito); enjuiciar a los culpables (tanto materiales como intelectuales, pues es común que estos últimos queden impunes); y se reparen los daños causados a las víctimas y sus familias (si ellos lo piden), lo mismo que a la sociedad entera.

No hay lugar al desaliento. Ni el tiempo transcurrido ni la ausencia de resultados orientados a la solución del problema son motivo suficiente para el desánimo. Cualquier obstáculo es inferior al fin: contribuir a evitar que se siga presentando entre nosotros el nefando crimen de la desaparición forzada de personas. Tan aberrante conducta debe ser erradicada para siempre de nuestra convivencia social. Y eso sólo se logrará con la participación de los familiares de las víctimas y con el apoyo de los grupos sociales, de los académicos y de los luchadores por los derechos humanos.
La COMED, fortalecida por la congruencia y ejemplo de Carlos Montemayor y de Don Samuel, ratifica la encomienda y se propone en esta etapa:

1.- Entregar al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas “sobre Desaparición Forzada de Persona”, que visitará nuestro país en el mes de marzo, un informe pormenorizado de la situación de los dos desaparecidos que reclama el Ejército Popular Revolucionario.
2.- Fortalecer la comunicación con los familiares de Reyes Amaya y Cruz Sánchez, para apoyar sus acciones encaminadas a buscar a sus seres queridos.
3.- Organizar foros, conferencias y coloquios para dar visibilidad al tema e informar a la opinión pública de la situación.
4.- Preparar publicaciones sobre el caso. Y
5.- Seguir comunicándose informalmente con representantes del Estado, intentando abrir caminos que convenzan al poder público de que debe respetar los derechos humanos y reconocer y asumir la existencia de la desaparición forzada en México.

Atentamente

La COMED:
Miguel Álvarez Gándara, Jorge Fernández Souza, Dolores González Saravia,
José Enrique González Ruiz, Miguel Ángel Granados Chapa,
Juan de Dios Hernández Monge, Rosario Ibarra de Piedra,
Gonzalo Ituarte Verduzco, Gilberto López y Rivas,
+Carlos Montemayor, Pablo Romo Cedano, +Samuel Ruiz García

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